Los proyectos urbanísticos y los campos de golf operativos, las principales amenazas
La mayoría de las zonas carecen de planes de ordenación o de planes rectores
Las Comunidades rebajan requisitos para aprobar urbanizaciones
La mayoría de las zonas carecen de planes de ordenación o de planes rectores
Las Comunidades rebajan requisitos para aprobar urbanizaciones
Nuestro litoral tiene 223 espacios naturales protegidos, una cantidad nada despreciable sobre el papel que hablaría de un gran interés para proteger el litoral, pero la realidad es muy distinta es que muchos de estos espacios están amenazados, directa o indirectamente, así más de la mitad 120 ya sufren de ataques.
En ellos existen campos de golf completamente operativos, proyectos de cientos de viviendas, industrias que vierten sus aguas residuales o proyectos de macropuertos industriales sobre hábitats y especies protegidas.
Nula planificación
Muchas de las áreas protegidas carecen de las oportunas herramientas de planificación y gestión (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión) y de los recursos humanos y materiales pertinentes.
Así mientras los gestores y políticos presumen públicamente del número de kilómetros de costa protegidos en sus respectivas comunidades autónomas. Puede que la declaración del espacio protegido le sirva a determinada Administración para ponerse medallas sobre su apuesta por el medio ambiente, elaborando incluso una normativa regional específica. Pero años después, cuando descubren que esa norma es incompatible con algún proyecto de la comunidad, siempre asistimos al mismo proceso: las administraciones intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron.
Legislaciones a medida
Los casos más graves son, sin duda, la elaboración y promulgación de leyes que sirven para disminuir niveles de protección, o directamente desproteger las áreas más apetecibles para usos residenciales y la instalación de infraestructuras.
Claros ejemplos son la descatalogación de las praderas marinas (sebadales) de Granadilla (Tenerife) o la retirada de la protección a una parte del Espacio Natural Protegido de Cabo Cope (Murcia) para construir una macro-ciudad de vacaciones.
Ambas actuaciones están pendientes de la decisión de la justicia. El término anglosajón paper parks, parques de papel, define perfectamente la situación de nuestro litoral, donde, en muchas ocasiones, la declaración de un Espacio Natural Protegido, sólo sirve para declararlo sobre un mapa, sin medidas de gestión reales que las acompañen por parte de las administraciones.
Otra forma de agresión a los Espacios Naturales Protegidos es la formación de cinturones de edificaciones que los asfixian, y anulan la existencia de imprescindibles áreas de “preparque” (perímetros de protección) que deben ejercer una función amortiguadora y de corredores biológicos entre entornos protegidos adyacentes. La amenaza es muy grave porque se trata de franjas de terreno que prácticamente carecen de instrumentos de protección.
La descentralización en materia normativa, de declaración, planificación y gestión de los ENP es cada vez mayor, y se traduce en una complejidad notable para el seguimiento de la situación de estos territorios en el conjunto del Estado español. Existe un amplio abanico de figuras y categorías de protección internacionales, estatales y autonómicas en nuestra costa.
