Ante la conmoción que ha provocado en la sociedad y en la comunidad científica del archipiélago la toma en consideración por el Pleno del Parlamento de Canarias en la sesión celebrada los días 21 y 22 de octubre de 2009, y la posterior tramitación de la Proposición de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas presentada el día nueve de septiembre de 2009 por el grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), este Comité de Empresa se siente en la necesidad de manifestar lo siguiente:
1º.En primer lugar, ante determinadas informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación, se quiere hacer constar que, como no podía ser de otra manera, los trabajadores y trabajadoras de esta Consejería no han participado ni colaborado en la elaboración de la citada proposición de ley, dado que se trata de una iniciativa parlamentaria de un grupo político determinado, y por tanto, ajena a los servicios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
El Comité de Empresa denuncia que la propuesta de Ley NO se sustenta en los informes y trabajos técnicos del personal de esta Consejería. El personal de la Consejería trabaja para la Administración de la Comunidad Autónoma en la defensa del interés general y NO para partidos políticos.
Éste no es un hecho aislado. Este modus operandi viene siendo habitual en los últimos años y especialmente acentuado en la última legislatura, que transciende en este caso por su proyección mediática. El Comité de Empresa denuncia una constante falta al respeto y a la dignidad de los trabajadores por las presiones políticas para sortear las normas básicas de funcionamiento, que ante su falta de eficacia han derivado en la externalización de los informes y los dictámenes técnicos.
2º.Sin ningún tipo de duda, la actualización y revisión del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias aprobado en el año 2001 (Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias), es una tarea que debe abordarse sin más dilación, teniendo en cuenta el nuevo marco normativo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la mejora del conocimiento sobre la distribución y el estado de conservación de las especies en Canarias.
3º. Tal y como se recoge en la propia página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (www.gobiernodecanarias.org/cmayot), la revisión del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias ha sido abordada en dos ocasiones desde el año 2003, año en el que se publicó la primera orden donde se señalaban criterios para evaluar las especies amenazadas en Canarias (Orden de 25 de septiembre de 2003, por la que se dictan criterios para evaluar las especies amenazadas de Canarias). En el año 2004, se concluyó el estudio del estado de conservación de 366 taxones que fueron evaluados de acuerdo con los principios y criterios que posteriormente fueron recogidos en la Orden de 13 de julio de 2005, por la que se determinan los criterios que han de regir la evaluación de las especies de la flora y fauna silvestres amenazadas, que derogaba la orden de 2003. Esta propuesta técnica nunca llegó a ser aprobada, por lo que se hizo necesario un nuevo ejercicio de evaluación en el año 2009, en el que se han evaluado un total de 302 taxones, utilizando los mismos criterios que en el año 2004 y excluyendo los taxones incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
4º.Un mínimo análisis comparativo entre los procesos de evaluación señalados y el contenido de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), evidencia claramente que ésta última se ha realizado al margen de las propuestas técnicas elaboradas por el personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, dado que no coinciden ni las especies evaluadas, ni los criterios de evaluación ni siquiera las categorías de amenaza empleadas.
El Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, vigente desde al año 2001, contempla 450 especies. La propuesta de Coalición Canaria contemplaría proteger 223 especies, desprotegiendo 227 especies. Frente a la propuesta técnica del personal de la Consejería que proponía descatalogar únicamente 34 especies.
5º.Al pretenderse aprobar la propuesta por Ley del Parlamento de Canarias, se demuestra una torpeza extrema. Convierte la catalogación de especies en algo inmóvil, tanto para catalogar como para descatalogar las especies en función de la evolución natural de las mismas. Ninguna CC.AA. ni el Estado han aprobado catálogos de especies amenazadas vía ley. Siempre han sido mediante instrumentos jurídicos más flexibles como Decretos y órdenes departamentales. De hecho la propia Ley estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad plantea la posibilidad que particulares, ONG y sociedad civil en general insten la catalogación-descatalogación de una especie determinada. Si el Catálogo de C.C. se aprueba por Ley se le está hurtando a la sociedad la posibilidad de participar en los procesos de planificación de la biodiversidad, se vulnera la legislación básica del estado y se pone a la sociedad canaria en una situación de discriminación frente al resto de ciudadanos de otras CC.AA.
6º.Dada la trascendental relevancia de contar con un marco normativo eficaz que garantice la protección y conservación de las especies de la flora y fauna silvestres en un archipiélago como el nuestro que constituye uno de los lugares más relevantes para la biodiversidad dentro de la Unión Europea y a nivel mundial, consideramos oportuno reclamar al Parlamento de Canarias la paralización de la tramitación de dicha Proposición de Ley, recuperando el espíritu con el que se abordó el Catálogo actualmente en vigor, facilitando la participación ciudadana y de la comunidad científica canaria siguiendo las pautas establecidas en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y en la propia Ley 42/2007, de 13 de diciembre, a fin de contar finalmente con un Catálogo con el suficiente rigor científico, jurídico y técnico para abordar con garantías la difícil labor de conservar las especies amenazadas de Canarias.
7º.Por último, deseamos mostrar nuestra profunda preocupación por la quiebra y paralización del modelo de protección del medio natural y de la biodiversidad en Canarias que se ha producido en los últimos años, y que tiene como máximos exponentes, además de la propia propuesta de Catálogo:
- La visión urbanística de la planificación y la gestión de los Espacios Naturales de Canarias, consagrada en la legislación canaria a lo largo de la última década. Un ejemplo, absolutamente paradójico, es que las recientes competencias transferidas del Estado en Parques Nacionales recaen en la Viceconsejería de Ordenación Territorial y no en la de Medio Ambiente, como ha ocurrido en el resto de las CC.AA.
- La desarticulación de la estructura administrativa de la Consejería en la que se ha primado la creación de puestos de confianza y jefaturas, frente a la persistente precariedad de los puestos base del personal técnico y administrativo.
- La involución de los servicios prestados al ciudadano, frente a una corriente de modernización administrativa que postula precisamente lo contrario. Desde hace un año el Viceconsejero de Medio Ambiente (Cándido Padrón Padrón) mantiene cerrado al público el Centro de Documentación Ambiental de Gran Canaria, manteniéndose el otro centro sito en Santa Cruz de Tenerife.
- El incumplimiento de la normativa comunitaria en la implantación de la Red Natura 2000 en Canarias, que ha supuesto la denuncia de la Comunidad Europea ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplir sus obligaciones con la Red Natura 2000 y no garantizar una adecuada conservación de 174 espacios protegidos en el plazo establecido para ello.
Las Palmas de Gran Canaria a de 18 febrero de 2009
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