El secretario general del PSC-PSOE en Tenerife, Ignacio Viciana, ha reconocido que el Partido Socialista se opondrá a la construcción del puerto de Granadilla si para ello hace falta incumplir la ley, y ha considerado “más necesario que nunca” una nueva declaración de impacto ambiental que justifique los costes ambientales del puerto y, ante todo, para qué tipo de actividades es necesario.
En una nota de prensa, Ignacio Viciana recordó que el objeto del proyecto original del puerto de Granadilla era sustituir al de Santa Cruz como puerto comercial de la isla, desde la premisa de que éste último estaba colapsado, cuando la realidad, según el socialista, es que tras las inversiones realizadas en la última década se está ocupando aproximadamente un cuarto de su capacidad (400.000 TEU al año frente al 1,5 millones posibles).
El secretario socialista añadió que tras el desmantelamiento del puerto de Santa Cruz “se escondía una gran operación de especulación urbanística (…) para destinar los espacios públicos y recintos portuarios a nuevos negocios, algunos vinculados al mundo del ocio y de la noche, de manera que los inversores sólo tuvieran que edificar o acondicionar los espacios y pagar un canon anual”.
A juicio de Viciana, “los socialistas tinerfeños hemos apostado siempre por un puerto en Granadilla con un proyecto adecuadamente dimensionado y respetando al máximo la legalidad ambiental, justo lo contrario de lo que han hecho ATI-CC y PP, que han intentado violar por todos los medios esta legalidad ambiental (…) utilizando el poder legislativo del Parlamento de Canarias, con la descatalogación de especies protegidas para dar amparo al proyecto, contraviniendo la normativa medioambiental europea y española”.
Ignacio Viciana ha considerado que CC y PP “demuestran a diario que ni creen ni entienden los mecanismos y las garantías del Estado de Derecho y ahora van a tener que aguantar que el TSJC decida si plantea o no una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley del Parlamento de Canarias”.
En este sentido, advirtió que “lo que está fuera de toda duda es que la suspensión cautelar del inicio de las obras sigue vigente, y resulta incomprensible que la Autoridad Portuaria se coloque con sus continuas iniciativas al margen de las decisiones de los tribunales y del ordenamiento jurídico que todos nos hemos dado”. “Es una actitud irresponsable, que se coloca en un terreno peligroso, y que debería acarrear una sanción ejemplar”, remarcó.
