Vía: eldigitaldecanarias.net
Melchor Nuñez
Respeto mucho la protesta realizada hace unos días por las personas que formaron una cadena humana en torno al edificio del parlamento autónomo para pedir la retirada del nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas. Nunca está de más una llamada de atención a la administración en materia de protección del medio ambiente. Pero matizaría algunos planteamientos que acompañaron a su convocatoria.
Vista la reducción de especies protegidas o la disminución del grado de protección que se propone, el Catálogo de 2001 estaba mal elaborado, o lo está el actualmente en proceso de elaboración. Una de dos. Como la elaboración de ambos ha sido responsabilidad de un área del gobierno gestionada por la misma fuerza política, Coalición Canaria, lo primero que corresponde hacer es una autocrítica y una explicación suficiente sobre este cambio.
El Catálogo del año 2001 estaba bienintencionado, pero pecaba por exceso. Formaba parte de una cultura en boga, incrementada por el discurso catastrofista del cambio climático antropogénico, según la cual los seres humanos podemos decidir, y estamos de hecho decidiendo, qué puede y que no puede existir en la naturaleza, a la manera de nuevos e inapelables dioses. Lo que queda dentro del Catálogo se salva, como si de un nuevo Arca de Noé se tratase. Lo que queda fuera, desaparece. La amplitud del Catálogo era una forma de demostrar las bondades de la política medioambiental en curso.
A las administraciones les gusta creer que pueden gestionarlo todo, incluido el funcionamiento global de los ecosistemas. Pero en realidad el Catálogo es más una formalidad que otra cosa: todas las especies silvestres, salvo las invasivas introducidas que se han asilvestrado y que deben ser controladas o eliminadas, deben ser protegidas, estén o no en un Catálogo, y estén o no en un espacio natural. Salvo también las de uso cinegético, forestal o para otros usos, que pueden aprovecharse en los términos limitados que las leyes correspondientes establezcan. Naturalmente, las especies en situación de verdadero riesgo deben ser tratadas de forma específica con planes de recuperación, pero eso no requiere de mucha catalogación: se sabe bien cuales son y qué circunstancias e influencias negativas las amenazan.
Una cosa inadmisible sería excluir de protección a una especie amenazada para promover una infraestructura u obra civil concreta. A nuestro juicio, este no es el caso del los sebadales y el puerto de Granadilla. Ese puerto se puede cuestionar por razones de viabilidad económica o afección paisajística, pero no porque ponga en peligro la supervivencia de los sebadales en la isla de Tenerife.
Conviene no incurrir en el catastrofismo. ¿Cuántas especies se han extinguido en Canarias por efecto directo de la actividad humana desde el siglo XV? Algunas han sido desplazadas de su hábitat en una isla, pero permanecen en otras, como las palomas de la laurisilva, desplazadas de Gran Canaria con las talas del monteverde de los siglos XVI y XVII, o el guirre, desplazado de diversas islas por la falta de carroña y el uso de venenos, en recuperación en Fuerteventura. Luego, no se han extinguido.
Por el contrario, todos los años se enriquece el inventario de la biodiversidad canaria con nuevas determinaciones de especies de animales y vegetales, incluso una nueva especie de dragos hace unos años, o la reaparición de otras que se daban por extinguidas, como el lagarto de Teno o de la Gomera. Luego, el saldo no es tan desfavorable como se pretende, a pesar de la elevada demografía y alto grado de urbanización de las islas.
Habría que evitar que este asunto derivara en el debate mediático habitual por estos lares: mucho ruido y poca claridad. Naturalmente, los científicos pueden y deben intervenir en la política como ciudadanos, pero una y otra condición debe ser perfectamente diferenciada para evitar la confusión. Lo adecuado sería que los departamentos universitarios interesados remitieran informes razonados a los promotores del nuevo Catálogo con sus observaciones y sugerencias. Las ruedas de prensa no parece que sean el ámbito apropiado para la difusión de puntos de vista científicos, sino para la política. A su vez, convendría que el gobierno explicara sus intenciones con objetividad y rigor, porque, de hecho, con esta propuesta de nuevo Catálogo esta contradiciendo sus propios actos de hace sólo ocho años. Pero puede que una y otra cosa sea mucho pretender. La oposición ni está ni se le espera, también como casi siempre: no están los parlamentarios para ponerse a estudiar biología a estas alturas.
