Las Palmas de Gran Canaria, 21 de diciembre de 2009.
El Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por acuerdo de su Consejo de Departamento celebrado el día 21 de
diciembre de 2009, quiere manifestar y hacer público, a través del presente
comunicado, su categórico rechazo a la Proposición de Ley denominada
“Catálogo Canario de Especies Protegidas”, sometida a debate en el
Parlamento de Canarias a iniciativa del grupo parlamentario de Coalición
Canaria.
La aprobación de dicho documento supondría, de hecho, descatalogar como amenazadas gran cantidad de especies y subespecies actualmente
protegidas, entre las que se encuentran algunas tan significativas como los
sebadales de Cymodocea nodosa de La Graciosa o de Guasimeta, en
Lanzarote, Playa del Inglés, en Gran Canaria, o el Sur y San Andrés, en
Tenerife, protegidos por la red Natura 2000, de rango europeo, y que
constituyen ecosistemas de alto valor ecológico.
Dicha proposición de ley introduce categorías de protección nuevas poco
compatibles con la legislación actual, especialmente con varias de las
directivas europeas de obligado cumplimiento (Directiva 79/409/CEE Directiva Aves y Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitat), y que
previsiblemente tendrán un efecto negativo sobre la conservación real de
dichas especies. Al mismo tiempo, abre la vía a futuros conflictos jurídicos
entre la Comunidad Autónoma, el Gobierno de España y las autoridades
comunitarias, de efectos claramente perjudiciales para el propósito
supuestamente buscado.
Además, gran parte de la comunidad científica canaria rechaza tanto el
fondo como la forma de esta propuesta. Los proponentes de la nueva ley han
mantenido al margen a los departamentos universitarios –incluido el nuestro- y
a los investigadores de otros centros científicos. El informe del Consejo
Consultivo sobre dicha propuesta ha sido claro: "no es la fórmula que mejor
permite el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública, en una materia tan sensible y proclive a garantizar la
efectividad de tales derechos como son los medioambientales." Esta afirmación
ratifica la postura defendida tanto por la comunidad científica como por las sociaciones de carácter ecologista y conservacionista, que continúan
reclamando ante la Cámara regional su derecho a participar activamente en su elaboración.
En consecuencia, solicitamos respetuosamente al Parlamento de Canarias la retirada de esta proposición de Ley y, en el futuro, un cambio en la
fórmula de participación ciudadana que facilite la contribución directa y activa
de los expertos y del conjunto de la Sociedad para que un proyecto sustancial
para la conservación de nuestra biodiversidad y patrimonio natural se apruebe,
además de con los mejores fundamentos científicos, con el mayor consenso social posible y una total seguridad jurídica.
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