Vía: www.atan.org
Eustaquio Villalba Moreno
Socio de ATAN
Socio de ATAN
El martes día 28 podíamos leer en toda la prensa de las isla que “El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, ha calificado en un comunicado de “ardid ridículo” la pretensión de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) de paralizar las obras de construcción del Puerto de Granadilla por la existencia de ejemplares de escarabajo. La institución cameral considera que la labor de los grupos ecologistas es fundamental para la protección y conservación de la naturaleza y, desde luego, una apuesta para el bienestar para las generaciones futuras. Sin embargo, no entiende el ofuscamiento que están mostrando algunos de estos colectivos frente a proyectos de desarrollo que son cruciales para Canarias.” Pues vamos a explicárselo sin ningún tipo de ofuscamiento: En primer lugar, parte usted de una creencia que no compartimos al considerar que utilizar las vías del estado derecho son argucias para conseguir fines espúreos (algo similar a poner testaferros para camuflar operaciones bancarias y sortear “obstáculos legales”). No, en ATAN denunciamos cuando la normativa legal que ampara nuestro patrimonio se incumple, es nuestra obligación como defensores de la naturaleza en una sociedad democrática.
Los sebadales afectados por el proyecto de puerto en Granadilla fueron la causa de la paralización de las obras por la justicia. No era, ni es, un ardid inventado por los ecologistas, es la estricta aplicación de las normas aprobadas por nuestros parlamentos.
¿Cómo pretenden resolver este “problema” ambiental y sortear las normas legales? Con un ardid: rebajar su protección en el Catálogo. Hecha la ley, hecha la trampa. Con el escarabajo tendrán que hacer lo mismo al haberlo incluido el gobierno de Canarias en la categoría de peligro de extinción. Es muy sencillo, que el gobierno saque un decreto diciendo que ya no está en peligro de extinción y por tanto no es aplicable lo establecido por las leyes de conservación del patrimonio y la biodiversidad. Con el fin de tener todo previsto, y ante la posible aparición de especies nuevas, sería aconsejable que hicieran una plantilla de este decreto dejando el nombre de la especie en blanco y así no tener que paralizar las obras por unos pocos escarabajos o unos hierbajos.
En segundo lugar, el presidente de la Cámara se atribuye la representación de todos los ciudadanos al confundir sus opiniones con la del resto de la sociedad tinerfeña. Somos muchos (algo constatable en las hemerotecas), los que opinamos lo contrario: que la construcción del puerto supone poner en peligro el bienestar de las actuales y futuras generaciones; es más, pensamos que el modelo económico, la manera de hacer negocios que usted representa, es lo que nos ha llevado a la actual situación de crisis. Señores de la Cámara de Comercio, los que apoyan esta infraestructura son los que tienen que explicar a la ciudadanía porqué se han negado sistemáticamente al debate, y han ocultado, con igual celo, la información a los ciudadanos. Es el caso del gobierno canario que ha sido condenado por negarse a facilitar la información que le pedíamos sobre el puerto de Granadilla y, también, del parlamento autonómico que se negó a aceptar una iniciativa (respaldada por más de cincuenta mil firmas) que solicitaba un debate sobre este proyecto.
Pedir el cumplimiento de la normativa ambiental es tan propio de nuestra organización, como es de la suya la de defender los intereses empresariales, pero no olvide, señor presidente, que los suyos son intereses particulares, no son los del conjunto de la sociedad. Usted mismo lo ha dejado bien claro en el caso de la playa de Las Teresitas donde defiende sus beneficios por encima del interés de los ciudadanos. Y nadie le ha llamado ofuscado por eso, otra cosa, quizás.
Si están tan seguros del masivo apoyo a esta infraestructura ¿porqué no piden los miembros de la Cámara de Comercio un referéndum para saber exactamente cuántos nos oponemos y cuántos están a su favor? O, sencillamente, soliciten al parlamento un debate sobre este tema, pidan que los partidos lo incorporen a sus programas electorales y que no se oculte la información a los ciudadanos. Y, sobre todo, no confundan el hecho de pedir la aplicación de la ley siguiendo los cauces democráticos, con los ardides y argucias propios de su manera de actuar pues, como dice el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición.
Esperemos que los partidarios de la construcción del puerto no estén representados por la línea editorial de El Día, aunque quién las escribe también se autoproclame portavoz de todos los canarios excepto, por supuesto, de los de Gran Canaria. El treinta de septiembre podíamos leer en este periódico: “El tercer motivo de risa que traemos a este comentario merecería estar en la antología de La Codorniz si no fuera por el sufrimiento de un pueblo, el pueblo tinerfeño y el canario, hambriento y sin trabajo. El puerto de Granadilla paralizado por tres escarabajos que encontraron debajo de una piedra. Esto es de locos. Y los falsos ecologistas recibiendo dinero y órdenes de Las Palmas.” Sin más pruebas ni datos que sus obsesiones y su incultura histórica se permite acusarnos de recibir dinero y órdenes de “Las Palmas”. Nos califica de falsos ecologistas, pero no dice que características deben reunir los “buenos”, como no sea el estar siempre de acuerdo con sus esperpénticas opiniones. ATAN se financia con la cuota de sus socios, funcionamos de manera democrática y, por tanto, no recibimos órdenes de nadie. Quién diga lo contrario, miente como lo hace el editorialista de El Día.
