Vía: www.diariodeavisos.com
Alfonso González Jerez
Acabo de oír a José Manuel Soria afirmar, a través de Radio Club Tenerife, que la culpa del apagón eléctrico del pasado miércoles en Tenerife fue de "los que dicen no a todo". Esta peculiar locución, en boca del vicepresidente del Gobierno autonómico y en una coyuntura como la referida, representa una de las mayores concentraciones de cinismo que se hayan podido escuchar últimamente en las Islas. Por supuesto, la expresión "los que dicen no a todo" está perfectamente diseñada. Por un lado pretende caracterizar a una ominosa, aunque indeterminada, masa de energúmenos diagnosticando una chifladura maniáticamente derogatoria; por otro, les niega simplemente cualquier identidad que merezca una explicación. En el saco verbal de los del "no a todo" caben todos los críticos y disidentes sin necesidad de enojosos detalles, y en especial, sin molestarse en atender por un instante a sus razones y argumentos: uno de los principios fundamentales del propagandismo totalitario consiste en asimilar a los críticos a un solo bloque abstracto inspirado en la estupidez, la ignorancia o la maldad. ¿También pertenecen a los del "no a todo" los que rechazan el proyecto legislativo de CC para establecer el Catálogo de Especies Protegidas? ¿Las organizaciones ecologistas, los profesores e investigadores universitarios, las asociaciones culturales, los cargos y ex cargos públicos? Y el comité de empresa de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, ¿forman parte del oscuro y malévolo batallón de los negacionistas universales? ¿Habrá que concluir que los funcionarios técnicos del departamento dirigido por Domingo Berriel conspiran arteramente contra el Gobierno y el interés general que incontestablemente encarna? Cada vez con mayor frecuencia recuerdo la irónica reflexión de Bertold Brecht sobre el gobierno de la República Democrática Alemana, que aplastó sin piedad las primeras revueltas populares contra la dictadura comunista en 1953: "¿No sería más fácil para el Gobierno disolver el pueblo y elegir otro?".
La responsable directa del apagón que dejó a Tenerife sin electricidad el pasado miércoles (en algunas poblaciones y núcleos urbanos durante más de siete horas) es la compañía Unelco-Endesa. Y todo el maldito follón lo originaron unas goteras en el edificio de la central térmica de Las Caletillas. El viento se llevó casi la mitad de las placas impermeabilizadoras que cubrían el techo del edificio, se filtró el agua, el agua llegó a un grupo electrógeno y un interruptor desconectó automáticamente el sistema, produciendo de inmediato una desconexión en cadena que dejó sin electricidad a 900.000 tinerfeños a partir del mediodía. Así lo explicó a la prensa el director de Unelco- Endesa en Tenerife, José Manuel de la Cruz. El señor De la Cruz debió reconocer a los periodistas que durante el temporal Delta, en el año 2006, también volaron por los aires las placas impermeabilizadoras: lo hizo con una apretada y fugaz sonrisa. Sería interesante (obligadamente interesante) que el señor De la Cruz explicara qué clase de compañía eléctrica, después de una tormenta que dejó a la Isla sin suministro eléctrico durante cuatro o cinco días, se limita a reponer las puñeteras placas hasta el próximo accidente. Preguntarle si los miles de millones de euros que Endesa afirma haber invertido en Canarias desde 2007 no incluían una modesta partida para garantizar la impermeabilización de una central eléctrica como la de Las Caletillas. La extendida sensación entre la ciudadanía, esa incómoda certidumbre según la cual Endesa nos trata a los isleños como a niños oligofrénicos, parece cada vez más sólida y justificable.
