Ante la proposición de Ley aceptada a trámite por el Parlamento, y que tiene como objetivo aprobar un nuevo catálogo de especies amenazadas, destacados científicos y organizaciones conservacionistas manifiestan su absoluto rechazo a la misma, y elaboran varios informes que valoran la posible incompatibilidad de dicha proposición de Ley con el ordenamiento jurídico vigente
SEO/BirdLife
El objetivo de esta proposición de Ley, presentada por el grupo parlamentario de Coalición Canaria, es adaptar la legislación canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal (Ley 42/2007) y de la normativa comunitaria. Sin embargo, los científicos consideran que este objetivo no se ha cumplido ya que se vulneran varios de los articulados contenidos en la Ley nacional y europea para protección de la flora y fauna, así como sobre el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Ley 27/2006).
Ejemplo de ello es que dado el carácter de legislación básica que tiene el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, no se pueden rebajar categorías actuales de los taxones incluidos en este catálogo estatal. Sin embargo, y como se refleja en uno de los informes elaborado por SEO/BirdLife, cien taxones presentan una categoría de protección inferior a la del Catálogo Nacional, hecho éste contrario a derecho.
Por otra parte, más de 200 taxones de especies protegidas en el actual catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, aprobado en 2001, son eliminados, y a más de 130 se les rebaja su grado de protección sin ningún informe que lo justifique, y peor aún, sin haber tenido en cuenta la opinión de la comunidad científica canaria. Así, especies como el gorrión chillón o la orquídea de Tenerife, que han sufrido una reducción importante en los últimos años, han sido desclasificadas.
La comunidad científica considera importante abordar la revisión del catálogo canario, pero acorde con la importancia y amenaza real de su biodiversidad, y teniendo en cuenta para ello la participación ciudadana, y por supuesto el asesoramiento y consenso de la comunidad científica en la aprobación de dicho catálogo.
Los informes elaborados por científicos y organizaciones conservacionistas se han hecho llegar al Presidente del Gobierno y a los grupos parlamentarios con el objetivo de que sean tenidos en cuenta a la hora de debatir dicha proposición de Ley.
• Documento Fundamentos jurídicos contra la propuesta de Ley
• Documento Valoración de SEO/BirdLife de la propuesta de Ley
