Vía: www.europapress.es
MADRID, 8 Junio. (EUROPA PRESS)
Las organizaciones ecologistas Greenpeace, SEO, WWF y Ecologistas en Acción, presentaron hoy en Madrid una denuncia ante el Defensor del Pueblo por "inconstitucionalidad" de la nueva ley sobre el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, al considerar que el marco normativo aprobado recientemente por el Gobierno canario incurre en una vulneración del artículo 45 de la Constitución española, ya que supone una "disminución de la protección de especies protegidas" en las Islas.
El nuevo catálogo, aprobado la semana pasada por ley en el Parlamento canario, supone la descatalogación de los sebadales, una especie de planta marina, en la costa de Granadilla (Tenerife), cuya protección llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a paralizar cautelarmente las obras de construcción del Macro puerto de Granadilla en marzo del año 2009.
Según aseguró Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción, en declaraciones a Europa Press, el Gobierno canario ha propiciado la descatalogación de más de 300 especies de animales y plantas con el objetivo de desatascar el proyecto y "pasar por encima" de la actuación de las organizaciones ecologistas.
"A partir de la paralización de las obras, el Gobierno autonómico inicia unos planes que, según el propio presidente de Canarias, Paulino Rivero, van a pasar por encima de estos escollos que estaban teniendo", y que desembocan en esta nueva ley que "conlleva la desprotección de un número muy importante de especies, no sólo de la seba", sino también de muchas otras, "como el caballito de mar", indicó.
Esto implica, según las organizaciones ecologistas, "una vulneración" del artículo 45 de la Constitución, que establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, y defender y restaurar el medio ambiente, explicó.
En este sentido, González apuntó que "esta ley se transpone con una determinada legislación en la cual se habla de que las CC.AA. tiene que proteger las especies que estén en su territorio" y que, además, en caso de incurrir en "un cambio" en el nivel de protección de dichas especies, éste tendrá que ser a cotas más elevadas. "No puede disminuir", agregó.
Por lo tanto, "el Parlamento canario tiene la capacidad de aumentar la protección de las especies, pero no tiene capacidad de reducir la protección de las mismas porque hay una ley superior, una ley estatal", que regula "qué especies pueden salir de ese ámbito de protección", reiteró, al tiempo que precisó que "lo que hace el Parlamento canario" es "inventar una nueva figura que permita construir ese nuevo puerto".
"Se está saltando la Constitución"
Así, afirmó González, la nueva normativa canaria supone una "clara vulneración de la Constitución, que es lo que se va a denunciar hoy ante el defensor del pueblo", puesto que "se crea una ley ex profeso para construir una infraestructura".
Dicho esto, el coordinador de Ecologistas en Acción denunció que el Gobierno canario "está haciendo oídos sordos" ante el clamor popular y la opinión del mundo científico, también posicionado en contra del proyecto dado que el Gobierno "no está respetando los mínimos parámetros científicos", y reiteró que, de esta forma, "se está saltando la Constitución, la legislación, y está pasando por encima de lo que la gente está haciendo".
"Se está convirtiendo una especie protegida en todo el territorio canario en una sólo protegida en los espacios protegidos de Canarias", señaló González. "Es como si dijéramos que el lince ibérico está protegido sólo en Doñana" y que fuera de ese espacio deja de estarlo de tal forma que "se puede cazarlo", concluyó.