Los sebadales afectados por el proyecto de puerto en Granadilla fueron la causa de la paralización de las obras por la justicia. No era, ni es, un ardid inventado por los ecologistas, es la estricta aplicación de las normas aprobadas por nuestros parlamentos.
¿Cómo pretenden resolver este “problema” ambiental y sortear las normas legales? Con un ardid: rebajar su protección en el Catálogo. Hecha la ley, hecha la trampa. Con el escarabajo tendrán que hacer lo mismo al haberlo incluido el gobierno de Canarias en la categoría de peligro de extinción. Es muy sencillo, que el gobierno saque un decreto diciendo que ya no está en peligro de extinción y por tanto no es aplicable lo establecido por las leyes de conservación del patrimonio y la biodiversidad. Con el fin de tener todo previsto, y ante la posible aparición de especies nuevas, sería aconsejable que hicieran una plantilla de este decreto dejando el nombre de la especie en blanco y así no tener que paralizar las obras por unos pocos escarabajos o unos hierbajos.
En segundo lugar, el presidente de la Cámara se atribuye la representación de todos los ciudadanos al confundir sus opiniones con la del resto de la sociedad tinerfeña. Somos muchos (algo constatable en las hemerotecas), los que opinamos lo contrario: que la construcción del puerto supone poner en peligro el bienestar de las actuales y futuras generaciones; es más, pensamos que el modelo económico, la manera de hacer negocios que usted representa, es lo que nos ha llevado a la actual situación de crisis. Señores de la Cámara de Comercio, los que apoyan esta infraestructura son los que tienen que explicar a la ciudadanía porqué se han negado sistemáticamente al debate, y han ocultado, con igual celo, la información a los ciudadanos. Es el caso del gobierno canario que ha sido condenado por negarse a facilitar la información que le pedíamos sobre el puerto de Granadilla y, también, del parlamento autonómico que se negó a aceptar una iniciativa (respaldada por más de cincuenta mil firmas) que solicitaba un debate sobre este proyecto.
Pedir el cumplimiento de la normativa ambiental es tan propio de nuestra organización, como es de la suya la de defender los intereses empresariales, pero no olvide, señor presidente, que los suyos son intereses particulares, no son los del conjunto de la sociedad. Usted mismo lo ha dejado bien claro en el caso de la playa de Las Teresitas donde defiende sus beneficios por encima del interés de los ciudadanos. Y nadie le ha llamado ofuscado por eso, otra cosa, quizás.
Si están tan seguros del masivo apoyo a esta infraestructura ¿porqué no piden los miembros de la Cámara de Comercio un referéndum para saber exactamente cuántos nos oponemos y cuántos están a su favor? O, sencillamente, soliciten al parlamento un debate sobre este tema, pidan que los partidos lo incorporen a sus programas electorales y que no se oculte la información a los ciudadanos. Y, sobre todo, no confundan el hecho de pedir la aplicación de la ley siguiendo los cauces democráticos, con los ardides y argucias propios de su manera de actuar pues, como dice el refrán: cree el ladrón que todos son de su condición.
Esperemos que los partidarios de la construcción del puerto no estén representados por la línea editorial de El Día, aunque quién las escribe también se autoproclame portavoz de todos los canarios excepto, por supuesto, de los de Gran Canaria. El treinta de septiembre podíamos leer en este periódico: “El tercer motivo de risa que traemos a este comentario merecería estar en la antología de La Codorniz si no fuera por el sufrimiento de un pueblo, el pueblo tinerfeño y el canario, hambriento y sin trabajo. El puerto de Granadilla paralizado por tres escarabajos que encontraron debajo de una piedra. Esto es de locos. Y los falsos ecologistas recibiendo dinero y órdenes de Las Palmas.” Sin más pruebas ni datos que sus obsesiones y su incultura histórica se permite acusarnos de recibir dinero y órdenes de “Las Palmas”. Nos califica de falsos ecologistas, pero no dice que características deben reunir los “buenos”, como no sea el estar siempre de acuerdo con sus esperpénticas opiniones. ATAN se financia con la cuota de sus socios, funcionamos de manera democrática y, por tanto, no recibimos órdenes de nadie. Quién diga lo contrario, miente como lo hace el editorialista de El Día.
