Los ecologistas inician también la vía administrativa, aunque auguran que el Gobierno no contestará a su petición de que todas las especies 'de interés' pasen a tener la categoría de 'protección especial'. La Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias ha entrado en vigor este jueves y Ben Magec no ha querido esperar para iniciar cuantos procedimientos estén a su alcance para derogarla. Así, se reunirán con el Diputado del Común para que presente un recurso de inconstitucionalidad mientras instan al Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) a que hagan lo propio utilizando a cincuenta de sus senadores o de sus diputados en el Congreso.
Por el momento, uno de los portavoces de la federación ecologista, Toni Rodríguez, ha informado de que se ha iniciado un proceso administrativo con la presentación de un escrito en el Parlamento en el que se pide que las 146 especies incluidas en la categoría de ‘interés para el ecosistema canario’ pasen a formar parte de la categoría de ‘protección especial’. De esta manera, especies como la seba (‘cymodosea nodosa’) que impiden la construcción del Puerto de Granadilla en Tenerife, se protegerían incluso si no están en espacios protegidos.
Esta vía administrativa se abre utilizando las posibilidades que da la propia ley del catálogo y para argumentarla científicamente, como se exige, se ha recurrido al informe de 2009 que el propio Gobierno utilizó en su día para elaborar el catálogo. De hecho, Rodríguez señala que en este documento se dice que la seba alberga características suficientes para una protección especial.
Rodríguez recordó que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, había pedido argumentos e informes científicos para justificar el rechazo al catálogo, ante lo que el portavoz ecologista responde: “Ahí lo tiene señor Berriel”.
De agotarse esta vía administrativa, que los ecologistas auguran se resolverá con el silencio del Ejecutivo regional, irán a los tribunales ya que consideran que esta ley es “inconstitucional” al ir en contra de la normativa estatal que desarrolla a su vez un precepto constitucional sobre la protección de la biodiversidad. En concreto, la Ley 42/2007 y de la que, asegura Rodríguez, “las comunidades autónomas no se pueden salir”.
Para ello, se quejan de que los ciudadanos no tengan forma de recurrir ante una ley aprobada en un parlamento autonómico, y sólo deja como vías para ello que sea el propio Gobierno central, 50 senadores o diputados o el Diputado del Común quienes planteen un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Es por ello que representantes de cuatro grandes federaciones ecologistas de España se reunirán con el Diputado del Común para que inicie este procedimiento, mientras que al PSC le piden que sea “consecuente” con sus denuncias públicas de inconstitucionalidad de esta ley y la recurra ante el TC.
Sin embargo, Rodríguez, a título personal, parece no estar nada convencido del compromiso de los socialistas canarios, ya que recuerda que cuando fue secretario general de la federación ecologista se “cansó” de sus promesas. “Yo ya no espero nada del PSC”, afirmó.
Para Rodríguez, si no se para este catálogo se estará abriendo una “caja de pandora” que servirá para que otras comunidades hagan lo propio. Así, recuerda que cuando se planteó la descatalogación de la seba que afectaba a las obras del Puerto de Granadilla el Gobierno defendía que sólo afectaría al 1,2 por ciento de esta especie. “Ahora afectará a más del 50 por ciento”, añade.
No sólo eso, sino que denuncia que con estas nuevas catalogaciones, que en determinados casos antepone obras de interés general a la protección de especies, será posible la creación de puertos deportivos e industriales o el anillo insular, afectado por un tipo de orquídea que ahora es de interés para la comunidad.
El ecologista apunta que la creación de esta nueva categoría se ha defendido oficialmente como un “mínimo” de protección ante la posibilidad de que el catálogo estatal, que está en revisión, rebaje la protección de algunas especies. Para Ben Magec, esto es en realidad, una “presión” para que se rebajen esas categorías y poder abrir “la caja de pandora”.
