Artículo en La Opinión
María Plasencia
Durante los últimos años, en Tenerife se ha generado polémica, debate y controversia sobre la construcción de un puerto en el municipio de Granadilla. Al respecto, el subdirector adjunto de Evaluación Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Miguel Aymerich entendió que "tiene todas las garantías medioambientales" y argumentó que "ha superado el dictamen tanto de la Unión Europea como del propio Gobierno de España que en esta ocasión contaban con un grado de exigencia muy elevado".
"La declaración de impacto medioambiental del Gobierno de Canarias lleva aparejado diferentes aspectos entre los que se incluyen medidas compensatorias tales como la ubicación de nuevos lugares para la conservación de sebadales", prosiguió el subdirector general adjunto de Evaluación Medioambiental. Reiteró que "este dictamen debería ser suficiente garantía de éxito para que pueda llevarse a cabo".
Aymerich evitó hacer alusión a las posibles consecuencias de una obra de estas características sobre la biodiversidad de la zona pero insistió en que "habrá que ver cuáles son esas especies, pero si se da luz verde al proyecto, estos aspectos se habrán valorado".
Precisamente, la polémica aprobación del Catálogo de Especies Protegidas ha tenido sus consecuencias más allá del territorio insular e incluso ha formado parte de las causas que han impedido que la Administración General del Estado publique su catálogo nacional. Según Aymerich, "lo ideal hubiera sido que Canarias esperara a la aprobación del catálogo nacional" y añadió que el listado estatal se ha retrasado, entre otras causas, "por las discusiones con comunidades autónomas, entre ellas Canarias, por las diferencias en el grado de protección de determinadas especies".
Aymerich, que participó ayer en el curso Un objetivo para 2020: ¿hacia una protección real de la biodiversidad? de la Universidad de Verano de Adeje, señaló que las diferencias de criterio con el Gobierno de las Islas eran "importantes" en cuanto a la categoría que se le debe otorgar a determinadas especies. El responsable del Ministerio de Medio Ambiente explicó que "la Ley 42/2007 establece que "las comunidades autónomas no pueden rebajar en sus catálogos regionales el grado de protección de una especie respecto a la que le otorga el catálogo nacional".
Al respecto, añadió que "en el caso de Canarias ha habido negociaciones y, según las últimas informaciones de las que dispongo, el Gobierno regional parece haber rectificado". En cualquier caso, aseveró que "si el catálogo nacional protege una determinada especie que no esté contemplada en el canario, el Gobierno de la comunidad autónoma tendrán que rectificar".
"De todas formas, una ley no tiene carácter retroactivo", insistió el responsable del Ministerio, que además participó en la redacción de la ley que establece el catálogo nacional y los criterios para los regionales. De ahí que hubiera sido lo ideal que "Canarias hubiese esperado por el catálogo nacional", insistió Aymerich, quien explicó que "la Ley 42/2007 establece la posibilidad a una comunidad autónoma de ampliar el grado de protección de una determinada especie".
El subdirector general adjunto de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente añadió que "mientras se elabore el nuevo catálogo, las regiones deben atender al que está vigente" y reiteró que "el nuevo va con bastante retraso y de hecho ya debería haber salido". Por ello, Aymerich no se aventuró a dar una fecha concreta, aunque explicó que "se está intentando llevar a cabo con el mayor consenso posible con las comunidades autónomas".
Esta búsqueda de acuerdo con el que el Ministerio de Medio Ambiente pretende dotar al catálogo nacional de especies protegidas es precisamente lo que ha retrasado en parte su publicación. En esa línea achacó a Canarias "la mayor parte de las de las discusiones por las diferencias en el grado de protección de las especies", aunque admitió que no han sido las únicas regiones con las que ha habido "algún problema".
