Vía: www.diariodeavisos.com
EDITORIAL
Desde que en septiembre de 2009 Coalición Canaria presentara en el Parlamento de Canarias la propuesta de ley con el nuevo catálogo de especies protegidas, las voces en contra han ido creciendo hasta convertirse en un clamor que aúna a científicos de las dos universidades canarias, oposición y los grupos ecologistas. La naturaleza en Canarias está marcada por una gran diversidad de paisajes y ecosistemas, que sobreviven gracias a unas peculiaridades climáticas y geográficas, que han hecho posible que sobrevivan aquí especies singulares y propias de la Macaronesia. Nuestra variedad ambiental no es un hecho desconocido para el mundo, sino que, por el contrario, cuenta históricamente con el reconocimiento internacional.
No olvidemos que el Archipiélago alberga tres Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO y naturalistas como Alexander von Humboldt o Charles Darwin reconocieron su riqueza. Esta sigularidad y variedad ha hecho que el 36% del territorio de las islas cuente con algún grado de protección ambiental, con lo que Canarias es la tercera comunidad española con más suelo protegido. Sin embargo, la presión ejercida sobre el medio por parte del desarrollo urbanístico y la industria turística, motor económico del Archipiélago, ha puesto en peligro estos frágiles ecosistemas; lo que ha generado un profundo debate entre crecimiento económico y turístico, y desarrollo sostenible y conservación. De hecho, esta preocupación ha ido germinando en muchos ciudadanos, que, unas veces con argumentos y razones y otras movidos más por el sentimiento que por la racionalidad, han planteado duras batallas a decisiones políticas que suponían una merma de esa riqueza natural de la que todos los canarios nos sentimos orgullosos. Sólo cabe recordar que las grandes manifestaciones que se han producido en Tenerife (la de Vilaflor o la del no al puerto de Granadilla, por poner dos ejemplos) en los últimos años han estado movidas por opositores a infraestructuras o proyectos que, según sus convocantes, atentaban contra el medio ambiente. Así, con la sospecha instalada en buena parte de la sociedad, el anuncio de este nuevo catálogo, que desde el principio muchos expertos han vinculado directamente con la continuidad de la construcción del puerto de Granadilla, una obra paralizada por la Justicia para proteger el sebadal, una especie protegida, ha venido a añadir más leña en el fuego de la desconfianza ciudadana. Por si fuera poco, desde el principio las voces autorizadas de la Universidad de La Laguna dieron la alarma. Se inició entre un colectivo de investigadores, como Alberto Brito, Wolfredo Wildpret o Juan José Bacallado, quienes aseguraron que el nuevo catálogo "elimina de un plumazo 226 especies catalogadas en 2001, dejando sin protección alguna a más de la mitad de las especies del catálogo actual; además de reducir la protección de otras 131 especies y subespecies". Esta voz de alarma está además abonada en la desconfianza que le merecen a los expertos unos responsables políticos de la conservación del medio ambiente del Archipiélago que no han sido capaces de contar con sus conocimientos para elaborar el nuevo catálogo.
Luego, la polémica no ha hecho más que crecer. Por si fuera poco, el listado de especies que contempla la proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento de Canarias se ha elaborado con datos del año 2004, según han confirmado en el debate que publica hoy mismo DIARIO DE AVISOS, y, por lo tanto, el catálogo está desfasado, puesto que en este tiempo podría haber variado el nivel de amenaza sobre algunas especies y otras podrían haber recuperado terreno.
A las pegas de los biólogos y naturalistas, hay que añadir la celeridad con que se ha querido aprobar la proposición de ley. Resulta imposible reprochar a Coalición Canaria, que sin lugar a dudas está avalada por el Gobierno de Canarias, su interés por actualizar un catálogo de especies protegidas que data de 2001, pero las prisas son casi siempre malas consejeras. Ni científicos, ni ecologistas ni oposición han negado la necesidad de esta actualización y de que exista un marco jurídico para la protección de especies en nuestro Archipiélago. El problema han sido las formas y la premura. Cuando los ciudadanos nos hemos instalado en la suspicacia, la celeridad y la falta de diálogo con la que se ha querido sacar adelante este catálogo son, sin duda, malos consejeros para lograr el equilibrio necesario, no sólo para proteger el medio ambiente de las Islas, sino para que su desarrollo sea sostenible.
