Vía: www.laopinion.es
Serios reparos del Consejo Consultivo a la iniciativa de CC de cambiar el Catálogo de flora y fauna protegida
DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
La propuesta de cambiar el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias "se ajusta al ordenamiento jurídico", pero posee serios vacíos que se deben resolver en el trámite parlamentario: no contiene ninguna previsión respecto a la regulación del régimen sancionador de referencia, presenta sombras en las excepcionalidades por razón de interés público y prioritario, la fórmula seguida no es la que mejor permite el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública en una materia tan sensible como el medio ambiente, deja la puerta abierta a cambios por decretos del Gobierno y peca en su articulado de falta de concordancia con el Catálogo de Especies del Estado.
No lo dicen los colectivos contrarios; lo argumenta el Consejo Consultivo de Canarias en el dictamen elevado el pasado día 10. El sí del Parlamento de Canarias a la toma en consideración, el 22 de octubre, de la proposición de ley de Coalición Canaria para cambiar el Catálogo ha vuelto a enfrentar a partidos políticos y administraciones públicas con la fuerte corriente ecologista que ha ido proliferando en los últimos años. La historia se repite: cruce de acusaciones, movilizaciones y el puerto de Granadilla en el trasfondo.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno, Domingo Berriel, admitió que la medida tenía como objetivo facilitar la construcción de infraestructuras como el puerto de Granadilla, que quedó paralizada en marzo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó mantener la suspensión de la orden del Gobierno que excluyó precisamente del Catálogo vigente, de 2001, los sebadales afectados por las obras del muelle sureño.
Este antecedente disparaba la desconfianza que ya hacía tiempo había anidado en un amplio abanico de partidos alternativos (Alternativa Sí se Puede, Izquierda Unida) y organizaciones verdes: WWF, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife, ATAN, Amigos de la Tierra , un destacado número de científicos de la Universidad de La Laguna, Asamblea por Tenerife... Todos coinciden en criticar que la proposición se presentó a espaldas de los expertos, a través de una figura opaca para el valor de la norma y con la única intención de facilitar la realización de nuevas infraestructuras –detrás de las cuales están los grupos empresariales más poderosos de las Islas– y eliminar las restricciones legales de la protección de las especies vulnerables.
CC, en boca de su portavoz parlamentario, José Miguel González, defiende que "no hemos quitado ninguna especie y no se ha realizado ninguna descatalogación", rechazando las denuncias que apuntan a que el nuevo registro elimina 226 especies protegidas y rebaja la cobertura a 131. González ve manipulaciones en las razones de los en contra y cree que el dictamen del Consejo Consultivo es "positivo". "Ofrece pistas interesantes para reordenar el texto", reconoció.
La lectura del dictamen, al que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, no parece corregir matices, sino que ahonda en materias decisivas que ya habían denunciado los conservacionistas y que justifican de alguna manera sus temores. Éstas son las principales objeciones:
Fórmula inadecuada. "La fórmula [parlamentaria] seguida, la Proposición de Ley, no es la que mejor permite el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación pública en una materia tan sensible y proclive a garantizar la efectividad de tales derechos como es el medio ambiente".
Respetar la Red Natura 2000. "La norma contempla la posibilidad de actuaciones promovidas por razón de interés público y prioritario que afecten a estas especies, pudiéndose actuar siempre que no afecten sensiblemente al ecosistema, sin perjuicio de las medidas compensatorias que, en su caso, se puedan arbitrar según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007 LPNB. En el apartado 5 del artículo 45, citado, se prevé la posibilidad de actuar en zonas de la Red Natura 2000, si a pesar de que existan conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y falten soluciones alternativas. No obstante, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica. Las administraciones públicas competentes deberán tomar cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida".
Cuidado con la desprotección. "Procede referirnos igualmente al principio ambiental de que se debe tratar de intensificar el nivel de protección. Con ello, ciertamente, no se impide rebajar el nivel de protección de una especie, ni tampoco que puedan incluso prevalecer otros valores distintos de los ambientales, como así reconoce también la normativa estatal básica. En Canarias es obligado, asimismo, ponderar debidamente la relevancia de estos últimos, por la marcada excepcionalidad que pueden llegar a poseer muchos de ellos".
El Catálogo nacional. "Entre el Catálogo Español de Especies Amenazadas y las especies incluidas en los Anexos I, II y III del Proyecto de Ley debe existir adecuada concordancia, de forma que no se produzcan alteraciones que supongan una disminución de la protección. El Catálogo Español es referente, en la Proposición de Ley, para determinar las especies en peligro de extinción y vulnerables, y, asimismo, no debe ser reducida la protección en las categorías de las sensibles a la alteración de su hábitat y las de interés especial".
Documento del Consejo Consultivo.
