Vía: www.canarias24horas.com
Román Rodríguez*
Sábado, 9 de enero de 2010
Cuando en el mundo crece la preocupación por los problemas medioambientales. Cuando cada vez se es más consciente de las repercusiones de la acción humana sobre el territorio y sobre las especies que habitan en este Planeta y que tienen su expresión más impactante en el cambio climático y sus consecuencias, señalando Naciones Unidas que un 30% de las especies corren el peligro de desaparecer por el calentamiento global.
Cuando los expertos estiman que sólo en los últimos cinco siglos la actividad humana ha forzado la desaparición de un millar de especies, proceso que se ha visto fuertemente acelerado en las últimas décadas. Cuando la comunidad científica pone el acento en la desaparición de buena parte de la biodiversidad y los esfuerzos que se deben realizar para evitarlo. Cuando una de las potencialidades de esta tierra reside, precisamente, en sus valores medioambientales y en la relevante presencia de endemismos...
Cuando todo esto ocurre, el Gobierno de Canarias de ATI-CC y PP pone en marcha una propuesta que, mediante una ley que se debatirá en el Parlamento de Canarias en el próximo período de sesiones, la Ley del Catálogo de Especies Protegidas, trata de eliminar, en unos casos, y rebajar, en otros, la protección de más de 300 especies autóctonas de gran valor y, muchas de ellas, en evidente peligro de extinción.
Paradójico resulta, al menos, que una formación, como ATI-CC, que hace gala de nacionalismo y que hasta se permite devaneos soberanistas en su último Congreso, al mismo tiempo trabaje denodadamente para destruir una parte significativa del patrimonio natural de esta tierra, que igual no considera referente identitario, al menos con el inusitado interés del más moderno y rentable cemento. Al respecto, en documentos de la ONU sobre biodiversidad se destaca que "el daño a la diversidad biológica también nos afecta culturalmente ya que nuestra identidad cultural está profundamente arraigada en nuestro entorno biológico".
Como hemos señalado desde Nueva Canarias, se trata de un despropósito la proposición de Ley presentada por este Gobierno de Canarias y que, de aprobarse, supondría una rebaja en la protección a especies autóctonas, emblemáticas y en serio riesgo de desaparición, como la abubilla, el guincho, el drago, el gorrión chillón, el pinzón azul, la tortuga boba o el tajinaste azul.
Adaptación
Aunque afirman que su objetivo es adaptar la normativa canaria sobre protección de especies a las exigencias de la legislación básica estatal y de la normativa comunitaria, lo que realmente está haciendo el Ejecutivo es desproteger especies, como ocurre con los sebadales, para poder dar paso a la construcción de infraestructuras como el Puerto de Granadilla, salvando así las dificultades que hasta ahora ha encontrado en los tribunales.
Considero que se ha hecho caso omiso a la comunidad científica, que, como ha sucedido con los catedráticos de la Universidad de La Laguna Wolfredo Wildpret y Alberto Brito, o con el director del Jardín Canario, David Bramwell, han advertido claramente que esta proposición de Ley se presenta sin rigor y sin las mínimas garantías ambientales.
El dictamen del Consejo Consultivo sobre esta Ley señala que en ningún caso el Catálogo canario puede suponer "disminución de la protección" respecto al Catálogo Español de Especies Amenazadas, y si las hubiere "deberán ser corregidos en aras a la adecuada concordancia entre el Catálogo Canario y el Español. La correspondencia entre ambos Catálogos es precisa para que se alcance la necesaria seguridad jurídica en la materia".
Por eso comparto las consideraciones recogidas en el voto particular del consejero José Suay al dictamen preceptivo del Consultivo. Por un lado, respecto al rango normativo elegido, al entender que la Ley ha de limitarse a establecer el marco normativo general, las categorías de especies y el procedimiento para su inclusión en ellas. Igualmente, porque con la incorporación a la Ley del catálogo quedan menoscabados los derechos de participación ciudadana y de defensa jurisdiccional. Más aún, como bien señala Suay, cuando no se incrementa sino que se disminuye el nivel de protección de determinadas especies. Otras objeciones hacen referencia a que tienen que estar justificadas objetivamente las razones por las que se decide la rebaja sustantiva en la protección de determinadas especies; y, asimismo, que la descatalogación sólo procede cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Algo de lo que carece la propuesta gubernamental.
Sebadales
Una falta de rigor científico que ya se puso en evidencia con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que suspendió las obras del Puerto de Granadilla tras la descatalogación de los sebadales y que puede acarrear nuevas consecuencias legales. En este sentido, puede ser determinante que los sebadales de las Islas hayan visto incrementada su protección por parte del Estado. En efecto, desde el 1 de enero, por orden del Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino, se convierten 27 de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que Canarias definió en el año 2001, y entre los que se encuentran distintos sebadales, en Zonas Especiales de Conservación. Lo que parece ir justo en dirección contraria a las pretensiones del Gobierno canario. Todo parece indicar que esta decisión complica las intenciones del Ejecutivo canario de quitar cualquier traba a la eliminación de los sebadales.
Quiero señalar, por último, que con esta Ley, que pretende descatalogar la mitad de las especies actualmente protegidas y rebajar el nivel de protección de un tercio de las mismas, se consumaría un disparate más de este Gobierno, que unas veces atenta contra los servicios públicos y otras contra la ordenación territorial, haciéndolo en esta ocasión contra el patrimonio natural de Canarias, patrimonio que debieran preservar por respeto al pasado, al presente y al futuro de esta tierra.
*Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.
