Vía: www.canarias7.es
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy la proposición de ley del catálogo canario de especies protegidas, pese al intento del PSOE de retrasar su tramitación argumentando que los cabildos no fueron escuchados.
El grupo socialista apeló a la conciencia individual de los diputados de CC y PP, así como a su ética, para que votaran en contra de esta ley, para lo que forzaron que la votación fuera por llamamiento en cada enmienda, pero no logró fisuras en el grupo gubernamental, que rechazó en bloque una a una las propuestas del PSOE.
Esta clase de votación alargó el debate más de tres horas, mientras en el exterior de la sede parlamentaria varias decenas de manifestantes, representantes de colectivos ecologistas como Ben Magec, protestaban por este catálogo, que consideran un atentado contra la biodiversidad.
Según los ecologistas, el único objetivo de este catálogo es desproteger los sebadales de Granadilla, en Tenerife, para que puedan reanudarse las obras del puerto, ahora paralizadas cautelarmente por los tribunales por las posibles afecciones a esas algas.
Ese mismo argumento utilizó la diputada socialista Guacimara Medina, quien señaló que el empeño de CC y PP de tramitar el catálogo como ley, en lugar de como decreto ley, responde a su defensa de los intereses particulares de quienes quieren promover esa obra por encima de la legislación vigente y de los tribunales.
El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, declaró al concluir el debate que a partir de la entrada en vigor de esta ley le corresponde a la Autoridad Portuaria aplicarla, de manera que para construir el puerto, así como cualquier otra infraestructura, se deberá tener en cuenta el nuevo catálogo de especies.
"Al Gobierno de Canarias no le compete ninguna acción jurídica" para desbloquear el puerto de Granadilla, es la Autoridad Portuaria y la Administración del Estado quien tiene la obligación de aplicar la normativa canaria, dijo el consejero.
"Ahora se deberá aplicar esta ley con los efectos que tiene y nada más", agregó.
También la diputada del PP Cristina Tavío se refirió a este efecto de la ley sobre el puerto de Granadilla y se congratuló de que "nunca más se frene la actividad económica con la excusa de la presencia de una especie en extinción que no es una especie en extinción".
"A partir de esta ley, que se ha aprobado por una mayoría respetable, podemos celebrar que se va a reactivar la economía en un municipio tan importante en el sur de Tenerife como Granadilla de Abona", dijo Cristina Tavío.
Durante el debate parlamentario, la socialista Guacimara Medina se lamentó de que precisamente en el año mundial de la biodiversidad los diputados de CC y PP "dejen a un lado la ética" para centrarse "en un asalto, agresión y matanza acelerada de especies perpetrada en beneficio exclusivo de la generación presente".
"Aquí se obvia el estado de derecho, se utiliza la democracia para no hacer democracia", protestó Medina, quien reprochó al Gobierno de Canarias que haya eludido la participación ciudadana y legislado en contra de la opinión de la comunidad científica.
A esto respondió Berriel en declaraciones a los periodistas que "nadie puede atribuirse el monopolio de la ciencia" y subrayó que el Gobierno de Canarias cuenta con suficientes informes técnicos y científicos que respaldan el catálogo.
También destacó la flexibilidad que permite la ley para que se protejan nuevas especies, como anunció que se producirá mediante un decreto para cumplir las objeciones que había manifestado el Cabildo de El Hierro.
Afirmó que en esa línea, siempre estará abierto a introducir los cambios que solicite la comunidad científica, siempre que sean "de forma motivada".
Guacimara Medina se lamentó de que tantos años de esfuerzo para la protección de la biodiversidad canaria y de estudios científicos se pierdan con este catálogo "contra natura", lo que la llevó a afirmar: "El verdadero enemigo de la biodiversidad canaria está sentado en este Parlamento".
