El pasado 9 de junio, el Boletín Oficial de Canarias publicó la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Con el pretexto de la conservación de la biodiversidad, esta ley pretende saltarse el último gran obstáculo que impide dar luz verde a la ejecución del proyecto más polémico de toda la historia de Canarias: el puerto industrial de Granadilla. Esta relación Puerto-Ley ha sido reconocida por los propios parlamentarios que aprobaron el texto legal. De hecho, pocos días después la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que levantara la suspensión cautelar a una Orden del Gobierno de Canarias que excluía del catálogo de especies protegidas los sebadales afectados por la construcción del puerto. Sin perder tiempo, también alertó a la Unión Temporal de Empresas adjudicataria del proyecto para que reanudara los trabajos. Todo encaja perfectamente, como ya habíamos vaticinado en el editorial de julio (Quercus, 293, pág. 5). La seba, una planta marina insignificante, no podía ser un impedimento legal para esta obra faraónica e inútil. Como el progreso y la codicia exigen reiniciar cuanto antes las obras del puerto, lo más sencillo ha sido modificar el Catálogo canario de especies protegidas de modo que la seba pierda su categoría de “sensible a la alteración de su hábitat” y se incorpore a otra nueva y fantasmagórica que ha venido en llamarse “de interés para los ecosistemas canarios”. Tal y como la polémica ley reconoce, la categoría “de interés para los ecosistemas canarios” excluye a las especies amenazadas y, por lo tanto, no es un impedimento para la construcción del puerto. Por fortuna, al cierre de este número de la revista, el TSJC se mantuvo firme en su decisión, confirmó que la suspensión cautelar sigue vigente y que si la autoridad portuaria decide saltársela “tendrá que atenerse a las consecuencias”. Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, muy pendiente de los apoyos políticos en el Parlamento Español, desoja la margarita de un posible recurso de inconstitucionalidad contra la ley del nuevo catálogo canario.
Para Ben Magec-Ecologistas en Acción, la organización que más se ha destacado en la defensa de los sebadales, el empecinamiento del Partido Popular y Coalición Canaria por sacar adelante este absurdo complejo portuario “responde a la prepotencia de no digerir que los movimientos ciudadanos tienen razón y, aún a sabiendas de que el proyecto es ilegal y nunca se terminará, prefieren destrozar la zona antes que dar su brazo a torcer.” Un triste y elocuente ejemplo del orden de prioridades que bulle en la mente de nuestros políticos. Lo primero, ese “poner en valor” que puede traducirse por buscar beneficios en cualquier parte y a costa de lo que sea. Todo bien almibarado de puestos de trabajo, oportunidades de negocio y demás cantos de sirena. Luego, la aritmética parlamentaria ante un Gobierno en minoría: si no tragas con el puerto no te apoyo en los presupuestos. Después vendría el clientelismo ante las grandes empresas, la complicidad con el sector más rancio de sus votantes y, si hace falta, un poquito de compromiso social, para disimular. A partir de ahí se abre un abismo insondable y a continuación, difuminado por la distancia, el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y todas esas zarandajas.
El único capaz de dejar en la cuneta obras descomunales, en general inútiles y de fuerte impacto ambiental es el propio Don Dinero. Véase, si no, el millonario recorte presupuestario al que se ha visto obligado el ministro de Fomento, José Blanco, por culpa de la crisis económica. Con dinero o sin dinero, la conservación de la naturaleza sigue en el furgón de cola, atenta a las migajas que caen de otros ministerios. Todo lo demás es floritura verbal y demagogia. Mientras los hechos, que son muy tozudos, no demuestren lo contrario.
