Vía: www.publico.es
A principios de junio, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) concedió a España 605 banderas azules, 34 más que en 2009. Este distintivo prueba la calidad del agua de baño de una playa y sus buenos accesos. La provincia de Málaga, que obtuvo 21 de estos galardones, fue ayer, sin embargo, criticada por ser la que tiene "la costa más degradada", según afirmó el coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación de su informe Banderas Negras 2010, caos en la costa. Según Sáez, las banderas azules poco tienen que ver con la buena salud de la costa, puesto que "no se basan en ningún criterio ambiental".
El documento recoge los 40 puntos más degradados del litoral, en función de cuatro categorías: urbanismo, vertidos orgánicos, vertidos industriales y regeneraciones y obras de playas, y pone diez ejemplos en cada categoría.
En el capítulo de urbanismo, la ONG destaca que, entre 1987 y 2005, el ritmo de construcción en el litoral español ha aumentado un 50%. Asegura que sólo entre 2000 y 2005 se construyeron tres hectáreas de urbanización costera cada hora. "Las playas de Fuengirola y Marbella tienen el 100% de su superficie costera urbanizada", explica la coordinadora de Costas de la ONG, Natalia Martí. La ecologista insiste en que el modelo de urbanismo del Mediterráneo se está exportando cada vez más al norte de la península, lo que ella denomina "proceso de mediterranización". En 2009, la comunidad autónoma que ostentó el título de albergar las peores costas, según la ONG, fue Galicia.
En el ámbito de los vertidos orgánicos, Sáez destaca que no se trata de un problema de falta de legislación, sino de incumplimiento de la misma. "Las depuradoras no siguen los límites de depuración mínimos", afirma Martí. El informe señala la conocida como Cascada de la merda en Benidorm (Alicante), donde desde hace 25 años se produce un vertido continuo de aguas residuales en el Parque Natural de Serra Gelada.
Respecto a los vertidos industriales, el informe ataca a la Ley de Responsabilidad Ambiental española, "que no incluye los vertidos de hidrocarburos como el que ha tenido lugar en el golfo de México", explica el coordinador de Defensa Jurídica de la ONG, Jaime Doreste. Esta ley, que sigue el principio quien contamina, repara, obliga al causante de un daño ambiental a devolver el entorno a su estado anterior.
Los vertidos de hidrocarburos están sujetos a una normativa europea cuyas multas e indemnizaciones para este tipo de accidentes "son mucho más favorables para el contaminador de lo que lo serían bajo la Ley de Responsabilidad Ambiental", añade Doreste. La ONG pide una reforma del texto para que incluya este tipo de sucesos.
Vertidos en el Estrecho
Los responsables de la ONG también destacan el problema del bunkering (repostaje de fuel de un barco a otro en medio del mar) en el estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras. Esta actividad suele generar vertidos de petróleo en el mar.
Por último, el apartado de las regeneraciones hace referencia a las obras destinadas a mantener una playa de forma artificial mediante el aporte de arena y la construcción de espigones para paliar los procesos de erosión. "Esta solución es un parche, puesto que no mejora el estado de la playa a largo plazo", explica Sáez. El coordinador de Medio Marino asegura que, en los últimos seis años, el Estado ha invertido unos 60 millones de euros en obras de regeneración en la playa de la Barceloneta (Barcelona). Se estima que sólo desde 2004 se han invertido más de 700 millones de euros en aportes de arena a lo largo de todo el territorio costero nacional.
Galicia quiere urbanizar a 20 metros del mar
Ecologistas en Acción denuncia la intención del Gobierno gallego de pasar por encima de la Ley de Costas. El PP de Galicia ha presentado una propuesta de Plan de Ordenación Municipal que pretende reducir la zona de servidumbre de protección marítima desde los 100 metros mínimos actuales hasta los 20 metros paralelos a la línea del mar. La Ley de Costas prohíbe el uso residencial y la construcción de grandes vías de tráfico en esta zona de protección.
Asimismo, la ONG criticó el intento del Gobierno canario de desproteger a 260 de sus especies. El Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, propuesto por el Partido Popular y Coalición Canaria, fijó una nueva figura de protección que limitaba la conservación de 171 especies al interior de las áreas controladas. Esta medida permitiría que se construyera en la costa de Tenerife el puerto de Granadilla, proyectado para prestar servicio a una estación gasística y bloqueado por afectar a los sedabales, una especie protegida.
