Vía: www.diariodeavisos.com
Alfonso González Jerez
A la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno autonómico la realidad le trae a menudo muy sin cuidado. Han llegado a un grado de tibetanización casi perfecto, y de hecho, con unos treinta o cuarenta kilos más, Antonio Castro podría pasar por un Dalai Lama reencarnado en palmero, aunque en su mismo partido algunos dudan de su progenie divina. La mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno autonómico actúa como un programador de televisión en un espacio donde sólo emitiera una cadena de televisión. Desde años se está cociendo, en la Cámara regional, una creencia poco menos que taumatúrgica según la cual la soberanía popular no reside en el pueblo, sino en los glúteos de sus señorías apoltronadas; las protestas y demandas de la sociedad civil no deben ser atendidas jamás, por el simple hecho de que la sociedad civil no tiene acta de diputada; las denuncias y críticas de organismos, entidades o asociaciones científicas, académicas o ecologistas son ejercicios que graciosamente tolera el sistema democrático, siempre y cuando no intenten materializarse políticamente. El Parlamento, cualquier parlamento, quebranta así su propia naturaleza política y deliberativa, erosiona su legitimidad cívica, se enclaustra en un titiritero concepto de soberanía que cabe cómodamente en una mayoría aritmética. La democracia no es únicamente una cuestión procedimental, una metodología reglamentaria para la convivencia, si pretende hablarse, realmente, de una democracia representativa. Nuestros parlamentos se está convirtiendo en una institución política abstracta, carente de relaciones de representación de intereses con los electores, vacío de poderes decisionales y cada vez más limitado en sus funciones de control, deslizándose a toda velocidad de órgano de decisión legislativa, debate y fiscalización a instrumento de ratificación y propaganda de la acción del Gobierno. El grupo parlamentario como privilegiada infantería gubernamental.
Por ejemplo, el grupo parlamentario de Coalición Canaria, dispuesto a que el Gobierno no se ensucie las manos en el desarrollo de un nuevo Catálogo de Especies Protegidas, de manera que para evitar que el Ejecutivo se quede solito en la aprobación de una orden o un decreto, introducen el malhadado catálogo en una ley: el peor instrumento, desde un punto de vista técnico-administrativo, para establecer un listado de especies amenazadas que, de repente, ya no lo son tanto. Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, ATAN y Ben Magec-Ecologistas en Acción han rechazado tajantemente el nuevo Catálogo de Especies Protegidas, que retira la protección, a través de varios estándares, a 341 de las especies reconocidas en el vigente Decreto Legislativo 151/2001. A las críticas se han unido dos antiguos consejeros de Política Territorial y Medio Ambiente (el economista Antonio González Viéitez y Fernando Redondo, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias); el ex director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diversas entidades canarias y españolas. Según las organizaciones ecologistas, "muchas de las especies a las que se pretende rebajar su categoría de protección han visto empeorar su estado de conservación y sus hábitats en los últimos años", y citan como ejemplos el gorrión chillón, la abubilla, el guincho, el drago o la seba, "cuyo hábitat corre tal peligro que la urgencia de su protección motivó la movilización de los más prestigiosos científicos canarios, cristalizada en la solicitud de reconocimiento como ’hábitat de interés prioritario’", dirigida al Ministerio de Medio Ambiente. Los ecologistas aseguran que la falta de rigor científico en avalar este feroz tijeretazo resulta particularmente escandalosa. La propuesta de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias "carece de informes técnicos de los propios organismos medioambientales del Ejecutivo regional, de las universidades canarias y de cualquier otro organismo científico con capacidad y solvencia para evaluar realmente el estado de conservación de los ecosistemas canarios". Escuchando a la portavoz parlamentaria del PP, la señora María Australia Navarro, habrá que darles la razón. El PP ha anunciado que apoyará la proposición de ley de los coalicioneros, y al ser preguntada por los criterios científicos, Navarro explicó que los su partido había consultado, por supuesto, a expertos en la materia, y que no había ningún problema. Semejante mentecatez, sin embargo, adquiere unas proporciones modestas si se la compara con la defensa emprendida por el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ha sido incapaz de explicitar los nombres de científicos y empresas que avalan, con sus informes técnicos, la decisión del Gobierno autonómico, aunque haya reconocido que han costado "muchísimo dinero", sin especificar tampoco la supuesta morterada pagada con nuestros impuestos.
