JAVIER REYES
SANTA CRUZ. Sólo ha habido consenso para admitir la necesidad de reformar el catálogo de especies protegidas, un documento desfasado gestado a comienzos de la década y que, además, debía adaptarse a las nuevas directivas procedentes de la Unión Europea. En el «Año Internacional de la Biodiversidad», en Canarias ésa ha sido la única evidencia clara, la única postura de consenso en un largo debate que ha vuelto a aumentar la brecha entre el Gobierno regional y la sociedad. Y lo que debía ser un debate puramente científico ha acabado en bronca política y ciudadana, con el puerto industrial de Granadilla como invitado de primera clase.
Más de un científico se tira de los pelos estos días porque se está perdiendo una gran oportunidad para poner a la biodiversidad debajo de los focos de la opinión pública, más pendiente del maniqueo debate del puerto de Granadilla que del fondo del documento. Y la reforma no es baladí. Más aún en una comunidad autónoma como la canaria, donde la biota ha evolucionado aislada y, en consecuencia, se han formado numerosísimos endemismos, superando la cifra de 3.600 especies y 600 subespecies, entre plantas, algas, hongos y animales. En la última década, por ejemplo, y según la proposición de ley redactada por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), se ha descrito una especie o subespecie canaria nueva para la ciencia cada seis días. El Archipiélago es el centro de biodiversidad más relevante en el ámbito comunitario, y uno de los más destacados a escala mundial. Por todo ello, todos los analistas coinciden en la necesidad de arbitrar medidas de protección. El problema es la fórmula elegida.
Categorías
El nuevo catálogo se estructura en torno a tres bloques: especies amenazadas (en peligro de extinción o vulnerables); de interés para los ecosistemas canarios y de protección especial. «Hay instrumentos nuevos y más ágiles que no impiden que se hagan cosas. Este catálogo es mejor que el anterior. Lo tengo claro». Son las palabras de Antonio Machado, biólogo y director del Observatorio Ambiental de Granadilla, y uno de los pocos que se ha atrevido a nadar a contracorriente en la férrea oposición de la comunidad científica.
De hecho, sin contar a los colectivos ecologistas, plataformas ciudadanas y partidos de izquierdas, el nuevo catálogo ha sido rechazado por el Claustro de la Universidad de La Laguna, el Departamento de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y más de medio centenar de científicos de forma particular de las dos universidades canarias y del Centro Nacional de Investigaciones Científicas.
En el bando contrario están los ecologistas de Ben Magec, que han liderado la rebelión. Hablan de «atropello» y «atentado» porque más de 220 especies se descatalogan o, directamente, se rebaja su grado de protección. En ese sentido dicen que es «surrealista» que especies como el drago, el lagarto gigante de El Hierro o el pinzón azul, por ejemplo, hayan perdido su anterior categoría. Todo tiene una explicación, según Machado: «En el anterior catálogo se trabajó con ligereza. Había especies mal metidas y mal descritas que no estaban ahí, y muchas se ponían porque se desconocían».
En el plano político, el PSOE, favorable a la construcción del puerto de Granadilla, se ha quedado en el lado de los opositores, principalmente por la forma tramitar el catálogo vía proposición de ley y ajena a la participación ciudadana y a la de la comunidad científica. «El catálogo necesitaba una revisión pero no se puede utilizar para construir el puerto. No tiene rigor científico», señala la diputada regional Guacimara Medina. Por no haber participación, ni siquiera se ha dado audiencia a los cabildos.
El más reivindicativo ha sido el de El Hierro, visiblemente molesto por la bajada de categoría del lagarto gigante o el cabezón herreño. Al final, participarán a posteriori gracias a una enmienda de última hora de CC en Parlamento. Con todo, y como diría Santiago Pérez, «los bulldozers están a punto de arrancar». El puerto aguarda.
