Vía: www.ecotumismo.org
Javier Tejera
Como muchos sabréis ya, el pasado 19 de mayo se aprobó en el Parlamento de Canarias uno de los mayores atropellos medioambientales que se recuerdan en democracia. El partido pseudonacionalista Coalición Canaria, con el beneplácito del PP, aprobó un nuevo catálogo de especies protegidas en las islas por el que se ha eliminado la protección a226 especies, se ha rebajado el grado de protección a otras 131 y se ha supeditado la protección de otras 94a su ubicación. ¿El motivo para semejante despropósito? Respaldar grandes obras e infraestructuras ahora ‘frenadas’, como el macropuerto industrial de Granadilla en el sur de Tenerife. Pues bien, quedan tan sólo 14 días (concretamente hasta el 9 de septiembre de 2010) para que el Gobierno de España, 50 diputados o 50 senadores, el Defensor del Pueblo o los tribunales puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, según se desprende de la Web www.nodescatalogacion.com. ¿Dónde están los cantos de sirena que lanzaron los diputados socialistas en pro de este recurso que todavía estamos esperando? ¿Van a dejar pasar de brazos cruzados este atentado contra el patrimonio natural de las islas?
La cuestión es que hasta el momento nadie parece haber dado el primer paso y el tiempo pasa… Los socialistas canarios han reconocido que antes de que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero firme un recurso, deberá reunirse previamente una comisión bilateral Canarias-Estado en donde se pondrán sobre la mesa aquellas cuestiones que, a juicio del Ejecutivo nacional, “puedan tener visos de inconstitucionalidad” en la Ley aprobada el pasado 19 de mayo. O lo que es lo mismo, un completo paripé… porque si los representantes del Gobierno canario, es decir, los mismos que han tenidos las luces de aprobar unilateralmente la ley, “subsanan” dichos errores (para ello dispondrían de un plazo de 6 meses en donde llevarán de nuevo al Parlamento canario las enmiendas) la normativa seguirá adelante, aunque ‘retocada’ y sin tener que acudir al Constitucional.
La implicación o no del Diputado del Común o el Defensor del Pueblo también sigue pendiente, si bien los colectivos ecologistas (que parecen ser una vez más los únicos que mueven un dedo) han solicitado también a esta institución que presente un recurso ante el Constitucional. La aprobación del nuevo Catálogo de Especies, junto con su tramitación, ha ido aparejada con la contestación por parte de colectivos ecologistas, científicos y sociales que han insistido en todo momento que esta Ley sólo pretende respaldar grandes obras e infraestructuras ahora ‘frenadas’, como el Puerto de Granadilla (punto de lanza de todo este jaleo). ¿Por qué? Pues por la presencia de algunas de las especies cuya protección se ha visto degradada en este nuevo catálogo, haciendo especial hincapié en este puerto industrial que se vende como el supuesto progreso de Tenerife.
Para el que no lo sepa, Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla, tiene el dudoso honor de ser de las pocas ciudades costeras de España que no está abierta al mar. Para disfrutar de la playa o simplemente tocar el agua, hay que irse al barrio de San Andrés, a 7 kilómetros del casco urbano o al lado de la montaña de Lazareto, antiguo vertedero de residuos de la ciudad. ¿La razón? Pues muy sencilla. Absolutamente todo el frente costero de Santa Cruz es un puerto industrial, excepto una pequeña parte que se destina a tráfico de pasajeros interinsulares y de cruceros. El “desarrollo” económico de la capital, unido a las condiciones geológicas de las islas (cada isla tiene su propia plataforma continental formada por sucesivas erupciones volcánicas a lo largo de la historia, lo que conlleva que a poca distancia de la costa haya muchísima profundidad) hizo que el puerto se fuera construyendo a lo largo de la costa y no en un lugar a lo ancho, adentrándose en el mar. La consecuencia es un estupendo océano de muelles, dársenas, lonjas, tanques de petróleo y sucesivos regalos arquitectónicos para los sentidos de los habitantes de la ciudad.
Pero el colmo de los colmos es que, mientras la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife dice que en el puerto ya no hay más sitio para nada, el aspecto habitual de los muelles es verlos vacíos y muchas de sus dársenas sin movimiento. Si no fuese por los cuatro barcos de tránsito regular de Fred Olsen, Armas y Transmediterránea, la dársena de Anaga por ejemplo no serviría para nada. La imagen desoladora del puerto contrasta con las obras de mantenimiento continuas que se llevan a cabo, que sirven para justificar la construcción de un nuevo puerto en el sur de la isla. ¿Se trata de una infraestructura realmente necesaria o el medio para que los cuatro de siempre hagan una vez más negocio? La cuestión es que a pesar de que el TSJC tiene parada la obra, desde hace años a la altura de lo que sería el puerto y por debajo de la autopista, ya hay naves industriales construidas por algunas de las empresas con más presencia en la isla, entre las que se encuentra, como no, Mercadona. ¿Casualidad? O ponemos el grito en el cielo, o estos mangantes nos la vuelven a colar una vez más… ¡y ya van muchas! La Ley electoral, la RIC (Reserva de Inversiones para Canarias), el Auditorio, el Recinto Ferial, el Tranvía, el anillo insular… ¡y así nos luce el pelo a los canarios!
