El Gobierno recula con el catálogo de especies, forzado por Bruselas

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Vicente Pérez

La Comisión Europea informó la pasada semana de que ha dado dos meses de plazo para cambiar el catálogo canario de especies por rebajar la protección de forma ilegal a 19 plantas y animales que preserva la Directiva de Hábitats, entre ellas el drago. Pero el Gobierno canario ya temía esta decisión de Bruselas, y por ello desde abril pasado inició el trámite de revisión de la ley 4/2010 que regula este inventario para evitar la denuncia que la CE ha amenazado con presentar.

Así lo reconoció ayer en el Parlamento el consejero de Sostenibilidad, el socialista José Miguel Pérez, quien confirmó que el proyecto legislativo ya ha pasado por la fase de consulta ciudadana y participación institucional (en agosto), que la Viceconsejería de Medio Ambiente ha contestado a las alegaciones y que falta por recabar informes para poder elevar el texto al Consejo de Gobierno y, de ahí, al Parlamento.

Pérez contestó así a preguntas del diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, quien recordó que el PSOE “fue el que en 2010 más enarboló la crítica al catálogo ya que se hizo sin consenso científico”. “Ahora es la Comisión Europea la que constata lo que muchos dijimos entonces, y ahora se promueve su modificación deprisa y corriendo”, comentó el diputado de la oposición, quien reclamó que se haga con consenso científico, a diferencia del inventario que se pretende corregir, al tiempo que recordó que hace dos años Pérez prometió una ley de protección de la naturaleza y la biodiversidad. El consejero replicó que “hay un continuo seguimiento con las autoridades del Ministerio de Exteriores y de la UE” y que para el nuevo catálogo “se ha contado con la comunidad científica y los ciudadanos”.

Sobre este asunto, ayer, el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, afirmó que este aviso de la CE “no va a solucionar el grave problema de desprotección de las especies en Canarias y la única esperanza está en aprobar una nueva ley de biodiversidad”, cuyos trámites de elaboración, dijo, “están paralizados” por la viceconsejera, Guacimara Medina.

Bruselas ha dejado claro su rotundo rechazo a una figura jurídica de la ley canaria 4/2010 que solo preserva un grupo de especies si están en un espacio natural protegido, pero no fuera.

Ben Magec pide una nueva ley de biodiversidad

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Advierten de que el aviso de la Comisión Europea no solucionará el grave problema de desprotrección.

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha advertido de que el aviso de la Comisión Europea acerca del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias no va a solucionar el grave problema de desprotección y ha asegurado que la única esperanza está en aprobar una nueva Ley de Biodiversidad.

El portavoz de la organización, Francisco Castro, ha exigido a la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno canario, Guacimara Medina, que cumpla con una de las promesas electorales del Partido Socialista y que derogue el documento de especies protegidas que fue aprobado por el Parlamento en 2010.

El representante del colectivo ha aclarado en una rueda de prensa que la resolución de la Comisión Europea de Medio Ambiente "no va a solucionar el grave problema de desprotección en el que se encuentran las especies amenazadas de la flora y fauna canaria".

Esta comunicación, ha agregado, "simplemente obliga a proteger las especies recogidas como prioritarias en la Red Natura 2000", que la forman especies y entornos vinculados a las redes europeas.

Castro ha explicado que la advertencia establece que la figura denominada "Especies de interés para los ecosistemas canarios" no ofrece una protección válida, pues "determinadas especies exigen un sistema de protección riguroso, independientemente de su ubicación".

Sin embargo, ha añadido Ben Magec, "lamentablemente la mayoría de la flora y la fauna canaria afectada por el actual catálogo quedará en el mismo estado de desprotección en el que ahora se encuentra, sin más esperanza que la de la aprobación de la nueva Ley de Biodiversidad.

Castro ha recordado que esta nueva legislación, "prometida por el Partido Socialista poco después de hacerse" con las competencias en medioambiente, debe regular también el estado de "indefinición jurídica y emergencia" en el que se encuentra la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que "ha sufrido la desclasificación de numerosos espacios emblemáticos de alto valor ecológico".

El portavoz del colectivo ecologista ha advertido de que todos los trámites iniciados por la Viceconsejería de Medio Ambiente "están paralizados" y que su responsable, Guacimara Medina, ha "incumplido" los plazos indicados a Ben Magec.

"Según los plazos prometidos, a estas alturas ya debería existir un reglamento de participación ciudadana y un borrador de texto legal, y hace dos meses se deberían haber comenzado a reunir las mesas de trabajo para proponer un texto que debería ser sometido a información pública en diciembre, dado que, supuestamente, a principios de 2014 debería entrar al Parlamento", han explicado.

