Vía: sisepuedecambiar.blogspot.com
Las organizaciones Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote, Los Verdes de Fuerteventura e Iniciativa por El Hierro, reunidos en Gran Canaria, han hecho público un comunicado en el que manifiestan su rechazo por la propuesta de descatalogación y recalificación a la baja de la categoría de protección de muchos taxones, hasta ahora protegidos, y muchos de ellos emblemáticos de nuestro patrimonio natural.
Toman como argumento para hacer esta crítica lo que han puesto de manifiesto las voces más autorizadas de las comunidades científicas de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, amén de otros instituciones de investigación y tildan esta iniciativa legislativa, “como carente de rigor científico y con el único objetivo de allanar el terreno para que los planes desarrollistas que Coalición Canaria y sus socios en el Gobierno, el Partido Popular han planeado para las islas puedan seguir desarrollándose sin que puedan ser puestos en evidencia por las autoridades judiciales, como ha ocurrido reiteradamente en los últimos tiempos, a raíz de denuncias de colectivos ecologistas, por vulnerar los principios más elementales de las leyes emanadas del propio parlamento”.
Los portavoces de estas organizaciones políticas manifestaron que “nos parece del todo impresentable que los que se autoproclaman como defensores de lo canario quieran descatalogar o rebajar la categoría de protección de una parte muy significativa del patrimonio natural canario, internacionalmente reconocido como único y excepcional, hasta el punto de situar al nuevo Catálogo Canario por debajo del Catálogo Estatal en lo que a la protección de las especies canarias se refiere”, añadiendo que, “por si ello fuera poco atrevido, la proposición de ley incluye además el despropósito de crear una nueva figura de protección, las especies de interés para los ecosistemas canarios, que sólo mantienen su estatus de protección cuando se encuentran en espacios protegidos, es decir, que su protección no será efectiva nunca fuera de los espacios protegidos y por lo tanto no será impedimento alguno para llevar a cabo las infraestructuras o urbanizaciones que consideren necesarias para sus particulares intereses inmobiliarios”.