Vía: www.abc.es
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido iniciar los trámites para plantear una posible cuestión de inconstitucionalidad, a solicitud de la organización ecologista Ben Magec, respecto a la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas. En una providencia dictada el pasado jueves, el alto tribunal canario anunció que ha decidido iniciar el procedimiento para elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. Con el fin de que las partes y el Ministerio Fiscal presenten alegaciones, el TSJC les concede un plazo de 10 días.
El planteamiento de esta figura se realiza dentro del proceso abierto por Ben Magec contra la comunidad autónoma, Puertos de Tenerife y otras empresas relacionadas con la construcción del puerto de Granadilla, para anular la orden de descatalogación de la Cymodocea nodosa. Este proceso mantuvo paradas las obras de la nueva infraestructura portuaria hasta la aprobación del polémico catálogo. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, Puertos solicitó al TSJC la terminación del proceso por pérdida sobrevenida de objeto (la descatalogación ha quedado derogada de facto), extremo este que los jueces no han estimado, con lo que el proceso sigue vivo. La iniciativa de inconstitucionalidad, explicaron los ecologistas en una nota, ha sido resultado de las consideraciones aportadas por el abogado de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Pedro Fernández Arcila, con las que trata de poner de manifiesto la presunta inconstitucionalidad de la nueva ley.
Ben Magec denunció que esta ley «padece de gravísimos defectos que la hacen ilegal». Por este motivo, desde la federación ecologista, se han abierto diversas vías. La Constitución Española establece que para interponer el recurso de inconstitucionalidad sólo tendrán potestad «el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores …» o un órgano judicial, caso en el que se llama cuestión de inconstitucionalidad, como ocurre en esta ocasión.
En su solicitud ante el alto tribunal de la región, Ben Magec-Ecologistas en Acción presentó toda una serie de argumentos que, a su juicio, «acreditan la más que probable ilegalidad de la nueva norma». Estas habrían servido de base al juez para que plantee al órgano supremo la cuestión de inconstitucionalidad, según aseguraron los ecologistas.