Acusó a CC y a PP de utilizar el poder que les han dado los ciudadanos para defender los intereses "de unos pocos", sin tener en cuenta la opinión de los científicos ni de cabildos y ayuntamientos que se han opuesto a este catálogo.
"Canarias es noticia en todo el mundo porque desprotegemos nuestra biodiversidad, parece una pesadilla", dijo Guacimara Medina.
"*Para quién estamos gobernando, dónde quedan los compromisos de una economía sostenible y los derechos de las generaciones futuras, dónde la moral y la ética de los diputados que van a aprobar esto?", preguntó.
Reclamó insistentemente a los diputados de CC y PP que se oponen a ese catálogo que fueran consecuentes a la hora de emitir su voto, porque "este atajo nos va a costar muy caro".
José Miguel González, diputado de CC, acusó al PSOE de sustituir los argumentos por insultos y afirmó que la protección de una especie sólo se consigue dentro los ecosistemas de los que forman parte, "así que es los ecosistemas lo que hay que proteger".
Justificó la necesidad de una ley, y no un decreto ley, para poder introducir las sanciones correspondientes y porque la legislación del Estado ha eliminado dos figuras de protección que con este catálogo se recuperan.
"Más de la mitad del catálogo vigente ha quedado sin valor por la legislación del Estado, y por eso tenemos que actuar por ley, para proteger a más de la mitad de las especies canarias", argumentó.
También negó que se haya hecho el catálogo en contra de la comunidad científica, porque en su elaboración han participado científicos adscritos al Gobierno de Canarias, y aseguró que en todo el trámite parlamentario han estado abiertos a las sugerencias de la comunidad científica y organizaciones ecologistas.
Carlos Ester, del Partido Popular, afirmó que responsablemente el PP apoya esta proposición de ley "porque refuerza la política de protección a la biodiversidad".
Acusó al PSOE de no respetar la legitimidad de la mayoría parlamentaria y señaló que se trata de una ley flexible que permite incorporar nuevas especies para su protección en el futuro si fuera necesario.
También señaló que la ley recoge las consideraciones del Consejo Consultivo de Canarias, y por tanto está ajustada a derecho.
El grupo socialista apeló a la conciencia individual de los diputados de CC y PP, así como a su ética, para que votaran en contra de esta ley, para lo que forzaron que la votación fuera por llamamiento en cada enmienda, pero no logró fisuras en el grupo gubernamental, que rechazó en bloque una a una las propuestas del PSOE.
Esta clase de votación alargó el debate más de tres horas, mientras en el exterior de la sede parlamentaria varias decenas de manifestantes, representantes de colectivos ecologistas como Ben Magec, protestaban por este catálogo, que consideran un atentado contra la biodiversidad.
Según los ecologistas, el único objetivo de este catálogo es desproteger los sebadales de Granadilla, en Tenerife, para que puedan reanudarse las obras del puerto, ahora paralizadas cautelarmente por los tribunales por las posibles afecciones a esas algas.
Ese mismo argumento utilizó la diputada socialista Guacimara Medina, quien señaló que el empeño de CC y PP de tramitar el catálogo como ley, en lugar de como decreto ley, responde a su defensa de los intereses particulares de quienes quieren promover esa obra por encima de la legislación vigente y de los tribunales.
El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, declaró al concluir el debate que a partir de la entrada en vigor de esta ley le corresponde a la Autoridad Portuaria aplicarla, de manera que para construir el puerto, así como cualquier otra infraestructura, se deberá tener en cuenta el nuevo catálogo de especies.
"Al Gobierno de Canarias no le compete ninguna acción jurídica" para desbloquear el puerto de Granadilla, es la Autoridad Portuaria y la Administración del Estado quien tiene la obligación de aplicar la normativa canaria, dijo el consejero.
"Ahora se deberá aplicar esta ley con los efectos que tiene y nada más", agregó.
También la diputada del PP Cristina Tavío se refirió a este efecto de la ley sobre el puerto de Granadilla y se congratuló de que "nunca más se frene la actividad económica con la excusa de la presencia de una especie en extinción que no es una especie en extinción".
