Vía: www.eldia.es
EL DEBATE DE LA SEMANA
Canarias se encuentra a punto de aprobar su renovado catálogo de especies que serán protegidas, todo ello antes de que se dé el visto bueno al estatal, al que se debe adaptar el autonómico. El escaso rigor, la existencia de una nueva categoría poco clara y el uso de la proposición de ley, sin consulta pública, son los elementos de mayor rechazo.
Ni científicos ni políticos niegan la necesidad de establecer un catálogo que recoja todas las especies con necesidad de protección, tal y como ha hecho recientemente en el Parlamento autonómico el Grupo de Coalición Canaria. Hasta ahí alcanza el consenso. Desde los criterios utilizados para elaborar el catálogo, las categorías de protección establecidas, la distribución de especies en cada una de ellas y hasta el camino utilizado en su tramitación -la citada proposición de ley- son motivos de serias diferencias entre unos y otros.
En la actualidad, la protección a las diversas especies se plasma en dos documentos, uno es el catálogo estatal de 2007 y otro el regional que data del año 2001. Tanto uno como otro se encuentran en revisión. La renovación del primero está próxima a salir y la del segundo es de la que se ocupa en estos momentos la Cámara autonómica.
El listado contempla tres categorías: una destinada a especies en peligro de extinción, otra para aquellas que se consideran vulnerables y una tercera de "interés para los ecosistemas canarios". Esta última es especialmente polémica, ya que sólo se encarga de las especies dentro de espacios protegidos, y no cuando salen de ellos, además de permitir obras que les afecten cuando éstas sean consideradas de interés público.
Para los defensores de la proposición de ley, esto es así porque la Comunidad autónoma no tiene ámbito competencial fuera de esos lugares. Para sus detractores se trata de una categoría ilógica, ya que no establece una protección efectiva y porque da una importante discrecionalidad al Gobierno, que podrá establecer libremente cuándo un proyecto es de interés.
Precisamente, y al hablar de defensores y detractores, en el debate de EL DÍA de esta semana los dos bandos se encontraban claramente alineados. En el primer grupo, el diputado de Coalición Canaria e impulsor de la proposición, José Miguel González, y el parlamentario regional del PP Carlos Ester.
En el segundo, la delegada en Canarias de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife), Cristina González, el catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, Alberto Brito, y el profesor de Zoología del mismo centro docente Aurelio Martín.
Uno de los más relevantes y discutidos argumentos de estos últimos es el de la mala catalogación de las especies en las diferentes categorías. Unas porque están e igual no tendrían por qué ser incluidas y otras porque o bien no están y sí deberían o bien tienen una protección inferior a la adecuada.
Tampoco puede ignorarse la falta de confianza de los expertos en la existencia de un "cajón de sastre" que consideran a la categoría de interés para los ecosistemas canarios, al creer que ofrece pocas garantías.
Así, la delegada de SEO-Birdlife aseguró que un centenar de especies han sufrido una rebaja de la protección o han dejado directamente de estar protegidas. Lo más que dijo preocuparle es que no encuentra documentos científicos suficientes que avalen esta decisión. "Nunca -añadió- ha habido un consenso tan grande de todos los sectores en contra de una ley".
En la misma línea, Aurelio Martín incidió en el mismo argumento de Cristina González al criticar lo que considera el escaso rigor científico del documento. "No es que no le guste a un par de biólogos -dijo-, sino que no le gusta a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la SEO, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas...".
Sobre los niveles de protección añadió que un buen número de especies que se encuentran en el catálogo autonómico están por debajo de lo que señala el estatal una cuestión que, recordó, "es ilegal", ya que una norma inferior no puede sino igualar o superar los estándares de una ley de mayor rango.
Se refirió al lagarto gigante de Tenerife que, señaló, "se encuentra acantonado en las zonas de los acantilados de Los Gigantes y Guaza" y al que se le habría dotado de una protección inferior al que le otorga la ley estatal.
Alberto Brito se refirió al caso contrario, al de especies incluidas que podrían haber sido excluidas del catálogo y no están. "El documento tienen muchos errores que son para escandalizarse", explicó. Entre ellos señaló a la denominada "esponja de las cuevas" de la que, dijo, "hemos encontrado toneladas", a pesar de lo cual están catalogadas como "en peligro de extinción". "Ha habido en este caso una mala investigación", añadió para referirse a la estrella de mar. "Sólo hemos encontrado tres ejemplares en toda Canarias y ha desaparecido del catálogo", incidió, un momento que José Miguel González aprovechó para indicarle que se encuentra como de interés para el ecosistema. "Pero es que está en estado vulnerable", insistió el catedrático, quien denunció que "treinta especies vulnerables han desaparecido del catálogo". "Han vaciado la categoría de especies vulnerables y han llenado con ellas las de interés para el ecosistema".
Un marco temporal discutible
En la misma línea, Aurelio Martín explicó que el pecado original de este catálogo está en lo que cree malos criterios utilizados, entre ellos que se proteja las especies teniendo en cuenta sólo su evolución desde 1970. "Desde ese año hasta la actualidad la situación del lagarto gigante era igual a la de ahora, pero igual de mala, cuando es obvio que ha habido un declive de esa especie si nos remontamos más allá", insistió.
