Los ecologistas afirman que carece de aval técnico y que supone un error histórico
Rafael Rodríguez, portavoz de Los Verdes y miembro del comité de empresa de la consejería de Medio Ambiente del gobierno de Canarias, analizó en declaraciones a Radio San Borondón las consecuencias de la aprobación del catálogo de especies protegidas de Canarias y afirma que los técnicos de la consejería de Medio Ambiente mantienen su denuncia de que el catálogo aprobado forma parte de una decisión política unilateral de los miembros del ejecutivo, que carece de aval técnico y que supone un error histórico.
Rafael Rodríguez afirma que el comité de empresa de la consejería de Medio Ambiente del gobierno de Canarias mantiene su denuncia de que el catálogo aprobado forma parte de una decisión política unilateral de los miembros del ejecutivo, que carece de aval técnico y que supone un error histórico, porque además rompe de alguna manera el criterio de que los políticos estén asesorados por técnicos independientes de la administración.
Desde su punto de vista, la aprobación del nuevo catálogo de especies tendrá múltiples e irreversibles consecuencias para Canarias, porque reitera que para su elaboración no tuvieron en cuenta a sus propios trabajadores, lo que pone de manifiesto las verdaderas intenciones de esta Ley, siendo además los propios políticos los responsables de haber creado la norma más nefasta para la biodiversidad de las islas en la historia de la autonomía, puesto que en su confección nada han tenido que ver los técnicos de la administración, ni las universidades, ni los científicos de las islas, que recuerda que estaban en contra de esta Ley.
El portavoz de Los Verdes se muestra convencido de que tarde o temprano las responsabilidades saldrán a la luz, porque recalca que los técnicos que trabajan para Medio Ambiente no han avalado este catálogo, de ahí que cuando los dirigentes del Gobierno afirman públicamente que se trata de una Ley respaldada por científicos, deben decir quiénes son esos científicos que asesoraron la creación de un catálogo que comete errores de bulto y que descataloga especies en peligro al capricho de los políticos, porque opina que cuando se hace alarde de un apoyo científico, debe mencionar quiénes son esas personas o entidades que muestran ese apoyo.
Rodríguez incide en la idea de que si hubo un aval técnico para tomar esta decisión evidentemente política, el gobierno debe hacer público quién da ese apoyo porque estamos hablando de normativas ambientales que requieren esas premisas, por eso es imprescindible saber quién ha hecho las fichas, quién ha hecho la valoración para que las especies cambien de categoría y que no tenga nada que ver con los criterios técnicos, ni siquiera con el criterio del trabajo de los técnicos que ha sido asumido y publicado por la propia administración.
La ciudadanía debería exigir al gobierno de Canarias que haga público cuanto antes quiénes han avalado este catálogo, porque de no hacerlo, demuestran nuestros gobernantes que se trata de una decisión política, que no responde a criterios reales de protección, sino a la vocación partidista y sectaria de quienes sustentan este ejecutivo autonómico, una decisión política orientada a salvar obstáculos legales que permitan la construcción de grandes infraestructuras.