Fran Castro ha indicado que han solicitado una reunión con Guacimara Medina para expresar la "preocupación" del colectivo y conocer las razones de una "inacción", ya que, ha considerado, el Gobierno "parece estar actuando únicamente a golpe de advertencias y denuncias europeas". 

El aviso de Bruselas por el catálogo no afecta al puerto de Granadilla

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Vicente Pérez

La advertencia que ha hecho la Comisión Europea a España para que modifique la ley del catálogo de especies naturales protegidas de Canarias por vulnerar la legislación comunitaria no afectará sin embargo a las obras del puerto de Granadilla, puesto que el reparo europeo se refiere al inventario de flora y fauna que requiere protección, pero no al sebadal como ecosistema.

Así lo explicaron ayer tanto el director del Observatorio Ambiental creado para supervisar la corrección del impacto ambiental de esta obra, el biólogo Antonio Machado, como la portavoz nacional de Greenpeace en materia de Costas, Pilar Marcos, y el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Fran Castro, quienes, sin embargo, coincidieron en criticar las prisas e irregularidades con las que se aprobó en 2010 el nuevo catálogo, que permitió desbloquear la ejecución del este puerto mediante la desprotección de los sebadales.

El Gobierno canario debe ahora aprobar una nueva ley de especies que respete la Directiva sobre Hábitat, pues la Comisión Europea (CE) la considera vulnerada. Y es que se rebaja en Canarias la protección a 19 especies protegidas en dicha directiva a las que sólo se garantiza ya su preservación si están dentro de la red de espacios naturales protegidos, con arreglo a una nueva categoría, inexistente en la legislación europea y estatal, denominada “de interés para los ecosistemas de las Islas Canarias”. “Es decir, no están protegidas fuera de la red, donde por lógica necesitan más protección, en lugar de menos”, enfatiza la CE en el documento sobre su advertencia a España por este motivo.

Sostiene el ejecutivo europeo que, si bien el Gobierno español le ha respondido que el Catálogo Nacional -que sí cumple con la citada directiva- prevalece sobre el canario, la realidad es que “la existencia de dos sistemas de protección superpuestos [el regional y el estatal] se traduce en un marco legal ambiguo e incierto”, y hace que su aplicación sea “poco clara, imprecisa y de efectos impredecibles”. De ahí que dé un plazo a España para que modifique la ley canaria o, de lo contrario, denunciará el caso ante los tribunales de Justicia. Sin embargo, Machado y Castro indicaron que la Viceconsejería de Medio Ambiente tiene preparada desde hace más de un mes una revisión del catálogo, a la que incluso Ben Magec ha presentado alegaciones, aunque ayer ningún cargo de la Consejería autonómica de Sostenibilidad hizo declaraciones al respecto.

El director del Observatorio Ambiental admitió que la ley de 2010 (aprobada en el Parlamento canario con el no del PSC y el sí de CC y PP) se hizo “sin rigor y supeditada a presiones de todos lados”, sin antes cambiar el catálogo nacional y los anexos de la directiva europea, “y eso ha creado un lío, del que va a salir un esperpento”. “Se perdió una gran oportunidad”, apostilló.

Por su parte, la portavoz de Greenpeace dijo que, si bien esa resolución de la CE no parará las obras del puerto, ya avanzadas, le queda “la sensación de algún día la Justicia responderá a esta barbaridad, pues ha habido connivencia política para que prevaleciera la destrucción del medio ambiente”. En esta línea, desde Ben Magec, Fran Castro afirmó que “se ha demostrado que el nuevo catálogo es un disparate, que se hizo deprisa y corriendo para permitir el cambio de categoría de las sebas (que la UE protege en zonas declaradas de especial conservación, no como especie) y hacer este puerto”. “Y aquello que nos rechinó aquí entonces, proteger una especie solo en espacios protegidos, les ha rechinado también ahora en Bruselas”, remachó el ecologista.

WWF exige la retirada del catálogo de especies de Canarias tras la advertencia de la UE

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WWF exige la retirada del catálogo de especies de 2010, redactado por el Gobierno de Canarias “a la medida” de determinados intereses económicos, tras la advertencia de la Comisión Europea de que mejore la protección de las especies de las islas siguiendo la directiva Hábitats.

La organización también exige que se apruebe un nuevo listado de especies en peligro que cumpla la normativa nacional y comunitaria y siga criterios estrictamente científicos.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF presentaron una queja ante la defensora del Pueblo tras la modificación del catálogo de especies amenazadas de Canarias, “y ahora es la propia Comisión Europea quien presiona a España”, informa Adena en una nota.

