Vía: www.diariodeavisos.es
Gobierno y biólogos aprueban la necesidad de un marco jurídico pero difieren en el rigor científico
Saray Encinoso / Víctor Garrido
La Laguna
Todavía no ha nacido y ya está para jubilarse. El nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias que el Gobierno quiere aprobar se nutre de datos de 2004, está hecho con demasiadas prisas para los entendidos y ha despertado al fantasma del desarrollismo: muchos ven detrás de esta proposición de ley la herramienta jurídica del Gobierno para desbloquear definitivamente el Puerto de Granadilla, paralizado el año pasado tras una decisión judicial. Pero a la vez, la propuesta establece un marco jurídico de gran importancia, con criterios objetivos para la catalogación y descatalogación de especies, una asignatura pendiente desde hace demasiados años en las Islas.
DIARIO DE AVISOS invitó a dialogar a cuatro voces autorizadas en el asunto para elucubrar cuál será el futuro del medio ambiente en el Archipiélago si prospera la iniciativa. Un asunto que en Canarias, territorio único por su biodiversidad en todo el Viejo Continente, no puede ser baladí. El director general del Medio Natural, Francisco Martín; el biólogo y presidente de la Sociedad Canaria de Ornitología, Eduardo García del Rey; el catedrático en Biología Marina Alberto Brito; y Antonio Machado, doctor en Biología con una amplia trayectoria en Canarias en el ámbito de la conservación de la naturaleza, hablaron mucho de la distancia que los aleja, pero también de los puentes que los unen.
Y es que a pesar de las críticas feroces de la comunidad científica, todos los agentes implicados están convencidos de que el registro actual debe ser renovado. Hay unanimidad: el tiempo lo ha dejado obsoleto. Sin embargo, lo que no comparte el mundo académico en ningún caso es la premura que ha envuelto todo el proceso. Modificarlo sí, pero no con prisas y sustentándolo en información desfasada. Ese es el lema que han hecho propio los eruditos; el Ejecutivo, por contra, sostiene que lleva intentando restaurar el marco legal para la preservación de especies desde el año 2002.
Discordancia con el Estado
Una de las incongruencias que más desencuentros ha suscitado es una nueva categoría que aparece en el inventario canario y que no tiene equivalente en su homólogo nacional. Desde la Administración sólo tienen una respuesta clara para lo último: “El Estado no ha sido capaz de actualizar su catálogo y nos hemos visto obligados a sacar el nuestro”, simplificó Francisco Martín. Machado, de acuerdo con la necesidad de avanzar apoyándose en las competencias de la comunidad autónoma, admitió que “cuando el catálogo se revise a nivel nacional podrán existir contradicciones. Entonces las especies pasarán automáticamente a donde diga” la norma estatal.
Los peligros que vislumbran los científicos es que la nueva categoría, denominada “especies de interés para los ecosistemas canarios”, “no supone ningún ‘plus’ de conservación. Es totalmente cierto. La categoría, según la Administración y los biólogos, acota la protección de las especies a espacios ya protegidos, como la Red Natura 2000. El apartado incluye organismos importantes para los ecosistemas canarios que no están en peligro, pero a los que hay que prestar atención por si en el futuro se vieran abocados a engrosar alguna de las listas de especies en peligro. “Es verdad que también son importantes fuera, pero el Parlamento ha decidido que donde se quiere conservar la naturaleza es en los espacios naturales, y fuera de éstos hacer desarrollo sostenible. Son dos mundos distintos, y si el Parlamento considera que si el umbral de protección sea el 50%, hay que acatarlo. A mí me gustaría que fuera el 100%”, arguyó Machado.
Información desfasada
El trabajo jurídico se está haciendo y además es necesario pero, ¿qué ocurre con la calidad de los listados? Los expertos que acudieron al encuentro hicieron mucho hincapié en el ‘pedigrí’ de los datos: todos creen que se han utilizado investigaciones que anticuadas. “Estudiando los anexos se ve que se ha seguido una evaluación de especies elaborada en el año 2004”. Evidentemente, “no se trata de los datos más recientes o más actualizados. Y en conservación hay que trabajar con la mejor información disponible y después de ésta han habido dos evaluaciones más, una en 2006 y otra en 2008”. Eso implica que “hay un montón más de estudios nuevos y de especies” que, de incluirse, modificarían el registro previsto, sintetizó Machado.
