El PSOE exige un procedimiento especial para las iniciativas que afecten al medio ambiente
El PSC-PSOE, a través del diputado Santiago Pérez, ha exigido que se establezca un procedimiento legislativo especial a través de la reforma del Reglamento de la Cámara para la tramitación de todas aquellas iniciativas -proyectos de ley o proposiciones de ley- con incidencia en el medio ambiente, en los recursos naturales y en la ordenación del territorio.
Europa Press / Santa Cruz de Tenerife
En una nota de prensa, el parlamentario socialista explicó que en ese procedimiento legislativo deberá haber un periodo de participación de los ciudadanos, que deberá tramitarse en una fase temprana cuando todas las opciones estén abiertas y poniendo a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria para que puedan estudiar el alcance del proyecto o proposición de ley.
Para Santiago Pérez, CC y PP, con la proposición de Ley del Catálogo de Especies, "van en la dirección opuesta a la que marcan los convenios internacionales y las normas europeas, los cuales reconocen el derecho de los ciudadanos a la participación en la elaboración de todas las normas, incluso las de rango legal, que inciden en el medio ambiente". Añadió que dichas normas internacionales y europeas garantizan a los ciudadanos, además, el acceso a los tribunales de justicia para defender la legalidad medioambiental.
El diputado resaltó que esta PNL es "la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a la maniobra de CC y PP de tratar de modificar el Catálogo Canario de Especies Protegidas por medio de una ley -en la actualidad, regulado por un Decreto-, con el fin de evitar que los ciudadanos participen, de ahí las protestas de la comunidad científica y de las organizaciones no gubernamentales".
Añadió que, además, CC y PP "pretenden impedir que se pueda recurrir el nuevo catálogo, porque al regularlo por ley, sólo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional y sólo pueden interponer recurso el Gobierno de España, 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo, el Gobierno de Canarias o el propio Parlamento que, con la mayoría de CC y PP, no lo hará, pero no lo pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional los ciudadanos ni las organizaciones ecologistas".
Pérez resaltó que las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, ante los líderes hispanos anunciando el reinicio de las obras del Puerto de Granadilla dentro de un mes, cuando el Parlamento de Canarias apruebe la nueva Ley de Catálogo de Especies Desprotegidas, "deja en evidencia definitivamente la estrategia del Gobierno: usar el Parlamento para burlar los derechos de los ciudadanos a participar en las decisiones políticas y en las normas reguladoras sobre medio ambiente".
Pérez subrayó que lo que intentan CC y PP con la modificación del Catálogo es "desproteger especies amenazadas y blindar el nuevo documento para que nadie pueda recurrirlo". Así, consideró "evidente" que la desprotección de las especies es "el primer paso para saltarse a la torera las normas europeas y españolas sobre medio ambiente y dejar el camino libre para ejecutar algunas infraestructuras cuestionadas por amplios sectores de la opinión pública canaria".
El PSC-PSOE, a través del diputado Santiago Pérez, ha exigido que se establezca un procedimiento legislativo especial a través de la reforma del Reglamento de la Cámara para la tramitación de todas aquellas iniciativas -proyectos de ley o proposiciones de ley- con incidencia en el medio ambiente, en los recursos naturales y en la ordenación del territorio.
Europa Press / Santa Cruz de Tenerife
En una nota de prensa, el parlamentario socialista explicó que en ese procedimiento legislativo deberá haber un periodo de participación de los ciudadanos, que deberá tramitarse en una fase temprana cuando todas las opciones estén abiertas y poniendo a disposición de los ciudadanos toda la información necesaria para que puedan estudiar el alcance del proyecto o proposición de ley.
Para Santiago Pérez, CC y PP, con la proposición de Ley del Catálogo de Especies, "van en la dirección opuesta a la que marcan los convenios internacionales y las normas europeas, los cuales reconocen el derecho de los ciudadanos a la participación en la elaboración de todas las normas, incluso las de rango legal, que inciden en el medio ambiente". Añadió que dichas normas internacionales y europeas garantizan a los ciudadanos, además, el acceso a los tribunales de justicia para defender la legalidad medioambiental.
El diputado resaltó que esta PNL es "la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a la maniobra de CC y PP de tratar de modificar el Catálogo Canario de Especies Protegidas por medio de una ley -en la actualidad, regulado por un Decreto-, con el fin de evitar que los ciudadanos participen, de ahí las protestas de la comunidad científica y de las organizaciones no gubernamentales".
Añadió que, además, CC y PP "pretenden impedir que se pueda recurrir el nuevo catálogo, porque al regularlo por ley, sólo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional y sólo pueden interponer recurso el Gobierno de España, 50 diputados o senadores, el Defensor del Pueblo, el Gobierno de Canarias o el propio Parlamento que, con la mayoría de CC y PP, no lo hará, pero no lo pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional los ciudadanos ni las organizaciones ecologistas".
Pérez resaltó que las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, ante los líderes hispanos anunciando el reinicio de las obras del Puerto de Granadilla dentro de un mes, cuando el Parlamento de Canarias apruebe la nueva Ley de Catálogo de Especies Desprotegidas, "deja en evidencia definitivamente la estrategia del Gobierno: usar el Parlamento para burlar los derechos de los ciudadanos a participar en las decisiones políticas y en las normas reguladoras sobre medio ambiente".
Pérez subrayó que lo que intentan CC y PP con la modificación del Catálogo es "desproteger especies amenazadas y blindar el nuevo documento para que nadie pueda recurrirlo". Así, consideró "evidente" que la desprotección de las especies es "el primer paso para saltarse a la torera las normas europeas y españolas sobre medio ambiente y dejar el camino libre para ejecutar algunas infraestructuras cuestionadas por amplios sectores de la opinión pública canaria".