En cuanto a la vía utilizada, la proposición de ley, los tres coincidieron en que es injusta porque evita que el catálogo salga a exposición pública, un problema que se podría haber solucionado con una mayor transparencia y una amplia ronda de consultas con expertos. Además, creen que es un instrumento poco flexible a la hora de introducir, rebajar, incrementar o eliminar las diferentes protecciones a las especies.
Además de los criterios utilizados, de la mala categorización de las especies y de vía utilizada para su tramitación, los tres criticaron el hecho de que el Grupo de CC no haya esperado a que el Estado apruebe su catálogo, que por tener un rango superior al canario, será el que establezca los requisitos mínimos a partir de los cuales desarrollar los autonómicos.
¿Y qué dicen los defensores del nuevo catálogo? Por partes. El diputado nacionalista negó las acusaciones de falta de rigor científico, al asegurar que todas y cada una de las especies estudiadas iban acompañadas de "una ficha científica". Al poner en duda los tres invitados anteriores que no se hayan hecho consultas más amplias, José Miguel González recordó que él es político y que "no tengo por qué poner en duda el rigor de los científicos que han colaborado". A su juicio, las diferencias son "una polémica entre expertos".
Con respecto a la categoría de interés para los ecosistemas, el parlamentario consideró que no se puede llevar más allá de los espacios protegidos por una "cuestión competencial" con el Estado, que impide a la Comunidad autónoma ampliar el ámbito de protección.
En cuanto a la transparencia, dijo que si bien su partido había estado dispuesto a dialogar con todos, habían sido los propios expertos los que se negaron a participar, algo que Cristina González negó y dijo que la propuesta hecha por CC era hablar sobre algunas especies y que ellos pretendían revisar todo el catálogo.
José Miguel González añadió que la proposición de ley era necesaria para poder establecer un régimen de sanciones a los infractores, algo que no se podría hacer mediante un decreto y negó cualquier falta de flexibilidad. "Mediante esta fórmula nos aseguramos que el Gobierno no haga lo que quiera y, además, las especies se podrán modificar sin problemas, sólo con pasar por el Parlamento acompañadas de una ficha científica.
El diputado defendió que Canarias no tiene por qué esperar a que el Estado apruebe su catálogo -donde se fijarán los mínimos de protección que no pueden saltarse las comunidades autónomas- porque "ellos no son más listos que nosotros", agregó.
El diputado del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Carlos Ester, defendió también la iniciativa que apoyan los suyos, si bien lo hizo menos extensamente que el de Coalición Canaria.
Ester recordó que el catálogo ha sido revisado por el Consejo Consultivo de Canarias que, si bien hizo recomendaciones importantes para adecuar el texto, "dijo que la ley es perfectamente legal".
El popular recordó que "la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con una gran biodiversidad que se debe proteger en el máximo grado posible", biodiversidad que estaría protegida por esta ley. "Hasta ahora -dijo- no teníamos una norma propia con carácter legal, nivel al que se ve elevado este catálogo gracias a la proposición de ley", advirtió.
Para Ester, la mayor novedad en esta cuestión es la creación de la categoría de especies de interés para los ecosistemas, que protege "a las especies que, sin estar amenazadas, es realmente interesante protegerlas porque son importantes para que su entorno no se degrade". A pesar de asegurar que está abiertos a la presentación de enmiendas, sin que ello suponga una renuncia al texto actual que, insistió, tiene el acuerdo del propio Consejo Consultivo de Canarias.
En la misma línea, aunque con mayor rotundidad, José Miguel González se negó a aceptar a modificar el catálogo a fondo, aunque sí dispuesto a hablar de especies concretas durante el período de enmiendas, animando a todos los colectivos a que presenten sus propuestas, sin que ello suponga un cambio sustancial en la proposición de ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Texto: G. MAESTRE / N. MARTÍN
CC confía en ganar apoyos introduciendo modificaciones
Si bien la gran mayoría de la comunidad científica de Canarias ha hecho público su rechazo a la Proposición del Ley realizada por Coalición Canaria (CC) para crear un Catálogo Canario de Especies Protegidas por considerar que se rebaja la categoría de protección de numerosos ejemplares y porque carece del rigor de una investigación y evaluación científica actualizada, CC considera que estas cuestiones quedarán resueltas cuando se den a conocer las modificaciones que ha realizado en el texto legal después de que así se lo indicaron tanto el Consejo Consultivo de Canarias como varias organizaciones expertas en cuestiones medioambientales. En concreto, el diputado nacionalista y promotor de la ley, José Miguel González, dio a conocer en la mesa de El Debate de EL DÍA que "es una cuestión tan compleja que nos habíamos olvidado de incluir numerosas especies que estaban en el catálogo nacional y que ahora es posible que se queden fuera, así que las hemos incluido todas". Este hecho despertó la indignación de la representante de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Cristina González, que aseguró no entender "cómo el Gobierno de Canarias incluye en el nuevo catálogo especies que aún están protegidas y recogidas en el nacional, y encima en el autonómico se les reduce el nivel de protección". A juicio de González, "CC y PP no pueden decir que la nueva herramienta va a aumentar y a apoyar el catálogo nacional si luego hay muchas especies que pasan de estar reconocidas como en peligro de extinción a ser de interés para los ecosistemas canarios". Esta postura fue refrendada por los dos representantes de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna que insistieron en que "este tipo de cosas nunca habría sucedido si se hubiera contado con el respaldo de la comunidad científica que es quien único conoce de una forma actualizada el estado en el que se encuentran todas las especies y la categoría que verdaderamente deben tener".
