Vía: MalPaís
Pedro Millán
Ayer me desperté con la noticia de que el grupo de Coalición Canaria en el Parlamento regional ha incluido 13 enmiendas a su Propuesta de Ley del nuevo Catalogo de Especies Protegidas. Incluso, con posterioridad, he leído que han contado (más o menos…) con las aportaciones de la Comunidad científica y de otros grupos. Como soy un escéptico recalcitrante e intuyo que juegan al despiste en los medios de comunicación, no me faltó tiempo para contactar con una de mis fuentes autorizadas, el profesor Alberto Brito, uno de las cabezas visibles de la oposición científica a la propuesta, para que me aclarará si esto era verdad o fuegos de artificio, es decir, si habían contado con él y otros científicos canarios destacados para mejorar el documento legislativo. Ha sido especialmente contundente, como suele serlo: “el que diga que han contado con la comunidad universitaria para las enmiendas miente“. Bueno, pues blanco y botella, leche. Esto es lo que hay. Si a esto añadimos explicaciones tan “elevadas” como la de José Vicente González, portavoz del Grupo parlamentario de CC e Ingeniero de Montes (uno de los escasos parlamentarios, el único que yo sepa, con preparación en la materia): “lo que no puede pasar es que no se pueda hacer nada en ningún sitio, porque en todos lados hay especies…“. Impresionante, me deja sin palabras…
Recientemente, me causó una profunda desazón el relato que me hacía el mismo Alberto Brito, Catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, de sus reuniones con destacados miembros del Parlamento de Canarias, impulsores de la propuesta de un nuevo Catalogo regional, que ya comentamos en su día, cuando trataba de ponerle ejemplos concretos de los numerosos errores del documento, por acción y omisión. La improvisación, la ignorancia y la chapuza definían conversaciones tales como “repite eso, que lo apunto…”, y se lo decía José Vicente González, el principal ideólogo de la propuesta, (junto al biólogo Antonio Machado, director del observatorio ambiental del Puerto de Granadilla, y hombre con experiencia en la elaboración de leyes ambientales). Si ese es el comportamiento y el grado de conocimiento de nuestros legisladores, los que definen las normas que rigen nuestro sistema de vida, no se me ocurre qué podemos esperar del resto de la sociedad. Más bien poco, la verdad.
Está claro que ésta es una maniobra política, muy poco trabajada -para ser sinceros-, y demasiado escandalosa -su principal defecto- para aclarar el panorama de las grandes infraestructuras canarias. Claro que hasta qué punto vale la pena degradar la función del Parlamento de Canarias para hacerle el trabajo sucio al Gobierno o a terceros, es una pregunta que me imagino no se harán sus Señorías, que se limitan a ocupar un escaño (que han conseguido “al peso”), a apretar un botón y cobrar un generoso sueldo. Si tuvieran pensamiento propio no estarían ahí, como en el resto de los parlamentos españoles, de toda clase y condición. Por ello, supongo que podrían responderme que esto es algo que se hace en las Cortes Generales a diario, y -seguramente- tendré que aceptar que esto es así. Sin embargo, no creo que existan muchos casos en nuestro país de una chapuza legislativa semejante. Y es que elaborar un catalogo de protección de flora y fauna sin contar con ningún experto en las especies que se pretende proteger es como mínimo temerario, y está teniendo la respuesta y el desprestigio que acompaña a los mayores disparates emprendidos por la clase política canaria en los últimos tiempos. Además, según comenta Alberto, se enteran justo en el momento en que se presenta por registro en el Parlamento, como si de un secreto de estado o una conspiración en la sombra se tratara. Tanto secretismo sólo se explica cuando existe mala conciencia entre quienes desarrollan esta iniciativa legislativa sospechosa, que está abocada desde el principio al escarnio de los profesionales y expertos autorizados, así como de la práctica totalidad de los grupos conservacionistas presentes en el Archipiélago.
Puedo llegar comprender que determinados responsables políticos hayan perdido la visión del horizonte con el anhelado Puerto de Granadilla, “la solución definitiva a los problemas de la economía canaria“. Sin embargo deberían tener en cuenta -me atrevo a sugerir- que no están legislando sólo para el Sur de Tenerife, sino para toda Canarias y esta pérdida de perspectiva compromete gravemente la biodiversidad más rica del estado español. Mi posición particular y pública ha sido y es de oposición frontal a la construcción de un puerto en Granadilla, sin embargo puedo llegar a aceptar el sacrificio de este lugar, de los sebadales y hasta de las tortugas descarriadas que pasen por allí, si resulta que nos estamos jugando la supervivencia como especie dominante. En palabras vulgares, si me dan a elegir entre Granadilla y muerte, pues elijo Granadilla, qué le vamos a hacer…
El problema es que la falta de escrúpulos, la hipocresía y los subterfugios legislativos deslegitiman con excesiva claridad lo que puede ser en sí mismo un objetivo legítimo. En una democracia real no vale todo para conseguir lo que queremos, aunque tengas mayoría parlamentaria para sacarlo adelante.
