Vía: Quercus.es
Juan Carlos Rando, biólogo.
En el Año Internacional de la Biodiversidad, Canarias no tiene nada que celebrar. A pesar de la rotunda oposición de la comunidad científica –incluidas ambas universidades canarias y el CSIC– y de las ONG, ha sido aprobado el nuevo y polémico Catálogo Canario de Especies Protegidas. Esta medida es una de las mayores agresiones a la conservación en una región integrada en un hotspot o zona con mayor biodiversidad del planeta.
En los territorios insulares, las poblaciones aisladas evolucionan dando lugar a fenómenos de especiación, que explican un elevado número de endemismos si lo comparamos con los territorios continentales. Por otro lado, una geografía limitada y la ausencia o escasez de grandes herbívoros y depredadores hacen muy vulnerables a las biotas insulares ante las alteraciones producidas por el hombre y las especies exóticas. Por ello las islas han servido para estudiar tanto los procesos por los que se originan las especies como, más recientemente, también aquellos por los cuales desaparecen. Son protagonistas importantes en la denominada Sexta Gran Extinción. En las islas tuvieron lugar más del 80% de las extinciones de vertebrados acaecidas en tiempos históricos, a pesar de que constituyen menos del 5% de la superficie del planeta. Y en las islas, por si fuera poco, viven también muchas de las especies más amenazadas.
Algunos grupos de especies autóctonas de Canarias han servido a los investigadores como modelos para estudiar los procesos evolutivos. De la misma forma, se tiene constancia de la extinción de por lo menos un reptil, tres mamíferos y seis aves, especies endémicas todas ellas, además de otras muchas extinciones locales, tras la colonización humana del archipiélago. El impacto humano sobre especies y ecosistemas ha ido en aumento durante los últimos siglos y es ahora mayor que nunca antes. Muchos de los endemismos que sobreviven tienen una distribución relicta, es decir, sus poblaciones actuales son mucho más pequeñas y con una distribución ínfima si la comparamos con su estado original, hasta el punto de que se encuentran en una situación desesperada de conservación, como en el caso de los lagartos gigantes o del pinzón azul de Gran Canaria.
Muchas de estas especies son prioritarias para la Unión Europea en lo que se refiere a su conservación o merecen la máxima categoría de amenaza para la UICN. Prueba de ello es que se han beneficiado de numerosos instrumentos de financiación para garantizar su supervivencia, en forma de inversiones que han permitido acometer acciones (de conservación, de divulgación y educativas), construir instalaciones y generar puestos de trabajo. Pues bien, en sólo unos meses esto ha cambiado, al menos para la mayoría parlamentaria de Canarias. La situación sobre el papel –no en la realidad– ahora parece ser otra según la Ley 4/2010, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, publicada el pasado 9 de junio en el Boletín Oficial de Canarias.
NI ERA URGENTE NI TIENE RIGOR CIENTÍFICO
La peor de las pesadillas para los lagartos gigantes, el opilión ciego majorero y el gorrión chillón comenzó en octubre de 2009, cuando la propuesta de nuevo catálogo fue presentada en el Parlamento de Canarias como una Proposición de Ley por el grupo parlamentario de Coalición Canaria, que ha podido prosperar gracias al apoyo del Partido Popular. La principal de las excusas argumentadas fue que el anterior catálogo regional necesitaba ser adaptado cuanto antes a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta norma estatal prevé reducir las cuatro categorías de amenaza del actual Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (“En peligro de extinción”, “Vulnerable”, “Sensible a la alteración de los hábitats” y “De interés especial”) a tan solo dos (“En peligro de extinción” y “Vulnerable”). La adaptación se está realizando en estos momentos.
La misma Ley 42/2007 indica que las comunidades autónomas podrán establecer sus catálogos regionales de especies amenazadas. Eso sí, una especie contemplada en el catálogo nacional no podrá ser rebajada de categoría en los catálogos regionales. De sentido común sería esperar a la publicación del nuevo catálogo nacional, para luego revisar el regional, evitando así posibles contradicciones y errores. Las especies seguirán contando con protección hasta la aprobación de los nuevos catálogos, algo que ninguna comunidad autónoma ha hecho aún excepto Canarias.
