Los socialistas canarios reconocen que, antes de que Zapatero firme un recurso, deberá reunirse previamente una comisión Canarias- Estado.
Quedan 17 días -concretamente hasta el 9 de septiembre de 2010- para que el Gobierno de España, 50 diputados o 50 senadores, el Defensor del Pueblo o los tribunales puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, según se desprende de la web www.nodescatalogación.com
Hasta el momento nadie parece haber dado el primer paso. Los socialistas canarios han reconocido a Europa Press que antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firme un recurso deberá reunirse previamente una comisión bilateral Canarias-Estado en donde se pondrán sobre la mesa aquellas cuestiones que, a juicio del Ejecutivo nacional, "puedan tener visos de inconstitucionalidad" en la Ley aprobada el pasado 19 de mayo.
Si los representantes canarios subsanan dichos errores -para ello dispondrán de un plazo de 6 meses en donde llevarán de nuevo al Parlamento canario las enmiendas- la normativa seguirá adelante, aunque retocada y sin acudir al Constitucional.
La otra de las vías, es que tal y como adelantara en su providencia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -dictada el 29 de julio de 2010-, tras la presentación de un recurso por parte del grupo ecologista Ben Magec por la protección de los sebadales que se verían afectados con la construcción del puerto industrial de Granadilla (Tenerife), pudiera presentar dicho recurso. El TSJC mantiene la suspensión cautelar de las obras en Granadilla.
La implicación o no del Diputado del Común o el Defensor del Pueblo también sigue pendiente, si bien los colectivos ecologistas han solicitado a esta institución que presente un recurso ante el Constitucional.
La aprobación del nuevo Catálogo de Especies junto con su tramitación ha ido aparejada de la contestación por parte de colectivos ecologistas, científicos y sociales, que han insistido en todo momento que esta Ley sólo pretende respaldar grandes obras e infraestructuras ahora frenadas por la presencia de algunas de las especies cuya protección se ha visto degradada en este nuevo catálogo, haciendo especial hincapié en el puerto industrial.
En este sentido, el 2 de febrero de 2009 Ben Magec presentó una denuncia ante el TSJC que confirmó la suspensión cautelar de las obras en junio de ese año, anteponiendo el valor de los sebadales al interés general que tanto el Estado como Puertos de Tenerife enarbolaban como principal argumento para impedir una suspensión cautelar.
El daño irreparable que podría conllevar la obra hacia los fondos marinos del sur de Tenerife fueron suficiente para paralizar las obras una vez. Entonces, CC llevó una modificación del Catálogo, argumentando que el Gobierno de España no había hecho los deberes y se precisaba de una actualización.
