Vía: www.laprovincia.es
FRANCISCO POMARES
El Parlamento de Canarias recibió el miércoles pasado un escrito del departamento de Geografía de la ULPGC, cuestionando la intención del Gobierno de Canarias de modificar el actual Catálogo de Especies Protegidas en las islas, intención que se ha materializado en una apresurada proposición de Ley de Coalición Canaria. El rechazo del proyecto por parte de la Universidad viene a sumarse a la postura ya conocida de científicos y grupos ecologistas, pero -sobre todo- al muy crítico dictamen del Consejo Consultivo sobre este proyecto, en el que se advierte que la proposición de los nacionalistas ofrece "sombras en las excepcionalidades por razón de interés público y prioritario", además de dejar "la puerta abierta a cambios por decretos del Gobierno", pecar en su articulado "de falta de concordancia con el Catálogo de Especies del Estado", no establecer ninguna previsión "respecto a la regulación del régimen sancionador de referencia" y materializarse por medio de un formato -la proposición de ley- que reduce "el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública en una materia tan sensible como el medio ambiente".
A pesar de la contundencia de sus reservas, el dictamen del Consejo Consultivo no es vinculante, su objetivo es asesorar a los diputados en la introducción de mejoras es la Ley durante su trámite parlamentario. Pero es difícil que los grupos que apoyan al Gobierno vayan a virar su actual posición. El nuevo catálogo no se elabora atendiendo a necesidades de carácter medioambiental, científico o buscando -como ocurre en la mayoría de los casos- una mayor protección de las especies en peligro. Se elabora precisamente para reducir la protección de esas especies y -más concretamente- la de las que estorban a la construcción del Puerto de Granadilla. El consejero Domingo Berriel, ha admitido de forma pública que los cambios que pretende la nueva Ley persiguen facilitar la construcción de obras como el Puerto de Granadilla, paralizado el pasado mes de marzo, porque el TSJC decidió mantener la suspensión de una orden del Gobierno que había excluido los sebadales del Catálogo de 2001, que es el actualmente en vigor.
La puesta en peligro de los sebadales, esas "cuatro algas rasposas" y la pérdida o reducción de protección a tres centenares de especies locales, aparte el inevitable conflicto jurisdiccional con el catálogo nacional o las disposiciones europeas, no preocupa al Gobierno. De hecho, lo que se pretende hacer con el catálogo de especies protegidas es una manifestación más de la forma de proceder de una administración y una mayoría parlamentaria que se ha acostumbrado a cambiar las leyes para adaptarlas a las circunstancias o a los intereses de los grupos que representa.
Hace sólo dos días, por la vía de urgencia y en un pleno extraordinario, el Parlamento aprobó varias enmiendas introducidas irregularmente en el trámite legislativo de la modificación de la Ley de Turismo, cuyo objetivo es resolver varias situaciones de flagrante ilegalidad, modificando las leyes para poder 'regularizar' la trapisonda. Una es la situación de tres centenares de farmacias, sobre la que pesa sentencia judicial. Otra, la de casi 5000 camas ilegales de La Palma -y un número mucho menor de ellas en El Hierro y La Gomera- que Paulino Rivero y José Luis Perestelo se comprometieron a resolver en las últimas elecciones.
Sin duda, los empresarios con camas ilegales o los constructores de grandes infraestructuras, tienen un Gobierno que vela por hacer legales sus intereses. Es responsabilidad del Estado proteger la riqueza ecológica en su diversidad, por lo que -legalmente- ninguna región puede rebajar la protección recogida en el catálogo estatal. Cualquier cambio debe pasar necesariamente por la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
El Gobierno de Canarias sabe que el Estado recurrirá ante los tribunales, y que tendrá que dar marcha atrás, como tantas veces. Pero al Gobierno los tribunales no le preocupan: antes de que haya un fallo, se acabarán las obras, las indemnizaciones -si hay- las pagara otra administración, y lo único que va a ocurrir es que se van a perder "cuatro acelgas marinas". Nadie va a dejar de dormir por eso.
