La organización ecologista Ben Magec ha recurrido administrativamente la reducción de la protección de 146 especies de las islas, entre ellas la seba, formadora de los sebadales, justo el primer día de entrada en vigor de la nueva ley del catálogo canario de especies protegidas, aprobada en mayo por el Parlamento de Canarias por CC y PP.
“No hemos querido dejar pasar ni 24 horas" de la entrada en vigor de la ley para impugnar la clasificación de estas especies dentro de la nueva categoría "de interés para los ecosistemas canario", explicó Toni Rodríguez, portavoz de la organización ecologista.
Esa clasificación supone que las 146 especies afectadas no están protegidas fuera de los espacios naturales, y en el caso de los sebadales implica desproteger el 50 por ciento de su población, añadió.
La rebaja en la protección de los sebadales podría suponer la reanudación de las obras del puerto de Granadilla, actualmente paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la afección que podrían suponer para la seba.
Ben Magec se ampara en su recurso administrativo en un artículo de la nueva ley que permite a los ciudadanos proponer el cambio en las categorías de protección.
Para ello, los ecologistas registraron hoy un escrito ante la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente para que las 146 especies catalogadas como "de interés para los ecosistemas canarios" pasen a la categoría de "protección especial".
De esa manera, las 146 especies quedarían protegidas aunque se desarrollen fuera de los espacios naturales, explicó Toni Rodríguez, para quien la creación en la ley canaria de la figura "de interés para los ecosistemas canario" es una muestra de la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta norma, que va en contra de la ley de biodiversidad estatal de 2007.
Por ello, los ecologistas han pedido al Defensor del Pueblo que recurra la ley canaria ante el Tribunal Constitucional.
La otra posibilidad es que el Gobierno central, cincuenta diputados o cincuenta senadores recurrieran ante el TC, pero eso está "en manos del PSOE", explicó.
Toni Rodríguez indicó que a título personal él no es partidario de "perder ni dos minutos" hablando con el PSOE, porque tanto ese partido como "su vocero de medio ambiente", Santiago Pérez, le han dado ya "demasiados palos" al movimiento ecologista.
La ley canaria exige a los ciudadanos que quieran un cambio de catalogación de alguna especie que motiven su solicitud a partir de criterios científicos, y Ben Magec ha aportado al respecto la propia evaluación de especies amenazadas realizada por la Consejería en diciembre de 2009.
Esa evaluación de la Consejería establece que las 146 especies deben estar catalogadas como figuras de interés especial, asimilable a la categoría de protección especial prevista en la nueva legislación canaria, según argumentan los ecologistas.
"Podríamos conseguir informes de estamentos científicos y de las universidades" para justificar la mayor protección de estas especies, pero "no hace falta: el propio informe de la Consejería avala el cambio", aseguró Rodríguez.
El portavoz de los ecologistas advirtió de que si la Consejería opta por el "silencio administrativo", es decir, por no contestar a su petición, Ben Magec recurrirá a los tribunales para demostrar "que toda esta chapuza" del Gobierno de Canarias para posibilitar la construcción de infraestructuras aunque afecten al ecosistema "es ilegal".
En su recurso administrativo, Ben Magec reclama también "la inmediata paralización cautelar" de la aplicación de la ley canaria mientras no haya un pronunciamiento sobre el cambio de catalogación de estas especies.
Para Toni Rodríguez, la aprobación de la ley del catálogo canario de especies protegidas "es el último episodio chapucero, irracional, ilegal y acientífico" del Gobierno de Canarias para llevar adelante el puerto de Granadilla.
Acusó a CC y PP de valerse de la complejidad técnica de esta ley para "mentir de forma descabellada" sobre sus verdaderos propósitos, pero reiteró que la ley canaria es inconstitucional porque no puede reducir la protección estatal, en todo caso aumentarla.
Canarias es la única comunidad autónoma que ha creado el catálogo por ley, según los ecologistas con el fin de dificultar que los ciudadanos y la comunidad científica puedan recurrirlo, lo cual sería posible si tuviera la forma de decreto.
Pero con esa medida el Gobierno de Canarias ha conseguido disparar la alarma en las organizaciones ecologistas españolas, porque "abre la caja de Pandora" para que otras comunidades puedan hacer lo mismo, señaló Rodríguez.
"Hemos iniciado la vía administrativa", pero la judicial "está en manos del PSOE si es que tiene la decencia y la coherencia de recurrir al Tribunal Constitucional", dijo el portavoz.
