viernes, 4 de junio de 2010

CC intenta 'blindar' en el Congreso el nuevo catálogo de especies protegidas


José Luis Perestelo presenta una PNL que persigue la primacía de la ley canaria sobre la normativa estatal

Coalición Canaria no quiere más contratiempos con el nuevo catálogo de especies protegidas. Tras superar el trámite que suponía su aprobación en el Parlamento regional, a pesar de la oposición científica y política, los nacionalistas no quieren que la ley, fundamental para desbloquear el megaproyecto urbanístico del puerto de Granadilla, se vea sacudida de nuevo por la polémica. Por eso, y ante la amenaza que supone el aviso del Ministerio de Medio Ambiente de estudiar el catálogo, el diputado de CC en el Congreso, José Luis Perestelo, presentó en la mañana de hoy una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara baja para su debate en el próximo pleno. El objetivo es claro: 'blindar' en Madrid la controvertida normativa aprobada en el Parlamento canario con la bendición de CC y PP. 
D.C. / Europa Press / Santa Cruz de Tenerife

La propuesta de Perestelo, a la que ha tenido acceso este digital, tiene tres líneas básicas. La principal va en el camino de impedir posibles imposiciones del Ministerio, para lo que se solicita, sin perjuicio de la prevalencia de las normativas europeas e internacionales, que "el Listado Estatal de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial no podrá contradecir las previsiones que se contengan en las propuestas o normas que en la materia dispongan las comunidades autónomas". 

La intención, como aparece reflejado también en la PNL, es que el catálogo nacional y la norma reglamentaria que lo soporte tengan "carácter supletorio en las comunidades autónomas que regulen con su normativa propia la materia", y no una condición impositiva. Para ello, y en la última de las peticiones de la propuesta, CC se empeña en insistir en que la formulación de la norma reglamentaria estatal "deberá estar consensuada con los gobiernos autonómicos".

Una estrategia tejida para salvaguardar la decisión adoptada por los 33 diputados de CC y PP el pasado miércoles, y que podría verse amenazada por una decisión del Estado. Si la PNL prosperase, la última palabra en materia de protección quedaría en manos de los distintos ejecutivos regionales, lo que supondría una garantía para conservar la esencia del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias.


EL PSOE REACCIONA

El PSOE no se ha quedado con los brazos cruzados tras conocer la noticia del movimiento planeado por CC en el Senado. Según ha podido saber este digital, los socialistas preparan una PNL que persigue todo lo contrario a la propuesta nacionalista, es decir, evitar la primacía del catálogo canario sobre posibles decisiones estatales.

El diputado regional del PSOE Santiago Pérez, sin duda la persona más crítica en la oposición con la iniciativa de CC, aseguró, en declaraciones a este periódico, que "no se pueden condicionar las potestades del Gobierno". Para el ex portavoz parlamentario, "el Estado tiene unas competencias básicas sustentadas por el sentido común y jurídico" que no se pueden modificar con una PNL.

Pérez fue rotundo a la hora de aseverar que el Gobierno regional se ha adentrado en una posición de "trampear con el sistema", en referencia a la fórmula que ha elegido CC para 'colar' la nueva normativa en el sistema legislativo de Canarias.

No hay que olvidar, sin embargo, la buena sintonía que se respira en Madrid entre CC y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente tras convertirse los nacionalistas en un salvavidas para el Ejecutivo socialista, en minoría en el Congreso, aunque con apoyos más que puntuales.


BERRIEL PIDE DOCUMENTOS

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha garantizado que si "alguien" lleva a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) un documento que diga que el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias está equivocado, lo aplicaría "inmediatamente".

"Estamos esperando -añadió- que alguien nos dé un documento alternativo que nos diga que nos hemos equivocado y que la especie tal tiene que estar aquí o allí porque este estudio concreto así lo dice. Puedo garantizar que si alguien trae eso, inmediatamente se aplicaría esa previsión del artículo 4 de la Ley y se modificaría".

Berriel señaló que con lo que no trabajará nunca el Gobierno de Canarias será con "algarabía, opiniones ni historias más o menos interesadas en uno u otro sentido". "Lo hacemos conscientes de que tan importante es proteger aquello que está desprotegido como sobre proteger algo que no merece esa protección", declaró.

"La Ley se hace con una finalidad legítima, de interés general. Si afecta a una persona u otra... las leyes afectan a todos los ciudadanos pero, puedo garantizar que la Ley se hace para dar rigor a los listados de especies tal y como están hoy en día evaluadas, no como lo estaban en 2001, sino como lo están hoy", dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración de la Cotmac.

De esta manera, apuntó que la Ley da criterios de cómo se tiene que ir revisando el estado de las especies y de cómo tienen que ponerse en mayor o menos categoría en función de la evolución que vayan teniendo, dando un criterio de que la mayor restricción las especies se hace por decreto del Gobierno de Canarias, mientras que cuando tiene que bajarse de categoría se tiene que dar cuenta al Parlamento autonómico.

Finalmente, el consejero hizo especial hincapié en que el Ejecutivo regional tiene que conciliar la conservación con el desarrollo socioeconómico de Canarias.


