Vía: canarias24horas.com
El consejero de Medio Ambiente critica que el catálogo de 2001 “tenía muy poco rigor técnico”. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, planteó hoy en el Parlamento de Canarias que la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, que la cámara autonómica aprobó la semana pasada, “en modo alguno, produce ninguna descatalogación ni ningún ataque a la biodiversidad”.
Berriel acusa al PSOE de boicotear el puerto de Granadilla
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Berriel realizaba estas afirmaciones ante una pregunta de la diputada socialista Guacimara Medina, quien le planteó si consideraba que la biodiversidad de Canarias está adecuadamente protegida. Berriel habló de que la nueva ley tiene “fuerza moral y legal para que el Gobierno la cumpla” y criticó que Medina y quienes se opone a la ley, “tal vez prefirieran mantener un decreto de 2001 hecho con muy poco rigor técnico”.
El consejero cargó contra la comunidad científica que desde las universidades canarias y otras organizaciones han criticado la ley. En esa línea planteó que, “cuando se han hecho a través de ellos, los trabajos dicen otras cosas”. Berriel añadió que en un libro encargado por la Consejería a los científico se planteaba que “hasta 44 especies y subespecies había que desproteger”.
En su alocución ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Berriel aseguró que el objetivo de su departamento es “el progresivo incremento de su exigencia”. Así, valoró que Canarias cuenta “con recursos economicos adecuados” para cumplir la legislación vigente. En esa línea planteó que, frente a una posible intervención estatal para limitar el alcance de la nueva ley, desde el Gobierno de Canarias no se va a consentir “que el Estado promueva una ablación del Catálogo”.
Medina planteó una intervención muy crítica y acusó directamente al consejero de “mirar para otro lado, mientras se hace una ley que responde al interés de otras consejerías”, en alusión a que la nueva norma permitiría desbloquear el puerto de Granadilla.
La diputada también preguntó por qué el Gobierno o los grupos que lo apoyan no han tenido en cuenta la opinión de la comunidad científica sobre el Catálogo. En esa línea, Medina comentaba lo curioso que resulta que, “una vez aprobada por el Pleno del Parlamento, se planteara alguna modificación del Catálogo por decreto y con los informes de la comunidad científica”.
PARTICIPACIÓN
Berriel aseguró que la Consejería participó en la evaluación de la ley, como marca la reglamentación de cara a un proyecto de ley que presentan los grupos parlamentarios. En ese sentido, explicó que los 17 técnicos de la Consejería realizaron el informe y que para éste no se contó con la participación de otros científicos, quienes “no remitieron a la Consejería su disconformidad científica con el documento”.
Guacimara Medina criticó a Berriel de salirse por la tangente y de permitir una ley “sin consenso y que no cuenta con la participación ciudadana ni con la comunidad científica”. La diputada del PSC planteó que los ciudadanos “le han cogido el truco al Gobierno de lo que están haciendo con esta proposición de ley”.
Las acusaciones de Medina hicieron que el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, se sintiese aludido y acusase a la diputada socialista de realizar una “soflama política mentirosa”. González defendió la capacidad de su grupo de plantear una proposición de ley.
El consejero cargó contra la comunidad científica que desde las universidades canarias y otras organizaciones han criticado la ley. En esa línea planteó que, “cuando se han hecho a través de ellos, los trabajos dicen otras cosas”. Berriel añadió que en un libro encargado por la Consejería a los científico se planteaba que “hasta 44 especies y subespecies había que desproteger”.
En su alocución ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Berriel aseguró que el objetivo de su departamento es “el progresivo incremento de su exigencia”. Así, valoró que Canarias cuenta “con recursos economicos adecuados” para cumplir la legislación vigente. En esa línea planteó que, frente a una posible intervención estatal para limitar el alcance de la nueva ley, desde el Gobierno de Canarias no se va a consentir “que el Estado promueva una ablación del Catálogo”.
Medina planteó una intervención muy crítica y acusó directamente al consejero de “mirar para otro lado, mientras se hace una ley que responde al interés de otras consejerías”, en alusión a que la nueva norma permitiría desbloquear el puerto de Granadilla.
La diputada también preguntó por qué el Gobierno o los grupos que lo apoyan no han tenido en cuenta la opinión de la comunidad científica sobre el Catálogo. En esa línea, Medina comentaba lo curioso que resulta que, “una vez aprobada por el Pleno del Parlamento, se planteara alguna modificación del Catálogo por decreto y con los informes de la comunidad científica”.
PARTICIPACIÓN
Berriel aseguró que la Consejería participó en la evaluación de la ley, como marca la reglamentación de cara a un proyecto de ley que presentan los grupos parlamentarios. En ese sentido, explicó que los 17 técnicos de la Consejería realizaron el informe y que para éste no se contó con la participación de otros científicos, quienes “no remitieron a la Consejería su disconformidad científica con el documento”.
Guacimara Medina criticó a Berriel de salirse por la tangente y de permitir una ley “sin consenso y que no cuenta con la participación ciudadana ni con la comunidad científica”. La diputada del PSC planteó que los ciudadanos “le han cogido el truco al Gobierno de lo que están haciendo con esta proposición de ley”.
Las acusaciones de Medina hicieron que el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, se sintiese aludido y acusase a la diputada socialista de realizar una “soflama política mentirosa”. González defendió la capacidad de su grupo de plantear una proposición de ley.
