Vía: www.diariodeavisos.com
Este texto tiene una réplica emitida por el Presidente de Ben Magec Ecologistas en Acción Francisco Castro Morales.
Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca
La construcción del puerto industrial de Granadilla se va a reiniciar una vez que en febrero el Parlamento de Canarias proceda a aprobar la Proposición de Ley (PPL) del nuevo Catálogo de Especies Protegidas, instada en noviembre pasado por Coalición Canaria y que dispone del apoyo expreso del Partido Popular. Esa es la firme decisión de la Autoridad Portuaria tinerfeña en el caso improbable de que antes de esa fecha el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falle a favor de las tesis de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el recurso contencioso. La construcción, que entre pitos y flautas lleva un retraso acumulado de once años, cuenta con el respaldo expreso del Gobierno de Canarias y de las principales instituciones de la Isla. En contra de las noticias que han circulado al respecto, para nada afecta al puerto sureño la Orden Ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre pasado que convierte 27 lugares de importancia comunitaria (LIC), tanto marinos como marítimo-terrestres, en zonas especiales de conservación (ZEC) por decisión del Gobierno español. La Orden dictada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino viene a desarrollar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad e incluye entre esos lugares de la Red Natura 2000 los sebadales del Sur de Tenerife ubicados a unos dos kilómetros de la futura zona portuaria. Como los demás LIC, fueron aprobados por la Comisión Europea en 2001 y ampliados en 2008, y cada uno de ellos deberá contar antes de un año con su propio plan de gestión. La Consejería canaria de Medio Ambiente ha aclarado esta semana que la delimitación geográfica y la extensión del antiguo LIC sureño es "exactamente la misma" que tenía antes de la declaración como ZEC y coincide "con la delimitación" establecida en el Decreto de la Comunidad Autónoma aprobado por el Gobierno el pasado 29 de diciembre, pendiente de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, por el que "177 LIC se convierten en ZEC". El área de sebadales afectada directamente por la construcción del puerto se estima en unos cuatro kilómetros cuadrados, del orden del 1,26% de la extensión global de los sebadales canarios, aunque sobre este porcentaje existen algunas controversias.
Aspiraciones ecologistas
Iniciadas las obras del puerto en febrero pasado, a los pocos días fueron paralizadas temporalmente por la Autoridad Portuaria mediante un acta de replanteo negativa que es renovada cada bimestre con las empresas que ganaron el concurso para la construcción de esa infraestructura, a saber, FCC, SATO y Promotora Punta Larga. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a petición del grupo ecologista Ben Magec, suspendió cautelarmente la decisión de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de 2 de febrero de 2009 por la que se excluía del Catálogo de Especies Amenazadas la población de sebadales -Cymodocea Nodosa- en el espacio marítimo sobre el que se prevé la construcción del puerto. La correspondiente descatalogación fue tenida en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental y en el pronunciamiento de la Unión Europea sobre esa infraestructura, pero la Administración canaria actuó incorrectamente al desproteger la zona por vía equivocada y, además, no presentar ningún informe oficial válido de instituciones científicas o académicas que sirviera de base para la descatalogación, con lo que no quedó suficientemente acreditado que el daño consiguiente producido en la seba no será irreversible. No obstante, la Consejería presentó el correspondiente recurso.
La cuestión tiene su complejidad técnico-jurídica, pero lo importante es que los problemas legales que impedían la continuación de la obra van a quedar resueltos con la aprobación de la citada PPL, que trata de adaptar la legislación canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal y de la normativa de la Unión Europea (UE). Además, con el logro de un nivel elevado de protección de las especies, pretende también un desarrollo más sostenible del territorio canario. De ahí que la PPL otorgue mayor rigor a las figuras de protección, al tiempo que evita lo que el Ejecutivo autonómico considera "excesos injustificados que hipotecan bienes jurídicos e intereses generales prioritarios". A tal efecto, se reordena la tipología de especies protegidas con el ánimo de lograr una correspondencia entre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. También incluye, junto a las categorías básicas de especies amenazadas, las "de interés para los ecosistemas canarios", o sea, aquellas que, sin estar amenazadas, por su relación con los ecosistemas de los espacios protegidos en los que se localizan, merecen una consideración especial, sin que precisen o justifiquen medidas adicionales de protección.