En esa línea, señala que la ley 4/2010 de Canarias, que regula el inventario de flora y fauna en peligro de las islas, también fue rechazado de manera “contundente” por toda la comunidad científica de Canarias.

El nuevo listado supuso “de golpe” la desprotección de buena parte de la rica biodiversidad canaria ya que se eliminaron del catálogo anterior 227 especies (más del 50% del total), se redujo el grado de protección a 131 especies y subespecies -100 de las cuales estaban incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas-, y se creó una nueva figura de protección para 94 especies, la de ‘interés para los ecosistemas canarios’, que ha motivado la advertencia comunitaria.

Esa figura de protección permitía la destrucción de todos los ejemplares y poblaciones de especies protegidas que se encuentren fuera de algún espacio protegido.

Desproteger los sebadales

“La trampa legal” que vulnera los principios básicos de la Ley de Biodiversidad española, señala, “se concibió con el objetivo claro de desproteger los sebadales, un hábitat de interés prioritario para la Unión Europea, que impedían la construcción del puerto industrial de Granadilla.

La Directiva Hábitats de la UE, una legislación de obligado cumplimiento, garantiza la conservación de las especies amenazadas en todos los estados miembros por encima de intereses locales, regionales o nacionales.

Adena insiste en que la aprobación del nuevo listado permitió el desarrollo de infraestructuras o proyectos con impacto sobre hábitats y especies protegidos por la normativa comunitaria. WWF reclama que se evalúe el daño sobre las especies desprotegidas y que el Gobierno de Canarias asegure que se restauran a su estado original.

La organización recuerda que Canarias ya tiene un “importante historial” de vulneración de las leyes europeas de protección de la naturaleza, y en 2011 España ya fue sancionada por “incumplimiento” de la directiva en Canarias, “pues no se aprobaron ni en tiempo ni en forma los planes de gestión para los espacios de la Red Natura 2000 de las islas”.

Asombro europeo por la desprotección de los “tan conocidos” dragos canarios

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Vicente Pérez

A la Comisión Europea (CE) le llama la atención que en Canarias se haya creado una categoría de protección que sólo salvaguarda una planta o un animal protegido si está en un espacio natural protegido, pero no fuera. Algo que la CE tacha de “paradójico” en el documento en que avisa a España sobre la ilegalidad de la ley canaria del catálogo de especies, contrario a la Directiva de Hábitats.

Pero si una cosa sorprende a Bruselas es que una de las 19 especies que la ley 4/2010 deja en desamparo fuera de espacio protegido sea una tan famosa como el drago. “Todas las especies en esta categoría controvertida son plantas raras,endémicas de Canarias,para muchas de las cuales no hay siquiera nombre inglés común, aunque una es la tan conocida Dracaena drago (drago de las Islas Canarias)”, comenta el ejecutivo de la UE. Al respecto, el biólogo Antonio Machado ve lógica la nueva categoría, porque hay especies que no están amenazadas y, a su juicio, no tiene sentido que su presencia impida actividades o usos en territorio no protegido, pues una planta se trasplanta y “un perenquén es absurdo protegerlo en el jardín de una casa”. Sobre el drago canario, aclaró que “no está amenazado (sí el de Gran Canaria), y se protege por interés etnográfico”. La realidad es que ejemplares transplantados se han dejado morir, como un magnífico drago llevado desde un jardín de Benito Pérez Armas a una rotonda del enlace entre la TF-1 y la TF-5 por Santa Lastenia, en la capital tinerfeña, como ha denunciado el Foro Contra laIncineración.

La Comisión Europea ve ilegal el catálogo canario de especies protegidas

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Vicente Pérez.

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España a cuenta del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias, vigente desde 2010, al señalar que “no cumple lo dispuesto en la Directiva sobre los hábitas”. Por ello, advierte de que si en un plazo de dos meses no modifica la Ley 4/2010 que regula este inventario de flora y fauna en peligro, “el caso puede llevarse ante el Tribunal de Justicia” de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario recuerda que según esta directiva, “determinadas especies exigen un sistema de protección rigurosa, independientemente de su ubicación”, una disposición legal que no se ha respetado en esta ley autonómica, pues “contiene una categoría de especies, de interés para los ecosistemas canarios”, a la que la norma canaria sólo da protección estricta cuando aparecen dentro de los límites de una zona protegida.