Oportunidad política
A sabiendas de que la información utilizada no se corresponde con la realidad coetánea, los científicos sólo pueden contextualizar la premura si miran hacia el puerto de Granadilla. “Lo lógico sería ir más despacio, evaluar todo bien y sacar el catálogo”. Pero es aquí es donde aparece “la oportunidad política”. “Han optado por crear el catálogo por el Puerto de Granadilla. Luego, como se puede modificar, se irán incluyendo más especies” y se actualizarán los listados en función de datos más fieles, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos. Esta posibilidad de “corrección” es lo que valora Machado. “No me parece tan grave porque luego se podrá ir metiendo todo lo que falta de forma progresiva, pero contando ya con la estructura del catálogo”. La velocidad de crucero tomada por el Ejecutivo es algo que también percibió Alberto Brito, quien no encontró excusa para entender que la Administración no haya convocado, “como en otras tantas ocasiones”, a la comunidad científica a participar en unas mesas de diálogo. De esa forma, el consenso habría tenido más posibilidades de materializarse, auguró.
Marco jurídico
La proposición de ley del catálogo de especies protegidas conforma, por primera vez, un marco jurídico eficaz y meticuloso. Esta es una de las conclusiones, y de los puntos de encuentro, más importantes. “Es mejor que lo que teníamos, no cierra puertas, se puede incluir lo que falte y genera un régimen útil para el futuro”, resumió Machado, quien valoró que se incluyan criterios rigurosos para determinar la catalogación de las especies. Esta concordancia en las formas, que también señaló el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen (“se ajusta a derecho”), no ha evitado que haya crecido un clamor popular en contra de la iniciativa. Mucho de este malestar puede deberse a la sombra del puerto de Granadilla pero también a la mala comunicación. Un defecto que reconoció hasta el Gobierno.
El Gobierno no admite la relación con el Puerto
Desde que Coalición Canaria presentó ante la opinión pública su propuesta de crear un nuevo Catálogo canario de Especies Protegidas, incontables voces lo han vinculado al bloqueo de las obras del Puerto de Granadilla. El director general del Medio Natural, Francisco Martín, negó tajantemente cualquier relación e, incluso, aseguró que el marco jurídico previsto garantiza la transparencia. “El nuevo borrador recoge que en aquellos casos en los que se lleve a cabo una descatalogación habrá que dar cuenta al Parlamento: el procedimiento será más duro ahora”, aseguró el político.
No obstante, el resto de participantes en el debate sí entendieron su relación directa. El elenco de expertos no tiene ninguna duda de que las obras portuarias motivan la propuesta. Machado, que ha asesorado al Gobierno en múltiples ocasiones, explicó que ésta es la otra alternativa a la descatalogación ‘fallida’ del año pasado, es decir, la descatalogación puntual.
Ya entonces Machado sabía que la ‘otra’ posibilidad era “sacar un nuevo catálogo”, justo lo que se está acometiendo ahora tras la iniciativa de Coalición Canaria. Este registro aparece porque es “una cuestión de oportunidad política” y el Ejecutivo “da prioridad al puerto”.
Así y todo, hay otra cuestión. La aprobación de este catálogo debería formar parte -consideró Machado- de una Ley de Biodiversidad que se elaboró en su día pero que “murió en el Parlamento”. “Ésta incluía otros aspectos como la lucha contra las especies exóticas, la prevención en fronteras para evitar la entrada de especies invasoras y un montón de cosas más además del catálogo, y que siguen haciendo falta en esta tierra. A ver si alguien se anima y la saca sin que tengamos que inventar otro granadilla”.
Pese a esto, Machado reconoció que está tranquilo porque los aspectos técnicos del nuevo catálogo “son correctos”. “Me inquietaría que hubieran cosas incorrectas, porque ya venimos sufriendo el problema de tener las cosas mal colocadas y leyes mal estructuradas. Recibí el texto, como tantos otros, y anoté sugerencias, que luego fueron añadidas. No fui contratado”.
Alberto Brito no entró a valorar los aspectos jurídicos y puso el énfasis en que hay especies mal catalogadas, tanto por exceso como por defecto. Eduardo García, por su parte, argumentó que no sabe de leyes ni le importan, que lo que está ocurriendo es que la información que usa el Ejecutivo -el Biota- está mal, y que lo que están primando son otros intereses, deslizó.
Granadilla apremia
El escollo de la seba. El último obstáculo para construir el controvertido Puerto de Granadilla era un núcleo de sebadales (incluidos en el actual catálogo de especies) que se encontraba en el ámbito de las obras.
Descatalogación frustrada. El Gobierno decidió en febrero de 2009 actuar por la vía rápida: emitió una orden para descatalogar esa área concreta de sebadales, pero los tribunales la anularon de forma provisionalhasta decidir su legalidad.
Cambiar el catálogo. En septiembre, CC propuso un nuevo catálogo donde crea una tercera categoría de protección (donde incluye la seba), que situaría a las especies ‘por debajo’ de las obras de interés general. Esto ha provocado muchas voces en contra, entre ellas, la comunidad científica universitaria.