PÉREZ QUIERE CONOCER A LOS 'PADRES' DEL CATÁLOGO

El Grupo Parlamentario Socialista, a través del diputado Santiago Pérez, ha anunciado que presentará una batería de iniciativas parlamentarias con el objeto de conocer qué se decía de la Cymodosea Nodosa, conocida popularmente como seba, en la ficha técnica que fue elaborada por el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas hace año y medio, y asimismo, para saber quiénes han sido los 17 biólogos que han elaborado el nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias. 

En una rueda de prensa, Santiago Pérez exigió al consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, por un lado, que haga público el contenido de dicha ficha técnica para saber qué proponían sobre esta especie los biólogos de la Consejería, a los, según el parlamentario, el responsable autonómico "ha tratado de usar como escudo"; y por otro, que dé sus nombres para saber si "el principal inspirador de este nuevo catálogo es Antonio Machado, biólogo de cabecera del Gobierno y director del Observatorio Medioambiental, y si también están Bonnet y Esquivel, biólogos de tal alto nivel como para que su criterio se imponga al de toda la comunidad científica de Canarias y que permanecen en el anonimato". 

El diputado socialista recordó que la ley estatal establece que "toda catalogación, descatalogación o cambio de categoría de una especie o subespecie protegida debe fundarse en documentación científica", y que una Proposición de Ley (PPL), para su tramitación parlamentaria, sólo requiere un texto articulado y una memoria. Por eso, según Santiago Pérez, el Gobierno de Canarias "no tramitó el nuevo catálogo como Proyecto de Ley sino usando como vehículo la PPL, de manera que toda esa exigencia que establece la legislación estatal, que es básica y obligatoria, la ha eludido el Gobierno de CC y PP". 

Por lo tanto, el diputado del PSC-PSOE dijo estar ante "un fraude de ley", que en Derecho "consiste en usar un camino que la ley protege para conseguir una finalidad que el ordenamiento jurídico rechaza, que es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, ya que la finalidad legalmente rechazada es la de elaborar un catálogo -que contiene modificaciones del catálogo vigente- sin aportar la documentación científica que lo sustenta, y por eso la comunidad científica se ha negado a participar en un procedimiento que ha estado viciado desde un principio". 

De la misma manera, Pérez avanzó que se está estudiando por parte del Gobierno de España y la dirección del Partido Socialista Canario la posibilidad de llevar este catálogo al Tribunal Constitucional (TC), que puede ser una de las distintas formas de reacción que están barajando los socialistas canarios, ya que "las especies protegidas por el catálogo que se acaba de modificar han sido objeto de una respuesta judicial: la suspensión por parte del TSJC de la Orden departamental para descatalogar una población de sebadal a la altura de donde se pretende construir el puerto de Granadilla", de tal manera que los miembros del Gobierno, según el diputado, "van a tener que acabar al pie judicial porque esa suspensión sólo la puede levantar la autoridad judicial que la acordó en el seno de un proceso jurídico". 

"Esto ha sucedido sólo en Canarias y sólo ahora para impedir la participación de los ciudadanos y para blindar la decisión que ha tomado el Gobierno de CC y PP porque una ley no pueden recurrirla ni los ciudadanos, ni sus asociaciones representativas, ni la comunidad científica ante los tribunales; sólo se puede recurrir directamente ante el Tribunal Constitucional por una serie muy restringida de actores", expuso Pérez.

Por otro lado, el diputado de la oposición, tras mostrar el catálogo de especies protegidas de Canarias que ha estado vigente hasta la fecha y leer la exposición de motivos, destacó que en esta normativa "se reforzaba la protección y se tenía en consideración a las instituciones científicas de Canarias y no a lo que el consejero llama ahora supuesta comunidad científica; a organizaciones no gubernamentales especializadas en la conservación de las especies -universidades, sociedades de ornitología, museos, jardines botánicos y otros-; y a los cabildos insulares, porque al final las medidas de protección de los recursos naturales y de la biodiversidad han de ser integrados en los planes insulares, porque cada isla es un ecosistema". "Y de todo esto se ha prescindido ahora", recalcó. 

El ex portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sostuvo, además, que en todo gobierno hay una serie de compensaciones internas entre las consejerías, departamentos o ministerios; sin embargo consideró que en el Gobierno de Canarias esto se "ha desbaratado" porque Domingo Berriel "está empeñado en hacer de consejero de Infraestructura y sale a la palestra descaradamente a declarar que el objeto del catálogo es desproteger una población de sebadal para construir el puerto de Granadilla, es decir, el consejero contra el Medio Ambiente".

Por último, criticó que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no haya estado presente en la Cámara Legislativa durante la votación del nuevo catálogo de especies protegidas de la Comunidad Autónoma, y que, además, sea el consejero de Medio Ambiente, "un miembro del Gobierno de la isla Fuerteventura, el que venga a terciar en Tenerife, en una isla en la que a las elecciones no se va a presentar él sino Paulino Rivero, el que hace mutis por el foro y se va a acariciar burros para salir en la prensa", concluyó.