Vía: www.elplural.com
PP y Coalición Canaria a contrarreloj para imponer su ley sin oír a científicos y ecologistas
Un total de 226 especies perderán el estatus de protegidas y 131 verán rebajadas su cobertura, si llega a aprobarse la proposición de ley que el Gobierno canario, formado por los populares y Coalición Canaria, intenta tramitar con carácter urgente en esa Comunidad y que tiene como fin eliminar obstáculos ecológicos que paralizan proyectos urbanísticos.
A pesar de las protestas de científicos y de grupos ecologistas, sólo 94 especies conservarán su estatus de protegidas, pero de una forma que los expertos califican de "irracional y perversa", puesto que sólo velará por la planta o el animal que esté dentro de un espacio elegido para ese fin.
¿Dónde está el consenso científico?
El carácter urgente con el que el Gobierno canario de Paulino Rivero promueve su iniciativa ha provocado un malestar añadido en el Grupo socialista, que considera inaceptable intentar conseguir con una premura injustificada un asunto que exige el consenso de la comunidad científica. Para la diputada socialista Guacimara Medina “estas prisas no tienen nada que ver con los intereses ciudadanos, ni con los de las especies amenazadas", y exige la retirada de la propuesta porque "no cabe mejorarla" ante su falta de rigor científico.
La trampa de "proposición"
Medina reclama además que se presente como "proyecto de ley" y no como "proposición", fórmula que, según la diputada, ha sido elegida por el Gobierno canario para evitar la participación ciudadana y los informes técnicos independientes.
El director del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de Canarias, Francisco Martín, defiende el rigor científico del nuevo catálogo autonómico, basado en el Banco de Datos (Proyecto Biota) que gestiona el propio Gobierno canario.
Las reglas que convienen
Aurelio Martín, profesor de Zoología de la Universidad de La Laguna, cree que el verdadero problema está en los criterios con los que se elaboran los inventarios e informes, ya que son reglas establecidas por ellos mismos.
380 millones por 367 especies
La iniciativa apurada del Gobierno canario parte de su interés en determinados proyectos urbanísticos, según fuentes consultadas por El País, entre ellos un macroproyecto con una inversión de 380 millones de euros en el puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, cuyas obras fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en marzo de 2009, por poner en peligro los sebadales: fanerógamas que conforman auténticas praderas marinas.
El consejero de Medio Ambiente
Ecologistas en Acción han hecho responsable al consejero canario de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ya fue imputado hace años por delito ecológico cuando era director de Obras Públicas, al dar el visto bueno a un Plan Parcial en El Cotillo que hubiera destruido una de las zonas vírgenes de Fuerteventura donde habita la avutarda hubara, especie en peligro de extinción a la que la proposición de ley del Gobierno canario también rebaja su protección.
Carta al presidente canario
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha advertido, a través de una misiva al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de que no se puede aprobar un nuevo catálogo de especies protegidas autonómico "sin esperar a que un comité científico nacional finalice el nuevo estatal", pues este hecho "vulnera la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad".