Abundando en su argumentación, Bruselas ha informado hoy en una nota de prensa que algunas de las especies incluidas en este catálogo “requieren protección estricta con independencia de su ubicación”.

El asunto lo denunciaron en su día precisamente por estos motivos Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al entender que la referIda categoría de protección en realidad “permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un espacio natural protegido”.

Los ecologistas invocan que “uno de los principios básicos de la Ley de Biodiversidad es la prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística”, y denuncian que se ha vulnerado con el sebadal y otras especies en la costa donde se construye el puerto industrial de Granadilla.

De hecho, estas organizaciones ambientalistas han sostenido que con el nuevo catálogo, “tramitado sin participación pública ni científica”, el Gobierno canario ha perseguido “el objetivo claro de salvar un escollo legal impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a este proyecto por su afección a especies y hábitats amenazados”.

La mitad de los áridos utilizados en el Puerto en 2012 son ilegales

Foro Contra la Incineración de Residuos

Vía: www.laopinion.es

Ylenia Lorenzo.

Las extracciones irregulares continúan y desde enero hasta agosto se obtuvieron 72.800 toneladas sin licencia

Más de la mitad de los áridos utilizados para la construcción del Puerto de Granadilla el año pasado procede de canteras ilegales. En el ejercicio pasado se extrajeron 1.770.585 toneladas de rocas y grava, pero el 58,4% de ese material se obtuvo sin tener la pertinente autorización o porque dicha licencia no se correspondía con las obras que ha llevado a cabo la empresa. Este porcentaje equivale a 1.034.585 toneladas sacadas de forma irregular y, ante las elevadas incidencias, la Dirección General de Industria del Gobierno canario decidió ordenar la paralización en noviembre del año pasado el suministro para el desarrollo del muelle.

El Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) ha continuado con la evaluación de los trabajos y señala que las extracciones ilegales han seguido produciéndose a lo largo de este periodo pese a las advertencias del Ejecutivo autónomo. Desde enero hasta el pasado agosto se obtuvieron un total de 446.890 toneladas de áridos procedentes de 24 canteras de la Isla. Del total, el 12,13% proviene de una práctica irregular, lo que equivale a 72.800 toneladas de roca y grava.

Las parcelas que se han utilizado para obtener este tipo de material han disminuido en una decena, ya que en el pasado año se registraron 34, pero aún quedan cuatro que funcionan sin cumplir con la normativa. La de mayor actividad, según registra el OAG, es la de Callao Salvaje II, que desde enero hasta agosto ha producido 31.650 toneladas, seguida de P. G. D. Arquipo (20.800), Amarilla Golf (13.150) y Casablanca (7.200).

Tres de estas cuatro canteras se han abierto este año. El Observatorio detalla que la única que ha permanecido en activo a pesar de no tener licencia es la de P. G.D. Arquipo, de la que en 2012 se obtuvieron 7.150 toneladas. La de mayor explotación, Callao Salvaje II, comenzó los trabajos en el pasado mes de mayo, por lo que en tan solo un cuatrimestre ha conseguido de forma irregular sus 31.650 toneladas.

Aunque las extracciones ilegales representen por el momento el 12%, aún falta por verificar la procedencia de 54.215 toneladas de material, mientras que el Observatorio asegura que 319.875 se han sacado con el correspondiente permiso.

Estas actuaciones fueron denunciadas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ante el Gobierno autónomo, quien posteriormente decidió ordenar la suspensión de la actividad en noviembre de 2012. La presión que ejerció el Ejecutivo autónomo se materializó en la decisión del Ayuntamiento de Granadilla de precintar la mayor cantera de áridos y rocas de la que se nutría el futuro recinto portuario. Chimiche llegó a producir un total de 356.900 toneladas durante el año pasado, seguida de las de Vilaflor (Chasna y Rayana), con 142.300 toneladas cada una, y la de Las Chafiras M 20, con 111.300. Las cuatro continúan sin actividad en la actualidad.

ATAN no ha sido la única organización que ha denunciado las incidencias detectadas en la construcción del muelle. De hecho, la formación Ben Magec – Ecologistas en Acción presentó un informe el pasado mes de julio en la Comisión Europea de Medio Ambiente en el que denunciaba una "dejación de funciones" del OAG en la "vigilancia y control" de la procedencia de los materiales utilizados en los trabajos.

La organización avisa del "fuerte deterioro" que esta actividad provoca en el territorio, ya que se trata de daños que suelen ser "irreparables", como ha ocurrido en Güímar, donde se llevaron a cabo extracciones agresivas que impiden ahora que el espacio pueda ser recuperado.