Vía: Periódico El Diagonal Número 119. 4 de febrero de 2010
El Tren de Alta Velocidad vasco, el Almacén de Residuos Nucleares y el puerto de Granadilla y el nuevo Plan General de Ordenación en Tenerife, tres proyectos de infraestructuras, han abierto el nuevo curso generando un rechazo social a un modelo de desarrollo insostenible y antidemocrático.
El 21 de enero miles de personas se manifestaban entre Hendaia e Irún contra el Tren de Alta Velocidad. Acudieron organizaciones sociales del Estado español, Francia e Italia y elaboraron un Documento Común que exige a la Comisión y al Parlamento Europeo, en su calidad de promotores en la Unión Europea de las políticas de transportes a media y larga distancia, que se abra una reflexión acerca de la insostenibilidad económica y ecológica de las grandes infraestructuras (TAV, autopistas, ampliación de los aeropuertos, superpuertos...) y una revisión a fondo de la estrategia de la Unión Europea en este tema.
En Tenerife, dos manifestaciones contra el Plan General de Ordenación (PGO) reunieron en enero a decenas de miles de personas. Según el manifiesto leído al final de la marcha del 30 de enero, el PGO “desnaturaliza nuestros barrios, urbaniza montañas y barrancos y contamina nuestro escaso campo con industrias químicas”. Estas movilizaciones se suman al importante rechazo social que generan las obras del Puerto comercial de Granadilla. Este puerto, desautorizado por todo tipo de informes técnicos y ambientales, ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El lobby empresarial y político, en un frente común liderado por Coalición Canaria, exige el reinicio de las obras del puerto y se dispone a aprobar un nuevo catálogo en el que rebaja la protección a 300 especies amenazadas, con una falta de rigor científico que deja al descubierto los intereses urbanísticos que lo sostienen.
En enero se han sucedido diversos actos de protestas de vecinas y vecinas que no quieren hipotecar su futuro con la ubicación de un cementerio nuclear en su patio trasero. Viejas plataformas sociales y otras nuevas se han movilizado en los 11 municipios que se postulan como candidatos para albergar el almacén al que irán a parar los residuos nucleares de alta intensidad de todas las centrales del Estado. Las candidaturas han aparecido en la última fase del proceso, muchos de ellos a última hora, evitando así que el vecindario pudiera participar en la decisión. Entre los candidatos hay municipios cuyos alcaldes están en nómina de la industria nuclear como los de Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona). También hay imputados por delitos urbanísticos (el de Zarra, en Valencia).
