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La intención del ejecutivo rebaja la protección a especies autóctonas de gran valor.
Nueva Canarias (NC) rechaza la propuesta del Gobierno autonómico sobre la modificación de protección de especies autóctonas al considerarla un “despropósito” porque “de hecho esta protección se rebaja a 325 especies de gran valor y en peligro de extinción”.
La organización nacionalista señala que “la proposición de Ley presentada por el gobierno de CC y PP es impropia de un partido que se autodenomina nacionalista, como es el caso de CC, que defienda una ley que rebaja la protección a especies autóctonas, emblemáticas y en serio riesgo de desaparición como la abubilla, el guincho, el drago, el gorrión chillón, el pinzón azul, la tortuga boba o el tajinaste azul”.
NC señala que a pesar de que esta propuesta intenta adaptar la normativa canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal y de la normativa comunitaria, “lo que realmente está haciendo el Gobierno de Canarias es desproteger especies para poder dar paso a la construcción de infraestructuras como el Puerto de Granadilla, como ha ocurrido con la desprotección de los sebadales”.
“Se ha hecho caso omiso a la comunidad científica”, apuntan desde las filas nacionalistas en relación a las opiniones de catedráticos de la Universidad de La Laguna como, Wolfredo Wildpret y Alberto Brito, que han advertido claramente que esta proposición de Ley se presenta sin rigor científico y sin las mínimas garantías ambientales.
De hecho, NC apunta que los científicos consideran que “no se cumple con el objetivo de adaptar la normativa canaria a la estatal y comunitaria puesto que se vulneran varios de los articulados contenidos en la Ley española, y en la europea para protección de la flora y fauna, así como sobre el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.
Asimismo la formación nacionalista subraya que esta propuesta “carece” de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Gobierno de Canarias, de las universidades canarias y “de cualquier otro organismo científico con capacidad para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas autóctonos”.
“Una falta de rigor científico que se puso en evidencia con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspendieron las obras del Puerto de Granadilla tras la descatalogación de los sebadales y que puede acarrear nuevas consecuencias legales importantes”, apunta
