El Ministerio prepara un informe sobre la nueva ley, que entró en vigor ayer
JOSÉ LUIS CÁMARA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Catálogo Canario de Especies Protegidas continúa escribiendo capítulos, a pesar de que fue aprobado en el Parlamento regional hace casi un mes y ayer mismo entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Según explicaron a este periódico fuentes del Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el departamento que dirige Elena Espinosa está recabando información y elaborará un informe con el objetivo de frenar el citado documento, sobre el que afirman "existen dudas razonables". De igual modo, desde el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), la diputada Guacimara Medina confirmó a este periódico que también están trabajando en los resquicios legales que deja la nueva ley, ‘blindada’ por CC y PP.
Medina, no obstante, descartó que la solución real pase por la presentación de un recurso de anticonstitucionalidad, que sólo serviría para paralizar el proceso de aplicación legal durante unos meses. Pese a todo, organizaciones ecologistas como Greenpeace, SEO, WWF y Ecologistas en Acción presentaron el pasado martes en Madrid una denuncia ante el Defensor del Pueblo por "inconstitucionalidad" de la nueva ley sobre el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, al considerar que el marco normativo aprobado recientemente por el Ejecutivo regional incurre en una vulneración del artículo 45 de la Constitución española, ya que supone una "disminución de la protección de especies protegidas" en las Islas.
El nuevo catálogo, además, supone la descatalogación de los sebadales, una planta marina que habita en la costa de Granadilla (Tenerife), cuya protección llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a paralizar cautelarmente las obras de construcción del Macro puerto de Granadilla en marzo del año pasado.
Según aseguró Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción, en declaraciones a Europa Press, el Gobierno canario ha propiciado la descatalogación de más de 300 especies de animales y plantas con el objetivo de desatascar el proyecto y "pasar por encima" de la actuación de las organizaciones ecologistas.
"A partir de la paralización de las obras, el Gobierno autonómico inicia unos planes que, según el propio presidente de Canarias, Paulino Rivero, van a pasar por encima de estos escollos que estaban teniendo", y que desembocan en esta nueva ley que "conlleva la desprotección de un número muy importante de especies, no sólo de la seba", sino también de muchas otras, "como el caballito de mar", indicó Luis González.
Por si esto fuera poco, hay que recordar que la Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado la demanda presentada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y obligó la semana pasada a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario a que ponga a disposición de la organización la información ambiental que maneja la administración y que avaló el nuevo catálogo especies protegidas.
El fallo estimó la demanda de ATAN argumentando que es "contraria a derecho la conducta de las administración demandada dejando de ejecutar el acto administrativo a cuyo examen se contrae el presente recurso, condenando a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial a estar y pasar por tal pronunciamiento y a que proceda a ordenar la inmediata puesta a disposición de la asociación demandante de la información ambiental solicitada".
SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Catálogo Canario de Especies Protegidas continúa escribiendo capítulos, a pesar de que fue aprobado en el Parlamento regional hace casi un mes y ayer mismo entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Según explicaron a este periódico fuentes del Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el departamento que dirige Elena Espinosa está recabando información y elaborará un informe con el objetivo de frenar el citado documento, sobre el que afirman "existen dudas razonables". De igual modo, desde el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), la diputada Guacimara Medina confirmó a este periódico que también están trabajando en los resquicios legales que deja la nueva ley, ‘blindada’ por CC y PP.
Medina, no obstante, descartó que la solución real pase por la presentación de un recurso de anticonstitucionalidad, que sólo serviría para paralizar el proceso de aplicación legal durante unos meses. Pese a todo, organizaciones ecologistas como Greenpeace, SEO, WWF y Ecologistas en Acción presentaron el pasado martes en Madrid una denuncia ante el Defensor del Pueblo por "inconstitucionalidad" de la nueva ley sobre el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, al considerar que el marco normativo aprobado recientemente por el Ejecutivo regional incurre en una vulneración del artículo 45 de la Constitución española, ya que supone una "disminución de la protección de especies protegidas" en las Islas.
El nuevo catálogo, además, supone la descatalogación de los sebadales, una planta marina que habita en la costa de Granadilla (Tenerife), cuya protección llevó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a paralizar cautelarmente las obras de construcción del Macro puerto de Granadilla en marzo del año pasado.
Según aseguró Luis González Reyes, coordinador de Ecologistas en Acción, en declaraciones a Europa Press, el Gobierno canario ha propiciado la descatalogación de más de 300 especies de animales y plantas con el objetivo de desatascar el proyecto y "pasar por encima" de la actuación de las organizaciones ecologistas.
"A partir de la paralización de las obras, el Gobierno autonómico inicia unos planes que, según el propio presidente de Canarias, Paulino Rivero, van a pasar por encima de estos escollos que estaban teniendo", y que desembocan en esta nueva ley que "conlleva la desprotección de un número muy importante de especies, no sólo de la seba", sino también de muchas otras, "como el caballito de mar", indicó Luis González.
Por si esto fuera poco, hay que recordar que la Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado la demanda presentada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y obligó la semana pasada a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario a que ponga a disposición de la organización la información ambiental que maneja la administración y que avaló el nuevo catálogo especies protegidas.
El fallo estimó la demanda de ATAN argumentando que es "contraria a derecho la conducta de las administración demandada dejando de ejecutar el acto administrativo a cuyo examen se contrae el presente recurso, condenando a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial a estar y pasar por tal pronunciamiento y a que proceda a ordenar la inmediata puesta a disposición de la asociación demandante de la información ambiental solicitada".
