Vía: Quercus.es
El pasado mes de mayo el Parlamento de Canarias aprobó un nuevo catálogo de especies protegidas. No es que el anterior se quedara corto, no. Es que ponía demasiadas trabas a los especuladores de toda laya. La solución, presentada por Coalición Canaria y apoyada por el Partido Popular, ha sido descafeinar mucho el catálogo para que no suponga un impedimento legal a, entre otros desmanes, el puerto industrial de Granadilla, en la isla de Tenerife. Una simple pradera submarina, un sebadal, no podía dar al traste con la inversión millonaria de un puerto que, dicho sea de paso, maldita la falta que hace. Pero estamos inmersos en un sistema que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, todo con cargo al capital natural.
En el anterior catálogo, aprobado en 2001, estaban recogidas 450 especies, mientras que en el actual esa cifra se ha rebajado a 417. Para más inri, 149 de ellas, ahora denominadas “de interés para los ecosistemas canarios”, sólo tendrán cobertura legal cuando vivan en el interior de un espacio protegido. Lo cual es un auténtico disparate desde el punto de vista de la conservación. Además, a la mayoría de las especies se les ha rebajado de forma arbitraria su grado de amenaza. Por otra parte, si antes el catálogo incluía únicamente al 1’5% de las más de 5.000 especies marinas conocidas en aguas del archipiélago, ahora ese porcentaje se ha reducido al 0’2%. En tierra la situación es aún peor, pues no considera en peligro de extinción a especies tan emblemáticas como el lagarto gigante de El Hierro, el lagarto canario moteado o el opilión ciego de Fuerteventura, todas ellas restringidas a una sola isla y cuyas poblaciones actuales constituyen pequeñísimos relictos.
Por supuesto, el nuevo catálogo se ha elaborado sin tener en cuenta ningún criterio técnico o científico y, de hecho, los biólogos adscritos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias se han apresurado a desmentir que ellos tuvieran alguna participación en su polémico contenido. Todo parece indicar que es obra personal de José Miguel González, presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria, de algunos biólogos externos y del actual consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, que ya fue imputado hace años por delito ecológico al tratar de construir cinco hoteles y un campo de golf en una zona de Fuerteventura donde cría la hubara canaria.
Desde que el nuevo catálogo comenzara a tramitarse en septiembre de 2009 ha contado con la oposición frontal de la comunidad científica de Canarias (universidades, jardines botánicos, Colegio Oficial de Biólogos, Comité Español de la UICN, Asociación Herpetológica Española) y de todos los colectivos ecologistas y sociales. El propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha anunciado que está estudiando la posibilidad de recurrirlo. Por su parte, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España presentaron en junio una denuncia ante el Defensor del Pueblo.
Episodios como este revelan el verdadero talante de algunos partidos políticos cuando los intereses crematísticos entran en colisión con algo tan abstracto como la conservación de la naturaleza. Ahora sólo falta que en otras comunidades autónomas cunda el ejemplo y se replanteen sus respectivos catálogos de especies protegidas, por supuesto a la baja y antes de que se revise el catálogo nacional. Hay que reconocer que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular tienen una peculiar forma de celebrar el Año Internacional de la Biodiversidad.