En su asombrosa andanada, el señor Berriel ha justificado la ausencia de cualquier consulta con los investigadores universitarios o las asociaciones ecologistas argumentando que la ley no es una iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, "por lo que no tenemos que consultar con nadie porque ni los universitarios ni los ecologistas pueden cambiar la voluntad del Parlamento". ¿Los gobiernos están obligados a atender a la sociedad civil y establecer en su caso relaciones y protocolos de colaboración, pero los grupos parlamentarios no? ¿Dónde ha cultivado su exquisita educación democrática Domingo Berriel? ¿Y por qué habla en primera persona del plural, si ni siquiera es diputado? Berriel se limita a escudarse, bastante groseramente, en un artificioso conflicto de legitimidades. Porque no se trata de cambiar la voluntad del Parlamento -que por el momento, se limita a la tramitación inicial de la ley, aunque el consejero parece darla ya por votada y sancionada-, sino de que el Parlamento tome en cuenta, cumplimiendo con su función en la división de poderes, la voluntad de los electores, que no se agota en el acto mismo de elegirlo. No se trata de la pueril algarabía de grupúsculos chillones y desaprensivos, sino de una oposición crítica y argumentada de instituciones públicas, asociaciones locales y nacionales, personalidades científicas y universitarias, altos cargos y ex altos cargos, biólogos, economistas, juristas, ingenieros, funcionarios. Es simplemente insultante, en una sociedad democrática, incluso entre gente adulta, este tipo de desplantes y piruetas verbales, que asimismo han abonado los diputados González y Barragán, alegando que el grupo parlamentario de CC está encantado de hablar con estas señoras y señores, pero sin interrumpir ni por un minuto la tramitación de la ley. Estamos dispuestos a oírlos, por supuesto, pero no esperen ustedes que les escuchemos. Ni todo el monte es orégano ni toda la plataforma marina sebadales.
No se trata de incurrir en el catastrofismo, ni en el catastrofismo alarmista de un Gobierno supuestamente ecocida ni en el catastrofismo despectivo hacia una oposición social evangélicamente conservacionista, sino de explicar y explicarse, de actuar como una fuerza política de gobierno responsable después de un cuarto de siglo de trayectoria autonómica, de no considerar a la sociedad civil como un ceñudo enemigo en cuanto algunos de sus agentes o sectores toma partido político, con plena legitimidad, por lo que se consideran y argumentan como razones de interés general. ¿Cómo y, sobre todo, por qué una misma fuerza política guillotina un catálogo que apenas ha estado vigente durante ocho años? ¿Con qué asesoramiento científico ha contado la Consejería de Medio Ambiente, internos y externos? ¿Es cierto que el nuevo catálogo incumple la normativa española al reducir la protección de especies marinas incluidas en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y en algunos convenios internacionales, como el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre? Y una pregunta más cercana, ¿la nueva ley facilitará la construcción del puerto industrial de Granadilla, esquivando normativamente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias? No vale gruñir que el vigente catálogo no fue consultado con nadie, en un gesto de asombrosa torpeza, porque critica y desprecia, precisamente, lo mismo que se ha hecho ahora. No puede valer, ni siquiera, simular el ligero pero muy perceptible varapalo del Consejo Consultivo de Canarias, cuyos reparos, desde la mera formalidad normativa, al proyecto de ley no son precisamente menores: el nuevo catálogo no contiene previsión alguna respecto al régimen sancionador de referencia, presenta sombras o vaguedades en las excepcionalidades por razón de interés público, la fórmula seguida no es la óptima para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la participación pública y peca de "escasa concordancia" con el catálogo establecido en el ámbito español. No son precisamente minucias.
Quizás no sea una cuestión de vida o muerte para los próximos años. Pero este nuevo episodio de disonancia cognitiva protagonizado por Coalición y Partido Popular se suma a una ya larga lista de desaguisados de banalizan, abaratan y debilitan el papel consensual del Parlamento, contribuyendo así a la desafección creciente hacia el sistema democrático. A la progresiva, grave e indiferente descatalogación del sistema político canario como especie de modelo convivencial y participación política cada vez más amenazada donde más firmemente parecía asentada: la democracia.
