Nota de la redacción: Ante una noticia tan importante para el contencioso del puerto de Granadilla que no sale en los medios electrónicos de Canarias 7, sumado con el repugnante olvido de ésta por parte de los medios de intoxicación tinerfeños, transcribimos de manera íntegra el artículo publicado por este medio el día 4 de septiembre en el que se señala el bloqueo de esta infraestructura por parte de las instituciones europeas, el Tribunal de Cuentas y la Dirección General del Mar.
 |
| Gracias al Foro Contra la Incineración de Residuos por la imagen de la página escaneada de Canarias 7 |
REPAROS
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MAR
La Unión Europea ve con «incierto
futuro» el puerto de Granadilla. Las obras en curso, con una inversión de 140
millones de euros, están cuestionadas por el Tribunal de Cuentas y por la
Dirección General del Mar. Tenerife conoce el reparo desde junio, por eso busca
que el nodo de transporte le exima del veto comunitario.
J.S. Múgica / Las Palmas
de Gran Canaria. Canarias 7, Martes 4 de septiembre de 2012.
Tenerife
se asoma un nuevo contencioso con la Unión Europea a cuenta del puerto de
Granadilla, una instalación que no termina de arrancar a pesar de que tiene
obras en ejecución por valor de 140 millones de euros.
Tanto
el Tribunal de Cuentas como la Dirección General del Mar, vetan su continuidad
por «incierto futuro», según fuentes comunitarias consultadas ayer por este
periódico.
Bruselas
considera que Granadilla no cumple con los procedimientos contables exigidos a
infraestructuras que se cofinancian con fondos europeos. El informe del
Tribunal de Cuentes no es aún definitivo, pero todo apunta a que las obras
serán sometidas «a una fuerte revisión» por técnicos de Bruselas a lo largo de
este último trimestre.
La
Autoridad Portuaria de Santa Cruz, presidida por el nacionalista Pedro Rodríguez
Zaragoza, tuvo conocimiento del veto europeo a través de una llamada personal
del director de la Oficina Canaria en Bruselas. José Miguel Luengo, quien a su
vez lo comunicó al alcalde santacrucero, José Bermúdez, y al presidente del
Cabildo, Ricardo Melchior.
Según
fuentes conocedoras del expediente de Granadilla, Rodríguez Zaragoza pidió
consejo a Luengo para desbloquear el contencioso. Tras varias consultas, Luengo
(que no informó de los trámites ni a Presidencia del Gobierno regional ni al
consejero de Economía, Javier González Ortiz), confirmó su pesimismo a las
autoridades tinerfeñas.
Sin
embargo, el director de la sede isleña apercibió a Rodríguez Zaragoza que el
expediente tampoco contaría con el visto bueno de la Dirección General de
Asunto Marítimos, cuya capacidad de «influencia» es «considerable».
Rodríguez
Zaragoza, que ha concentrado toda su gestión en el éxito de Granadilla, imploró
a Luengo para «buscar soluciones urgentes». Hubo reuniones a cuatro bandas para
que durante su visita a Granadilla, en junio, la ministra de Fomento, Ana
Pastor, se comprometiera a incluir al puerto sureño en la Red Transeuropea del
Transporte. Ese día, la ministra avaló aquellas instalaciones que cumplieran
con los requisitos del reglamento.
La
Dirección General de Asuntos Marítimos estaría en descuerdo con el informe de
impacto ambiental que logró Granadilla. De hecho, habría aceptado una petición
de la plataforma No al puerto de
Granadilla sobre el catálogo de especies protegidas al no tramitarlo como
Real Decreto y obviar el trámite de Información y participación pública, «lo
que supone una violación del convenio de Arhus y la directiva 3002/2001
relativo al proceso público de información medioambiental».
Polémica: NO HAY MÁS
ÁRIDOS.
Los problemas le llueven a
Granadilla en plena crisis. Además de los reparos de Bruselas para concluir un
expediente que dura casi 10 años, a la Autoridad Portuaria le faltan 5 millones
de toneladas de áridos para el dique de abrigo, ante la oposición de Aena y el
Ayuntamiento de Granadilla.
LOGRAR EL NODO DESBLOQUEA
EL CONTENCIOSO
El objetivo. A
la Autoridad Portuaria de Tenerife «le va la vida en el Nodo», según fuentes
conocedoras de la negociación de Granadilla. El objetivo de convertirse en sede
de la Red Transeuropea es conseguir que se decaigan los contenciosos con el
Tribunal de Cuentas y con la dirección del Mar.
La repercusión. La
Red es un programa supranacional, con lo cual su rango administrativo quedaría por
encima del reparto contable (salvo delitos) o incluso de protección de especies.
Si fracasa, la repercusión política sería sonada al participar en el consejo del
Puerto, altos cargos del Ejecutivo.
El riesgo. Los
primeros que tendrían que explicar su versión de los hechos, serían los consejeros
de Economía, Javier González Ortiz, y de Presidencia, Francisco Hernández Spínola,
ambos en la Autoridad Portuaria. Otros vocales del consejo son Ricardo Melchior
y José Bermúdez, regidores insular y capitalino.
El Prejuicio. Además
de la gestión y el riesgo político, el bloqueo del puerto de Granadilla, lleva aparejado
el perjuicio directo sobre la regasificadora. La socialista Margarita Ramo, consejera
de Industria, autorizó en junio a Gascan la construcción de la planta en Granadilla.
Los trámites ya empezaron.
