Vía: www.laopinion.es
El Ministerio de Medio Ambiente estudia la inconstitucionalidad del Catálogo de Especies, la principal justificación para retomar las obras del muelle del sur
NAIMA PÉREZ - DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ayer que mantiene la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales de Granadilla, motivo por el cual las obras del puerto industrial se paralizaron en febrero de 2009, apenas dos semanas después de haber comenzado. Fuentes del Alto Tribunal canario afirmaron que está pendiente de resolver el recurso del Gobierno regional, a través del cual se pedía el levantamiento de la citada suspensión cautelar, una vez aprobado el pasado mes de junio el Catálogo Canario de Especies Protegidas, que deja fuera de la categoría de vulnerable a los sebadales. Las mismas fuentes precisaron que si la Autoridad Portuaria decide saltarse esta suspensión cautelar, "tendrá que atenerse a las consecuencias".
La advertencia del TSJC se produce después de que Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife remitiera una orden a la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras del puerto de Granadilla para que reanude los trabajos. Esta instrucción se produce después de que entrara en vigor, el pasado 10 de junio, el Catálogo de Especies Protegidas, una norma con rango de ley aprobada en el Parlamento regional el pasado 21 de mayo con los votos de CC y PP.
La reanudación de los trabajos, que ayer no se había producido aunque se hará de forma inminente, según la Autoridad Portuaria, choca no sólo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso concreto de las sebas, sino también con la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Catálogo canario. Desde el Ministerio se confirmó ayer a este periódico que "se está estudiando ese recurso" por parte los servicios jurídicos.
El principal reparo que ha observado la asesoría jurídica de Medio Ambiente es el "difícil encaje" de la nueva figura creada por el Parlamento de Canarias, la de especie de interés para los ecosistemas canarios. Es precisamente la figura en la que se han colocado los sebadales, que han dejado de ser vulnerables. Es un nivel creado, según han denunciado los grupos verdes, para permitir la construcción del proyecto y evitar la suspensión del TSJC. Las fuentes consultadas consideran "insólito" que determinados ejemplares de una especie puedan quedar desprotegidos por el hecho de encontrarse en un espacio no salvaguardado por las leyes nacionales y autonómicas.
Los grupos ecologistas, principalmente Ben Magec y Sí Se Puede, ya han anunciado una ofensiva por considerar que las maniobras del Gobierno autónomo y la Autoridad Portuaria, y sobre todo la última decisión de reanudar los trabajos, son "una triquiñuela política asquerosa, típica de gobiernos despóticos", según un comunicado de la primera organización.
Por un lado, el abogado y miembro de Sí Se Puede ha pedido al TSJC que eleva al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el Catálogo de Especies. Y por otro, Ben Magec también elevará una petición de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo y, asimismo, prepara una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por presunta prevaricación y delito medioambiental si se reinician las obras del puerto industrial.
La advertencia del TSJC se produce después de que Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife remitiera una orden a la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras del puerto de Granadilla para que reanude los trabajos. Esta instrucción se produce después de que entrara en vigor, el pasado 10 de junio, el Catálogo de Especies Protegidas, una norma con rango de ley aprobada en el Parlamento regional el pasado 21 de mayo con los votos de CC y PP.
La reanudación de los trabajos, que ayer no se había producido aunque se hará de forma inminente, según la Autoridad Portuaria, choca no sólo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso concreto de las sebas, sino también con la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Catálogo canario. Desde el Ministerio se confirmó ayer a este periódico que "se está estudiando ese recurso" por parte los servicios jurídicos.
El principal reparo que ha observado la asesoría jurídica de Medio Ambiente es el "difícil encaje" de la nueva figura creada por el Parlamento de Canarias, la de especie de interés para los ecosistemas canarios. Es precisamente la figura en la que se han colocado los sebadales, que han dejado de ser vulnerables. Es un nivel creado, según han denunciado los grupos verdes, para permitir la construcción del proyecto y evitar la suspensión del TSJC. Las fuentes consultadas consideran "insólito" que determinados ejemplares de una especie puedan quedar desprotegidos por el hecho de encontrarse en un espacio no salvaguardado por las leyes nacionales y autonómicas.
Los grupos ecologistas, principalmente Ben Magec y Sí Se Puede, ya han anunciado una ofensiva por considerar que las maniobras del Gobierno autónomo y la Autoridad Portuaria, y sobre todo la última decisión de reanudar los trabajos, son "una triquiñuela política asquerosa, típica de gobiernos despóticos", según un comunicado de la primera organización.
Por un lado, el abogado y miembro de Sí Se Puede ha pedido al TSJC que eleva al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el Catálogo de Especies. Y por otro, Ben Magec también elevará una petición de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo y, asimismo, prepara una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por presunta prevaricación y delito medioambiental si se reinician las obras del puerto industrial.