A este respecto, organizaciones ecologistas como ATAN, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ben Magec y Bird Life reclaman que el nuevo Catálogo de Especies Protegidas se pacte con la comunidad científica, como se hizo con el de 2001, en consideración a la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad existente en Canarias, que cuenta con un patrimonio incomparable de más de 4.000 endemismos. También apuntan que lo que el Gobierno pretende en el fondo es descatalogar la mitad de las especies protegidas y rebajar la protección al 30% de las mismas. Sea como fuere, no me parece que tal solicitud sea descabellada, por más que unos cuantos grupúsculos de ecologistas radicales suelen hacer inviable cualquier entendimiento razonable con sus posiciones irreductibles. Los principales grupos ecologistas también han advertido que la PPL podría vulnerar el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de esta norma, con arreglo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente. Sin embargo, el Consejo Consultivo de Canarias entiende que, salvo algunas apreciaciones técnico-normativas, la proposición de ley nacionalista es conforme a derecho. Lo paradójico de esta situación radica en que mientras plataformas ciudadanas creadas ex profeso, asociaciones de vecinos, y grupos ecologistas y antisistema vienen haciendo una oposición frontal al puerto de Granadilla, los gobiernos de España y de Canarias, el Parlamento autonómico, el Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de Santa Cruz y Granadilla, todas las organizaciones empresariales y profesionales, los sindicatos más representativos, las representaciones portuarias, las principales asociaciones y grupos sociales y un largo etcétera de personajes de relieve apoyan incondicionalmente su construcción, que también avala la Unión Europea. Ésta tiene previsto destinar a tal efecto fondos Feder y de cohesión y ha dado el visto bueno final a la obra, una vez que se han garantizado las obligadas medidas de protección medioambiental para la zona. Se temía que, debido al retraso de la construcción portuaria, pudieran perderse fondos comunitarios -entre ellos 30 millones de euros correspondientes al pasado ejercicio-, pero recientes propuestas de la UE, preparadas con carácter general tras la crisis económica, van a permitir que Granadilla reciba las ayudas comprometidas pese al retraso.
Por su parte, el Gobierno español tiene también garantizada su aportación presupuestaria para este proyecto, que inicialmente costará unos 200 millones de euros y dará trabajo a unas 500 personas durante cuatro o cinco años. En paralelo al objetivo portuario, se prevé la construcción por la empresa Gascan de las plantas de recepción, almacenamiento y regasificación, para permitir la llegada a la Isla de gas natural licuado, para su ulterior utilización en la central de ciclo combinado, en varios polígonos industriales y, como combustible doméstico, en los dos principales municipios de la Isla, Santa Cruz y La Laguna. La Compañía Transportista de Gas Canarias, S. A. (Gascan) está participada por Sodecan, Unelco-Endesa y Regional Canaria de Energía y ya ha adjudicado a Initec Plantas Industriales y Acciona Infraestructuras el contrato, en la modalidad llave en mano, para la construcción de las mentadas plantas, con un presupuesto de 490 millones de euros y 44 meses como plazo de ejecución, desde el inicio de las obras. La primera fase de la planta de regasificación tinerfeña ya dispone del obligado informe favorable de impacto ambiental.