"A partir de esta ley, que se ha aprobado por una mayoría respetable, podemos celebrar que se va a reactivar la economía en un municipio tan importante en el sur de Tenerife como Granadilla de Abona", dijo Cristina Tavío.
Durante el debate parlamentario, la socialista Guacimara Medina se lamentó de que precisamente en el año mundial de la biodiversidad los diputados de CC y PP "dejen a un lado la ética" para centrarse "en un asalto, agresión y matanza acelerada de especies perpetrada en beneficio exclusivo de la generación presente".
"Aquí se obvia el estado de derecho, se utiliza la democracia para no hacer democracia", protestó Medina, quien reprochó al Gobierno de Canarias que haya eludido la participación ciudadana y legislado en contra de la opinión de la comunidad científica.
A esto respondió Berriel en declaraciones a los periodistas que "nadie puede atribuirse el monopolio de la ciencia" y subrayó que el Gobierno de Canarias cuenta con suficientes informes técnicos y científicos que respaldan el catálogo.
También destacó la flexibilidad que permite la ley para que se protejan nuevas especies, como anunció que se producirá mediante un decreto para cumplir las objeciones que había manifestado el Cabildo de El Hierro.
Afirmó que en esa línea, siempre estará abierto a introducir los cambios que solicite la comunidad científica, siempre que sean "de forma motivada".
Guacimara Medina se lamentó de que tantos años de esfuerzo para la protección de la biodiversidad canaria y de estudios científicos se pierdan con este catálogo "contra natura", lo que la llevó a afirmar: "El verdadero enemigo de la biodiversidad canaria está sentado en este Parlamento".
Acusó a CC y a PP de utilizar el poder que les han dado los ciudadanos para defender los intereses "de unos pocos", sin tener en cuenta la opinión de los científicos ni de cabildos y ayuntamientos que se han opuesto a este catálogo.
"Canarias es noticia en todo el mundo porque desprotegemos nuestra biodiversidad, parece una pesadilla", dijo Guacimara Medina.
"*Para quién estamos gobernando, dónde quedan los compromisos de una economía sostenible y los derechos de las generaciones futuras, dónde la moral y la ética de los diputados que van a aprobar esto?", preguntó.
Reclamó insistentemente a los diputados de CC y PP que se oponen a ese catálogo que fueran consecuentes a la hora de emitir su voto, porque "este atajo nos va a costar muy caro".
José Miguel González, diputado de CC, acusó al PSOE de sustituir los argumentos por insultos y afirmó que la protección de una especie sólo se consigue dentro los ecosistemas de los que forman parte, "así que es los ecosistemas lo que hay que proteger".
Justificó la necesidad de una ley, y no un decreto ley, para poder introducir las sanciones correspondientes y porque la legislación del Estado ha eliminado dos figuras de protección que con este catálogo se recuperan.
"Más de la mitad del catálogo vigente ha quedado sin valor por la legislación del Estado, y por eso tenemos que actuar por ley, para proteger a más de la mitad de las especies canarias", argumentó.
También negó que se haya hecho el catálogo en contra de la comunidad científica, porque en su elaboración han participado científicos adscritos al Gobierno de Canarias, y aseguró que en todo el trámite parlamentario han estado abiertos a las sugerencias de la comunidad científica y organizaciones ecologistas.
Carlos Ester, del Partido Popular, afirmó que responsablemente el PP apoya esta proposición de ley "porque refuerza la política de protección a la biodiversidad".
Acusó al PSOE de no respetar la legitimidad de la mayoría parlamentaria y señaló que se trata de una ley flexible que permite incorporar nuevas especies para su protección en el futuro si fuera necesario.
También señaló que la ley recoge las consideraciones del Consejo Consultivo de Canarias, y por tanto está ajustada a derecho.