Advirtió de que el nuevo catálogo canario de especies protegidas es un asunto prioritario para las organizaciones ecologistas españolas, cuyos representantes "al máximo nivel" se han reunido con el Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.
Esa clasificación supone que las 146 especies afectadas no están protegidas fuera de los espacios naturales, y en el caso de los sebadales implica desproteger el 50 por ciento de su población, añadió.
La rebaja en la protección de los sebadales podría suponer la reanudación de las obras del puerto de Granadilla, actualmente paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la afección que podrían suponer para la seba.
Ben Magec se ampara en su recurso administrativo en un artículo de la nueva ley que permite a los ciudadanos proponer el cambio en las categorías de protección.
Para ello, los ecologistas registraron hoy un escrito ante la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente para que las 146 especies catalogadas como "de interés para los ecosistemas canarios" pasen a la categoría de "protección especial".
De esa manera, las 146 especies quedarían protegidas aunque se desarrollen fuera de los espacios naturales, explicó Toni Rodríguez, para quien la creación en la ley canaria de la figura "de interés para los ecosistemas canario" es una muestra de la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta norma, que va en contra de la ley de biodiversidad estatal de 2007.
Por ello, los ecologistas han pedido al Defensor del Pueblo que recurra la ley canaria ante el Tribunal Constitucional.
La otra posibilidad es que el Gobierno central, cincuenta diputados o cincuenta senadores recurrieran ante el TC, pero eso está "en manos del PSOE", explicó.
Toni Rodríguez indicó que a título personal él no es partidario de "perder ni dos minutos" hablando con el PSOE, porque tanto ese partido como "su vocero de medio ambiente", Santiago Pérez, le han dado ya "demasiados palos" al movimiento ecologista.
La ley canaria exige a los ciudadanos que quieran un cambio de catalogación de alguna especie que motiven su solicitud a partir de criterios científicos, y Ben Magec ha aportado al respecto la propia evaluación de especies amenazadas realizada por la Consejería en diciembre de 2009.
Esa evaluación de la Consejería establece que las 146 especies deben estar catalogadas como figuras de interés especial, asimilable a la categoría de protección especial prevista en la nueva legislación canaria, según argumentan los ecologistas.
"Podríamos conseguir informes de estamentos científicos y de las universidades" para justificar la mayor protección de estas especies, pero "no hace falta: el propio informe de la Consejería avala el cambio", aseguró Rodríguez.
El portavoz de los ecologistas advirtió de que si la Consejería opta por el "silencio administrativo", es decir, por no contestar a su petición, Ben Magec recurrirá a los tribunales para demostrar "que toda esta chapuza" del Gobierno de Canarias para posibilitar la construcción de infraestructuras aunque afecten al ecosistema "es ilegal".
En su recurso administrativo, Ben Magec reclama también "la inmediata paralización cautelar" de la aplicación de la ley canaria mientras no haya un pronunciamiento sobre el cambio de catalogación de estas especies.
Para Toni Rodríguez, la aprobación de la ley del catálogo canario de especies protegidas "es el último episodio chapucero, irracional, ilegal y acientífico" del Gobierno de Canarias para llevar adelante el puerto de Granadilla.
Acusó a CC y PP de valerse de la complejidad técnica de esta ley para "mentir de forma descabellada" sobre sus verdaderos propósitos, pero reiteró que la ley canaria es inconstitucional porque no puede reducir la protección estatal, en todo caso aumentarla.
Canarias es la única comunidad autónoma que ha creado el catálogo por ley, según los ecologistas con el fin de dificultar que los ciudadanos y la comunidad científica puedan recurrirlo, lo cual sería posible si tuviera la forma de decreto.
Pero con esa medida el Gobierno de Canarias ha conseguido disparar la alarma en las organizaciones ecologistas españolas, porque "abre la caja de Pandora" para que otras comunidades puedan hacer lo mismo, señaló Rodríguez.
"Hemos iniciado la vía administrativa", pero la judicial "está en manos del PSOE si es que tiene la decencia y la coherencia de recurrir al Tribunal Constitucional", dijo el portavoz.
Advirtió de que el nuevo catálogo canario de especies protegidas es un asunto prioritario para las organizaciones ecologistas españolas, cuyos representantes "al máximo nivel" se han reunido con el Defensor del Pueblo para que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.