Dentro de la aspiración de ir modificando el modelo de desarrollo de Canarias, para diversificarlo y orientarlo hacia actividades que se relacionen con proyectos de futuro y con actividades de I+D+i, el Gobierno y los agentes económicos citan sistemáticamente la necesidad de potenciar el sector industrial, en el que el futuro puerto ocupa un lugar de indudable importancia. Por el interland que conlleva, como la introducción del gas natural, el desarrollo del polígono industrial, del aeropuerto y del futuro tren del Sur, así como de otras instalaciones; en definitiva, todo un conjunto protegido por el Plan Territorial Parcial Plataforma Logística del Sur, ya incluido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Sólo la utilización del ciclo combinado por la central, en lugar de la quema de fuel, permitirá, según los cálculos realizados, el ahorro de unas 800.000 toneladas de petróleo al año, lo que acercará a Canarias al cumplimiento del Protocolo de Kioto, puesto que reducirá en un 30% aproximadamente las emisiones de dióxido de carbono. El propio Plan Energético de Canarias apuesta decididamente por el gas natural -que rechazan los ecologistas más recalcitrantes sin ofrecer ninguna otra alternativa que no sean las energías renovables-, junto a las energías renovables, para lograr un desarrollo sostenible. Como curiosidad, cabría citar, entre las ventajas adicionales, la disminución del tráfico de camiones por la autopista del Sur, por la que anualmente circulan unos 30.000 vehículos pesados para trasladar las bombonas de butano.
Todo un ’interland’ portuario
Como ya he dejado escrito, la planificación del desarrollo requiere una política previsora que se ocupe de las necesidades a medio y largo plazo -siempre en un horizonte de veinticinco o treinta años- para infraestructuras, transportes, servicios, etc., sobre todo en aquellas áreas industriales que precisen de terrenos de suficientes posibilidades de expansión, para poder concentrar, interconectar y estructurar, con las máximas facilidades logísticas y estratégicas, polos de actividad económica de usos y naturaleza diferente. Un entramado industrial de este tenor resulta inviable si no puede disponer de un puerto industrial, del tipo de los llamados hub propios de la era de la globalización, que permita el aprovisionamiento de mercancías y su consiguiente manipulación y redistribución, más aún dada la especial situación geoestratégica de Tenerife. El puerto cobra especial importancia porque debe acoger además el abastecimiento del gas natural que será utilizado por la central de ciclo combinado y por las empresas de la zona, además de las de Santa Cruz y La Laguna, adonde será llevado mediante oleoducto también para uso doméstico.
Granadilla, su puerto industrial, guste o no, es una infraestructura vital para el futuro de Tenerife. Se ha perdido un tiempo precioso, se ha creado innecesarios problemas con Gascan y se ha propiciado que otros puertos de esta zona se adelanten a la Isla en proyectos competitivos con el nuestro. Reitero lo que ya dije en anterior ocasión: quienes hablan de proyectos inoportunos, de pelotazos urbanísticos y especulación o utilización fraudulenta de terrenos no sólo siembran la desconfianza entre los ciudadanos; ni siquiera son consecuentes ya que no acuden a los tribunales de Justicia para denunciar estos hechos presuntamente delictivos. Además, olvidan todos los objetivos que he citado, sin los cuales no resulta posible centrar en sus justos términos un asunto tan controvertido como la construcción del puerto de Granadilla. Una cosa es la obligada protección del entorno y el imprescindible cuidado del medio ambiente, incluso el tamaño adecuado para esta instalación portuaria, y otra muy distinta negar su necesidad con argumentos que en ocasiones resultan agitadores, peregrinos y hasta ridículos porque parecen alimentados tan sólo por el virus deslegitimador de cualquier iniciativa de obra pública nueva.
Si el puerto de Granadilla está considerado de interés público de primer orden para nuestra Comunidad Autónoma no es por capricho sectario. Estas calificaciones no se otorgan porque sí, ni por recomendación o influencia; si se conceden es porque la viabilidad del puerto está fuera de toda duda. Dimes y diretes al margen, los estudios que avalan ese relieve destacado reflejan el valor añadido que puede aportar esa infraestructura a la economía canaria, las posibilidades reales de desarrollo que ofrece y la consiguiente creación de empleo y riqueza en una zona en expansión, de fuerte crecimiento poblacional y urbano, con concentración de nuevas actividades agroalimentarias y agroindustriales, profesionales y turísticas. Justamente las oportunidades que necesita Tenerife para atacar fuertemente y de una vez, hasta donde sea posible, el cáncer del desempleo.