Por otro lado, lo lógico habría sido que el Gobierno de Canarias, y no un grupo parlamentario, hubiera aprobado el catálogo como un Proyecto de Ley. Pero claro, esto último suponía mucho más tiempo de trámite: el proyecto habría tenido que salir a exposición pública y pasar el filtro de los servicios técnicos de la administración regional, entre ellos el Servicio de Biodiversidad (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial). Así que, usando esta perversa vía rápida, puenteando los impedimentos legales y técnicos, llegamos a la aprobación de este monumento surrealista al desprecio por la conservación, el conocimiento científico, el sentido común y la participación ciudadana. ¿Se imaginan qué pasaría si todos los gobiernos funcionaran así? Es decir, promulgando leyes sobre educación o sanidad, mientras se da la espalda al conocimiento acumulado sobre esas materias, que ha llevado décadas de trabajo a muchísimos investigadores y técnicos, así como una parte importante del presupuesto de un país.
A estas alturas el nuevo catálogo, aunque parezca increíble, es un documento anónimo, es decir sus autores no han querido dar la cara. Los dirigentes de Coalición Canaria han atribuido colaboraciones al Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y a biólogos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, así como a algunos profesores de la Universidad de La Laguna, pero todos elloslo han negado explícitamente. Además, esos dirigentes han mencionado que el nuevo catálogo se basa en las evaluaciones que sobre las especies amenazadas se han realizado desde el citado Servicio de Biodiversidad. Pero la última de estas evaluaciones es de diciembre de 2009, fecha posterior a la presentación de la Proposición de Ley. Cualquiera que coteje esta evaluación con el nuevo catálogo comprobará que se parecen lo mismo que un huevo a una castaña.
VÍA LIBRE PARA EL AVANCE DEL HORMIGÓN
El nuevo catálogo canario contempla dos categorías para las especies amenazadas (“En peligro de extinción” y “Vulnerable”). Incorpora además otras dos que no son para especies amenazadas (“De interés para los ecosistemas canarios” y “De protección especial”). La primera de estas dos últimas llama mucho la atención, ya que el que una especie esté incluida en ella implica que estaría protegida únicamente dentro de un espacio protegido. ¿Qué sabe un gorrión chillón de límites sobre un mapa? La categoría “De interés para los
ecosistemas canarios” es una cortina de humo que no sirve para nada, más que para engordar un catálogo con muchas lagunas e incoherencias. De hecho, ésa es la categoría con mayor número de especies, nada menos que 149.
En resumen, el nuevo catálogo canario reduce drásticamente y sin justificación el número de especies con protección efectiva con respecto al anterior y manifiesta, además, la intención del ejecutivo canario de tratar de rebajar la categoría de otra muchas recogidas en el catálogo nacional cuando éste sea revisado. Se dan situaciones tan absurdas como que el lagarto canario moteado, exclusivo de una sola isla, Tenerife, y cuyas últimas poblaciones se refugian en acantilados inaccesibles, se encontraría como “Vulnerable”, mientras que el milano real, especie no endémica y extinta desde los años sesenta en Canarias, es considerado como “En peligro de extinción”.
Con estos antecedentes, todo parece indicar que lo menos importante en el nuevo catálogo es la conservación. Es obvio que determinadas especies eran obstáculos legales para el avance del hormigón en las islas, tal y como han reconocido destacados políticos canarios tanto antes como después de la aprobación. Debemos esperar que se imponga el sentido común, que algunas de las iniciativas contra esta ley prosperen y que el catálogo nacional se elabore rápidamente y con criterios técnicos objetivos, respetando en todo momento el conocimiento que se tiene sobre cada especie y oyendo a las instituciones y organizaciones de este país que se preocupan por la conservación. De lo contrario, el escenario a corto plazo en Canarias, se parecerá peligrosamente a los descritos por Jared Diamond en Colapso, donde sociedades insulares sucumben de forma dramática por no saber valorar y gestionar adecuadamente el medio ambiente que les permitió subsistir.
