Vía: www.eldia.es
Aurelio Martín, profesor del Dpto. de Biología Animal de la Universidad de La Laguna
CANARIAS, entre otros valores más conocidos, tiene el lujo de contar con una biodiversidad fuera de lo común. Biodiversidad, para entendernos, es casi todo o todo; no es sólo una lista de especies sino que también incluye los bienes y servicios naturales que influyen cotidianamente en nuestras vidas. Los animales y plantas que comemos, los insectos que polinizan las plantas, las plantas que sujetan el terreno, los árboles que captan el agua, etc.
El incremento de la población humana, tanto autóctona como aquella atraída por la belleza del paisaje y lo benigno del clima, ha conllevado un deterioro notorio de los valores naturales de las islas. Aún así, el archipiélago sigue albergando una gran parte de su biodiversidad original cuya importancia es bien conocida por la singularidad de la misma. Sirva como ejemplo el mencionar que el Archipiélago Canario tiene más especies de aves endémicas (exclusivas de las islas) que todo el resto de España. Por ello, no es necesario indicar que los canarios deberíamos sentirnos orgullosos de ese regalo de la naturaleza y que nuestra obligación es conservar esa valiosa biodiversidad.
Las especies son, sin duda, uno de los elementos estructurantes de la biodiversidad y es por ello, entre otras razones, por lo que deben ser conservadas. En los últimos meses se ha suscitado una polémica acerca de la proposición de Ley sobre el Catálogo Canario de Especies Protegidas promovido por Coalición Canaria. Actualizar el catálogo vigente es algo que nadie discute, pero la propuesta de descatalogar especies o reducir la categoría de protección de otras, así como la forma en que se ha llevado a cabo, ha provocado severas críticas en numerosos colectivos que se dedican a la conservación y estudio de la biodiversidad. Tal es el caso de la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, de la Sociedad Española de Ornitología, de la Asociación Herpetológica Española, del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, etc.
El rechazo de la comunidad científica a dicha propuesta se basa fundamentalmente en que el catálogo no refleja la amenaza real de la biodiversidad y por tanto sus necesidades de protección. La propuesta se adelanta, incomprensiblemente y fuera de todo sentido común, a la inminente aprobación del Catálogo Español de Especies Amenazadas, que será la referencia ineludible de todas las comunidades autónomas. En el mismo se establecerán las categorías mínimas de protección para las especies de todo el territorio nacional. Además, la propuesta de Coalición Canaria crea una categoría nueva, "especies de interés para los ecosistemas canarios", la cual no sólo es poco afortunada, ya que establece arbitrariamente la importancia ecológica de las especies, sino incoherente y anticuada al limitar la protección de las especies al interior de los espacios protegidos. Por otra parte, todo ello se ha hecho sin consultar a los expertos, sin posibilidad de participación pública, y además por ley y no por decreto, a diferencia de todos los catálogos de especies amenazadas de España, incluido el nacional.
Las prisas y la falta de rigor son los denominadores comunes tanto de la propuesta como de las posteriores enmiendas realizadas por Coalición Canaria. Hasta un niño, si supiera que el Oromia hephaestos es un escarabajo terrestre, no hubiese cometido el error de escribir en las enmiendas que se trata de un mamífero marino; o que una planta, Cerastium sventenii, pertenece al subgrupo de los reptiles. Asimismo, la propuesta está basada en criterios que en algunos casos son arbitrarios, erróneos o como mínimo discutibles. Por ello se concluye, sin razón, por ejemplo, que el lagarto gigante de Tenerife no está en peligro de extinción, categoría con la que aparece en estos momentos tanto en el vigente catálogo nacional como en el canario. En este caso se trata de una especie que estuvo ampliamente distribuida en Tenerife y que en la actualidad sobrevive a duras penas en los acantilados de Los Gigantes y en Guaza, sometido a gran número de amenazas. El trato a este lagarto contrasta inexplicablemente con el dado al mismo por el Gobierno de Canarias al incluirlo como una de las cien especies amenazadas prioritarias de gestión en la región macaronésica en el libro Top 100. Dicho libro es prologado por el director general del Medio Natural, D. Francisco Martín, y cuenta con comentarios del consejero de Medio Ambiente, D. Domingo Berriel. El libro está publicado en 2008, y en él se pueden leer las siguientes palabras del consejero: "?está clara la necesidad de dar coherencia a esta red ecológica europea integrando en la misma las cien especies más necesitadas de protección de la Macaronesia, objetivo que esperamos cumplir a lo largo de los próximos dos años...". En la nueva propuesta del catálogo abundan los ejemplos de especies mal catalogadas como el cigarrón palo palmero, el gorrión chillón, el paíño común, el paíño pechialbo, el charrán común, etc.
Todo este cúmulo de despropósitos está aderezado con las declaraciones de los políticos defensores de la propuesta no exentas de prepotencia y falsedades. El Sr. Berriel, quien por su cargo debería ser el más interesado en que el catálogo incluya las especies merecedoras de protección, decía que "la comunidad científica no puede sustituir la voluntad del Parlamento". Tiene toda la razón, salvo que los científicos no pretenden en absoluto esa sustitución. Lo que quieren es que se les escuche porque para algo dedican su vida al estudio de la biota del archipiélago y que luego, con mayor conocimiento, el Parlamento tome su decisión. Se pregunta además el consejero: "¿Por qué tengo que consultar con las universidades canarias si no se hizo con el catálogo anterior?". Incluso aunque fuese verdad que las universidades no fuesen consultadas en su momento, su pregunta es una clara manifestación de prepotencia y un insulto a las instituciones universitarias de Canarias. Su comentario resulta aún más grave si añadimos que para la elaboración del catálogo anterior sí que se pidió la opinión de ambas universidades. Tampoco es cierto que el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y los técnicos del propio Gobierno hayan apoyado la proposición ya que los colegiados y el Comité de Empresa de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias han mostrado su rechazo.
Finalmente, no está en mi ánimo polemizar sobre el catálogo sino en pedir al Parlamento de Canarias que no acepte la actual proposición, y que el Gobierno de Canarias promueva a través de la Consejería de Medio Ambiente una serie de reuniones entre sus técnicos y expertos para elaborar un catálogo más acorde con la realidad y consensuado por todos. Creo que esto es lo mínimo que puede pedirse en un país civilizado al que la naturaleza dotó de una biodiversidad privilegiada.
