La comunidad científica y los ecologistas denuncian intereses urbanísticos
Vía: elpais.com
SOFÍA MENÉNDEZ - Fuerteventura
Una proposición de Ley apoyada por los partidos que conforman el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular) que pretende descatalogar o desproteger el 50% de las especies y subespecies de fauna y flora de Canarias ha desatado la polémica en las islas. Los ecologistas y la comunidad científica ven tras el nuevo Catálogo de Especies Protegidas intereses urbanísticos y de infraestructuras.
El registro elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94 de una forma que los expertos califican de "irracional y perversa", puesto que sólo velará por la planta o el animal que esté dentro de un espacio protegido, pero si pisa, crece, nada o vuela fuera de estos lugares, estará desamparado. Los atentados contra las especies descatalogadas no serían considerados delitos ecológicos, sino infracciones administrativas.
"Se trata de un delito, un atentado a la biodiversidad y los recursos naturales", afirma Alberto Brito, Catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna (ULL). Brito considera que esta propuesta de ley no soporta un análisis riguroso desde el punto de vista científico ni jurídico. La bióloga Cristina González, responsable de SEO/BirdLife en Canarias, llama la atención sobre ese extremo. "No sólo no tiene apoyo científico, sino que vulnera la ley estatal de patrimonio". La norma establece que las especies incluidas en los catálogos regionales deben tener al menos la misma protección que tienen asignada en el catálogo estatal, nunca inferior.
Símbolo de Fuerteventura
La propuesta de ley rebaja la protección de más de cien especies (taxones). Por ejemplo, la avutarda hubara, símbolo de la naturaleza de Fuerteventura, que en el catálogo nacional figura como "en peligro de extinción", en el nuevo catálogo de Canarias aparece simplemente como "vulnerable", igual ocurre con la tarabilla canaria y otras muchas especies.
El profesor Juan José Bacallado, ex director del Museo de Ciencias Naturales, y el catedrático de zoología Pedro Oromí Masoliver afirman sin rodeos que el nuevo registro responde a intereses urbanísticos y de infraestructuras. "Coalición Canaria quiere quitarse de en medio un montón de especies protegidas que entorpecen proyectos de 'supuesto interés social', y ya sabemos con qué facilidad se declara en Canarias cualquier obra como de interés general". "Se rebaja descaradamente la categoría de especies 'molestas', como es el caso del saltamontes Acrostira euphorbiae, especie muy amenazada que vive en una zona de La Palma, donde se pretende construir un campo de golf", añaden. "Otra especie que se verá afectada son los sebadales, plantas marinas hoy protegidas, cuya preservación ha motivado que la justicia haya paralizado la construcción del puerto de Granadilla. Con el nuevo catálogo las sebas ya no serían un problema para este puerto", afirma Brito.
El catedrático Emérito de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret, manifiesta su preocupación por la forma críptica en la que se ha elaborado esta normativa y asegura que da la espalda a la comunidad científica y a la participación democrática.
Desde Coalición Canaria defienden a capa y espada esta proposición de ley. Su portavoz en el Parlamento autonómico, José Miguel González, sostiene que "la avalan diversas publicaciones del servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias en 2004 y 2006, en las que ha participado la universidad". Según González, una sentencia del Tribunal Constitucional eliminó la figura de especies sensibles a la alteración del hábitat, "por lo que hemos querido crear una nueva clasificación denominada especies de interés para los ecosistemas canarios para garantizar la protección".
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que Canarias es la única autonomía que se ha apresurado a establecer un catálogo autonómico sin esperar a que un comité científico nacional finalice el nuevo estatal. Al parecer, dicen, quieren saltarse una disposición de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, según la cual las categorías de especies sensibles a la alteración del hábitat y de interés especial se mantienen vigentes hasta que no aparezca el listado estatal. Juan Garay, director general de medio natural y política forestal del ministerio, asegura que "ninguna comunidad puede rebajar una categoría de protección recogida en el listado que contiene el catálogo estatal; la única forma viable de hacerlo es que mediante estudios científicos se entienda que una especie ya no está dentro de los baremos de protección que en su día hicieron que entrara en ese Catálogo Nacional. Estos informes deberían además pasar por la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Cualquier iniciativa autonómica que no siga estos cauces será recurrida en los tribunales por la Administración del Estado".
