Vía: www.eldia.es
El Ejecutivo regional ha encontrado en el medio ambiente su talón de Aquiles: la moratoria turística y su derivación en Ley de Medidas Urgentes, la Ley de Costas canaria, la nueva Ley del Turismo y el polémico catálogo de especies protegidas han convertido al Gobierno en blanco de críticas y asiduo de los tribunales.
O. GONZÁLEZ, Tenerife
"Canarias, paraíso del medio ambiente" podría ser uno de los recurrentes eslóganes para publicitar el incomparable marco territorial de las Islas Canarias. El medio ambiente es, sin duda, uno de los principales atractivos, si no el que más, que ofrece el Archipiélago canario a residentes y visitantes. Buen tiempo, hermosos paisajes y lugares únicos conforman un cóctel exclusivo que, sin embargo, no siempre genera las mismas reacciones. Para muestra, varios botones.
El medio ambiente se ha convertido en los últimos años en el talón de Aquiles de los sucesivos Gobiernos de Canarias, que no siempre han sabido y podido armonizar los intereses gubernamentales con los de la propia naturaleza. Diversos conflictos, todos ellos relacionados con el medio natural, han minado en la última década la labor de los distintos ejecutivos, en algunos casos, incluso, con sentencias firmes de los tribunales.
La moratoria turística y su derivación en la Ley de Medidas Urgentes, la conocida como Ley de Costas canaria, la nueva Ley del Turismo y el nuevo y a la vez polémico catálogo de especies protegidas han sido cuatros de los aspectos que han convertido al actual Gobierno que preside Paulino Rivero en blanco de las críticas y en visitante habitual de los tribunales de justicia.
Moratoria y su derivación.- Del intento del Gobierno en el año 2003, en aquel entonces bajo el mandato de Román Rodríguez, por proteger el incesante crecimiento turístico surgieron las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, que han derivado en millonarias sentencias por las reclamaciones de empresarios, que no pudieron hacer efectivos sus derechos edificatorios debido a las restricciones de la norma.
Lo peor, sin embargo, es que esta circunstancia amenaza con repetirse en este mandato del nacionalista Paulino Rivero. La aprobación, hace algunos meses, de la Ley de Medidas Urgentes, que debía combinar la preservación del territorio con la introducción de medidas para activar la economía, ha motivado también que determinados empresarios del sector del turismo reclamen cantidades millonarias al Ejecutivo por no poder llevar a cabo los proyectos turísticos a los que tenían derecho. Así, y aunque el Gabinete regional ha advertido a los citados propietarios con realizar expropiaciones forzosas para evitar pagos millonarios, desde la oposición han reiterado que el Gobierno no puede utilizar esta potestad como un látigo para amedrentar a los empresarios porque sería ilegal.
Y todo esto, al margen del controvertido Proyecto Monumental de Montaña Tindaya, en Fuerteventura, una idea que por diversas razones, entre ellas de índole medioambiental, ha ido retrasándose año tras año -y ya supera la década- de tal manera que hasta la familia de su creador, Eduardo Chillida, se ha planteado la posibilidad de no llevarla a cabo. Con todo, el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo, Domingo Berriel, se ha "empeñado" en revitalizar el proyecto del artista vasco de tal forma que pueda ejecutarse de una vez por todas.
Ley de Costas canaria.- Otro de los "quebraderos de cabeza" constante en la labor de los distintos ejecutivos, y, por tanto, del que preside Rivero, ha sido la gestión de las costas del Archipiélago, de momento en manos del Gobierno central. La estricta aplicación de la Ley de Costas estatal se llevó por delante poblados como el del Cho Vito, en Candelaria, lo que propició que en el Parlamento canario las fuerzas que sustentan el pacto de Gobierno, CC y PP, aprobaran una ley, pese a las advertencias del PSC de que podría ser inconstitucional, para intentar blindar los núcleos costeros afectados por la norma estatal. Sin embargo, el Ejecutivo central recurrió la ley ante el Constitucional al considerar que vulnera las competencias del Estado, y esta misma semana el Alto Tribunal decidió mantener la suspensión que pesaba sobre parte del articulado de la norma canaria, limitando su aplicación. Ahora habrá que esperar a que el TC falle definitivamente sobre este asunto, una decisión que podría demorarse varios años.
Nueva Ley del Turismo.- También en la adaptación de la Ley del Turismo a la directiva de liberación de servicios -directiva Bolkestein- han chocado los intereses del Gobierno regional con el medio ambiente. El Consejo Consultivo alertó en su informe que la disposición adicional primera de la norma que finalmente aprobó el pasado 26 de diciembre el Parlamento canario suprimía la autorización turística para la realización de actividades turísticas y la instalación de establecimientos para su desarrollo, en espacios naturales protegidos o en áreas de sensibilidad ecológica catalogadas en aplicación de la legislación de prevención de impacto ecológico, así como cuando puedan resultar afectadas especies animales o vegetales protegidas y, específicamente, las autorizaciones para la observación, con fines turísticos, de cetáceos en el mar.
Catálogo de especies protegidas.- El último de los aspectos en el que los intereses de la naturaleza y los del Ejecutivo han chocado frontalmente tiene que ver con la proposición de ley que pretende aprobar el Gobierno para dar vía libre al nuevo catálogo de especies protegidas. Mientras que desde Coalición Canaria -también desde el PP- se defiende que la nueva lista de especies respeta el catálogo estatal y que está avalado por evaluaciones y estudios técnicos y de expertos, la comunidad científica y universitaria ha mostrado su rechazo a la iniciativa de los nacionalistas y ha manifestado que la propuesta de CC no tiene afán de preservar, sino que pone en mayor riesgo a las especies. A las críticas de los expertos se ha sumado también el PSC, que ha denunciado que la propuesta de CC y PP persigue el desbloqueo de las obras del Puerto de Granadilla con la descatalogación de las sebas. Ahora sólo cabe esperar que la PPL pueda ser modificada en el periodo de enmiendas que se abrirá el próximo mes de febrero.