La responsabilidad indirecta del fundido en negro que padecimos está semana recae en la Administración autonómica, que debe tutelar el funcionamiento del sistema eléctrico y ejecutar las labores de inspección del mismo. Por eso mismo el señor Soria, con inaudita chapucería argumental, intenta invisibilizarse y señalar con el dedo a las hordas de bárbaros que pretenden arrastrarnos a la antorcha y el pedernal. Pero que se sepa, hasta el momento, las asociaciones ecologistas no ocupan puestos de responsabilidad en el Ejecutivo regional. ¿A qué se refiere el señor Soria cuando les achaca desvergonzadamente la responsabilidad del apagón eléctrico? ¿Han sido los ecologistas los que han provocado, con sus terribles algaradas, que la central de Candelaria cuente con medidas de impermeabilización poco más fiables que las de un goro? ¿O se refiere el consejero de Economía y Hacienda a la paralización de las obras para la implantación del ciclo combinado en la central eléctrica de Granadilla? Se trata de una decisión del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, presidido por una militante de Coalición Canaria, Carmen Nieves Gaspar, que reclamó a Endesa seis millones de euros como compensación por su futura actividad empresarial. Un asunto de pasta en el que la conspiración judeo-masónica-verdulera resulta difícilmente detectable. ¿O tal vez alude Soria al cierre y eventual traslado de la central térmica de Las Caletillas? Pero dicha decisión es el fruto de un acuerdo entre el ayuntamiento candelariero y el Gobierno regional, y al pie del documento nadie podrá descubrir las firmas de Ben Magec, ATAN, Greenpeace o Sí se puede. Vaya. Será el puerto industrial de Granadilla, indispensable para el transporte y desembarco del gas en la futura estación de ciclo combinado. Y, efectivamente, un amplio grupo de colectivos se han opuesto al proyecto del puerto de Granadilla. Sólo falta que el señor Soria conecte las goteras de la estación de Las Caletillas con un proyecto portuario paralizado por los tribunales de justicia para que pueda estigmatizar como verdugos del suministro eléctrico de Tenerife a ecologistas, rojos y demás ralea. A ver si sus servicios de prensa se ponen rápidamente a la faena. Mientras tanto, el propio presidente del PP de Canarias anuncia que su partido propondrá en el Parlamento que las obras de infraestructura eléctrica puedan emprenderse sin ninguna autorización administrativa específica, "aunque admitiendo implícitamente que se adecuarán a la legislación vigente". Implícitamente. La solución, según la doctrina soriásica, no es que los poderes públicos establezcan objetivos, articulen diseños y ejerzan la debida tutela sobre un servicio estratégico para la vida cotidiana y el desarrollo socioeconómico de un país, sino concederle a los gestores de dicho servicio -que actúan en un régimen de monopolio de facto- una libertad casi irrestricta para ejecutar sus proyectos sin autorizaciones, expedientes ni martingalas administrativas. Dentro de un marco conservador -que para Soria y tal vez para el resto del Gobierno podría constituir un exceso izquierdista- el Ejecutivo debería tomar un pequeño conjunto de medidas:
1. Incoar un expediente de sanción a Unelco-Endesa reclamando a la indemnización económica más alta que fije la normativa en vigor, por los daños objetivables causados por los últimos temporales que han afectado al Archipiélago.
2. Potenciar los servicios de inspección sobre el sistema de suministro eléctrico (Endesa y Red Española) particularmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
3. Exigir un compromiso de inversión, con especial atención a las medidas e instrumentos que minimicen averías y cortes de suministro, respaldado por un cronograma riguroso y realista.
4. Modificar profundamente el Plan Energético de Canarias (PECAN), toda vez que el objetivo de reducir la dependencia del petróleo hasta el 72% para 2015 es un objetivo ya claramente irrealizable. El PECAN debe ser un instrumento con el máximo consenso político y parlamentario y se debe impulsarse la confluencia entre sus objetivos y metodologías y los planes de ordenación insulares.
5. Introducir en el PECAN mayores exigencias y plazas más breves para la diversificación de fuentes primarias de energía maximizando la integración de las energías renovables, para lo cual debe resolverse, sin mayores y más vergonzosas dilaciones, los concursos de energía eólica. Aquí sí es relevante desmontar la complejidad administrativa de las autorizaciones, tanto para los parques eólicos como para la instalación de plantas fotovoltaicas. Tal y como han señalado los especialistas (y un servidor recoge de un artículo del diputado nacional José Segura) una de las dificultades para la implantación de energías renovables reside en la falta de mecanismos de regulación que absorban la variabilidad de las fuentes energéticas y las haga más gestionables. Mientras no se desarrollen las centrales de bombeo u otros mecanismos de almacenamiento, la introducción de energías renovables se verá limitada por el pequeño tamaño de las islas para poder garantizar la operatividad del sistema en condiciones de seguridad para los usuarios.
6. Avanzar provisionalmente en la dirección de centrales de ciclo combinado, manteniendo las dos plantas actualmente en funcionamiento en Tenerife y Gran Canaria, pero desarrollando campañas de ahorro energético, tanto practicando la pedagogía social como estimulando la instalación de tecnología para reducir razonablemente el consumo.
