JOSÉ LUIS CÁMARA
La Autoridad Portuaria solicita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deje sin efecto la suspensión cautelar de los trabajos en la futura infraestructura
Con la cobertura legal que ofrece la reciente aprobación del nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas, la Autoridad Portuaria no ha dudado poner sobre la mesa lo que ya era un secreto a voces: la argucia empleada por el Gobierno de Canarias para sacar adelante el faraónico proyecto del puerto de Granadilla.
Así, según desvelaron ayer a este periódico fuentes de la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción, la Autoridad Portuaria solicitó la pasada semana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que deje sin efecto la suspensión cautelar que pesa sobre las obras del puerto de Granadilla. Su solicitud se fundamenta, precisamente, en el nuevo catálogo de especies, que prima las actuaciones de interés público y prioritario en un eventual conflicto de intereses con algunas especies, entre las que se incluye Cymodocea nodosa, nombre científico de la seba.
La actuación de la Autoridad Portuaria no viene sino a reafirmar lo que muchos negaron en su momento, que la premura en la aprobación del nuevo catálogo no era sino el prólogo de la reanudación de las obras en Granadilla. De hecho, tanto el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, como la presidenta del PP tinerfeño, Cristina Tavío, aseguraron el mismo día que se aprobó el texto que el nuevo marco jurídico obligaría al TSJC a levantar la suspensión cautelar sobre las obras, algo que podría producirse la próxima semana.
Pese a todo, desde Ben Magec aún confían en que prosperen algunas de las actuaciones que se están llevando en este proceso, que siguen calificando de "ilegal". En este sentido, la organización ecologista tiene hasta mañana para presentar alegaciones al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, toda vez que fueron ellos quienes denunciaron la afectación que suponían las obras de Granadilla sobre los sebadales. Además, Ecologistas en Acción está preparando un exhaustivo informe para el Defensor del Pueblo, con el objetivo de que éste presente un recurso de anticonstitucionalidad. Según explican desde la organización, ésta sería la única forma de paralizar las obras en Granadilla, ya que el TC es, junto a Medio Ambiente, el único organismo que puede cuestionar el nuevo catálogo de especies.
Desde Ben Magec no confían demasiado en el Ministerio, a pesar de que los técnicos de éste han elaborado ya un documento donde aseguran que el catálogo "contraviene aspectos constitucionales". Los ecologistas aseguran que Coalición Canaria está negociando con el Ejecutivo central, para que éste pase página sobre el tema, a cambio de futuros apoyos en cuestiones como la discutida reforma laboral.
