Cándido Quintana*
Los abajo firmantes –miembros de movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales, técnicos y expertos en materia de conservación de la biodiversidad, científicos, investigadores y claustros universitarios, así como ciudadanas y ciudadanos a título personal– siempre hemos denunciado que la reciente Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias ha sido concebida y redactada expresamente para superar algunas de las trabas jurídicas que impedían la construcción del puerto de Granadilla. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife nos vino a dar la razón cuando a las pocas horas de publicarse dicha ley en el Boletín Oficial de Canarias, cursó la orden de “reinicio” de las obras afirmando, además, que una vez aprobado el nuevo Catálogo ya nada impedía la construcción del mencionado muelle. Se consumaba así la mayor burla al derecho, a la justicia, a la ciencia y a la democracia en la historia de Canarias y se demostraba palpablemente hasta dónde están dispuestos a llegar los políticos de Coalición Canaria y del Partido Popular con tal de conseguir sus propósitos y los del lobby empresarial que le es afín.
Pero el PSC-PSOE también está jugando un ambiguo papel en todo este proceso pues aunque en su momento exigió reducir la longitud del dique nunca ha concretado en la práctica su eventual rechazo a la construcción del Puerto de Granadilla. Mientras algunos de sus militantes tinerfeños sensibles a las cuestiones medioambientales declaraban que su partido no estaba por la labor, otros trabajaban activamente junto al PP en el seno de la UE a favor de su construcción.
Ahora, a pesar de que ya en el debate parlamentario del Catálogo el PSC-PSOE adujo que esa ley era anticonstitucional, porque su articulado se inmiscuía en competencias de ámbito estatal, las recientes declaraciones de su portavoz, el Sr. Hernández Spínola, vuelven a manifestar una preocupante ambigüedad, muy alejada de la claridad de objetivos que exigen las actuales circunstancias: no entendemos que se pueda afirmar rotundamente que la ley del Catálogo vulnera claramente la Constitución y supeditar la presentación del consiguiente recurso de inconstitucionalidad a una negociación con los redactores de esa misma ley.
Pensamos, además, que el PSC-PSOE puede ir aún más allá, anunciando que el ministerio de Fomento no va a financiar un proyecto tan absurdo, innecesario y destructor del medio ambiente, cuyo único objetivo es el enriquecimiento, mediante el pelotazo especulativo y urbanístico, de una serie de empresarios que ya se han apresurado a jalear el abortado inicio de las obras. Al mismo tiempo, requerimos del PSC-PSOE que se posicione claramente al lado de las tinerfeñas y tinerfeños, pues el proyecto del puerto de Granadilla ha suscitado la respuesta más contundente y prolongada en el tiempo llevada a cabo por la ciudadanía canaria.
Estaremos vigilantes ante la posibilidad de que la inmensa pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural, que supone la aprobación del Catálogo se convierta en moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La poca transparencia y ambigüedad mantenidas por el PSC-PSOE en este asunto nos hace ser suspicaces respecto a sus intenciones.
Por todo ello, instamos al PSC-PSOE a que solicite del Gobierno central las siguientes medidas:
Pero el PSC-PSOE también está jugando un ambiguo papel en todo este proceso pues aunque en su momento exigió reducir la longitud del dique nunca ha concretado en la práctica su eventual rechazo a la construcción del Puerto de Granadilla. Mientras algunos de sus militantes tinerfeños sensibles a las cuestiones medioambientales declaraban que su partido no estaba por la labor, otros trabajaban activamente junto al PP en el seno de la UE a favor de su construcción.
Ahora, a pesar de que ya en el debate parlamentario del Catálogo el PSC-PSOE adujo que esa ley era anticonstitucional, porque su articulado se inmiscuía en competencias de ámbito estatal, las recientes declaraciones de su portavoz, el Sr. Hernández Spínola, vuelven a manifestar una preocupante ambigüedad, muy alejada de la claridad de objetivos que exigen las actuales circunstancias: no entendemos que se pueda afirmar rotundamente que la ley del Catálogo vulnera claramente la Constitución y supeditar la presentación del consiguiente recurso de inconstitucionalidad a una negociación con los redactores de esa misma ley.
Pensamos, además, que el PSC-PSOE puede ir aún más allá, anunciando que el ministerio de Fomento no va a financiar un proyecto tan absurdo, innecesario y destructor del medio ambiente, cuyo único objetivo es el enriquecimiento, mediante el pelotazo especulativo y urbanístico, de una serie de empresarios que ya se han apresurado a jalear el abortado inicio de las obras. Al mismo tiempo, requerimos del PSC-PSOE que se posicione claramente al lado de las tinerfeñas y tinerfeños, pues el proyecto del puerto de Granadilla ha suscitado la respuesta más contundente y prolongada en el tiempo llevada a cabo por la ciudadanía canaria.
Estaremos vigilantes ante la posibilidad de que la inmensa pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural, que supone la aprobación del Catálogo se convierta en moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La poca transparencia y ambigüedad mantenidas por el PSC-PSOE en este asunto nos hace ser suspicaces respecto a sus intenciones.
Por todo ello, instamos al PSC-PSOE a que solicite del Gobierno central las siguientes medidas:
1º La presentación sin más dilaciones del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley canaria del Catálogo de Especies Protegidas.
2º La negativa del ministerio de Fomento a financiar las obras del puerto de Granadilla.
3º Que acuda a las instancias europeas en solicitud de que no se apoye un proyecto para el cual se ha incurrido en un fraude de ley tan evidente como el cambio del catálogo de especies protegidas.
(*) Presidente de la plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife
