El PSC aclara que el Gobierno central ve irregularidades en las rebajas de protección propuestas por CC
Vía: www.laopinion.es
DANIEL MILLET - Santa Cruz de Tenerife
Los polémicos cambios en el Catálogo de Especies Protegidas que tramita el Parlamento de Canarias, a propuesta de CC, "vulneran las legislaciones estatal y europea", y van a toparse "con toda probabilidad" con la oposición del Ejecutivo central. Así lo advirtieron ayer los diputados regionales del PSC Francisco Manuel Fajardo y Santiago Pérez. El primero denunció en el pleno del Parlamento que la proposición no de ley se ha planteado sin la opinión de la comunidad científica del Archipiélago, a lo que el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, respondió que su gabinete "no ha recibido ningún estudio de la comunidad científica".
Las advertencias de que Madrid se opondría a estos cambios, tras los que el PSC ve una clara treta para eliminar obstáculos que frenan el desarrollismo urbanístico que ha caracterizado las políticas de CC y PP, las confirmó Juan Garay, director general de medio natural y política forestal del ministerio de Medio Ambiente, en declaraciones al diario El País: "Ninguna comunidad puede rebajar una categoría de protección recogida en el catálogo estatal", que precisamente se revisa ahora. Garay recordó que los informes que avalen los cambios "deben pasar por la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y Biodiversidad". "Cualquier iniciativa autonómica que no siga estos cauces será recurrida en los tribunales por la Administración del Estado".
El nuevo catálogo desprotegería de diferentes maneras a 341 especies que en el actual decreto de 2001 gozan de un tipo de protección "mucho más acorde con su situación real de amenaza", denuncian los ecologistas de WWF, Ben Magec-Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife, ATAN y Amigos de la Tierra. Asimismo, la comunidad científica de la Universidad de La Laguna considera la propuesta "una seria amenaza para la biodiversidad de Canarias".
Berriel, que ha admitido que la proposición no de ley tiene como uno de los objetivos permitir la construcción del puerto de Granadilla –con la consiguiente descatalogación de los sebadales del Sur de Tenerife–, dijo sobre las ilegalidades que "habrá que esperar el dictamen del Consejo Consultivo para poder hacer valoraciones".
