Vía: www.eldia.es
ORLANDO GONZÁLEZ, Tenerife.
Domingo Berriel (Puerto del Rosario, Fuerteventura) es el responsable regional de las políticas de agricultura y medio ambiente.
Los fondos para Medio Ambiente experimentan un recorte de casi un 30% en los presupuestos de 2011. ¿Eso se debe a que usted es un buen gestor o a que para el Gobierno regional el medio ambiente no es una prioridad?
Eso es que nos resignamos a la realidad de las cosas, y por tanto priorizamos. El Ejecutivo tiene prioridades: primero los servicios públicos esenciales, y después vienen otro tipo de políticas irrenunciables, como es el medio ambiente. Por eso no lo quitamos de un plumazo, sino que lo ajustamos a lo que tenemos, para echarle esfuerzo, trabajo y dedicación. La reducción aplicada al sector primario fue mucho menor que a las políticas del territorio, porque entendemos que también que este sector aporta al medio ambiente, y, por tanto, es necesario su mantenimiento.
Se siente identificado, pues, con esas cuentas tan críticas por la oposición y por los sindicatos.
Evidentemente. Me identifico, las defiendo y, desde luego, si hubiésemos tenido más recursos, todavía hay prioridades que habría que atenderlas más que cualquier otra del Gobierno. Pero estoy convencido de que tanto el sector primario como el medio ambiente y la política del territorio tienen suficientes recursos para afrontar los objetivos que nos habíamos planteado.
El Gobierno aprobó hace año y medio la Ley de Medidas Urgentes que en el sector turístico no ha producido el efecto deseado. Si el Ejecutivo hubiese aventurado el actual contexto económico, ¿se hubiese aprobado esta ley?
Si hubiésemos tenido la información que tenemos hoy, hubiésemos añadido algunos artículos más, porque todos los añadidos han mitigado y mitigan esta caída. Aunque no se pueden pedir milagros a la norma, como pretende el PSC. La ley estaba pensada para un sector, el turístico, que en el momento de aprobarla tenía cierta capacidad de hacer inversiones, pero que ahora lo está pasando muy mal. Por tanto tan pronto como el sector comience a recuperarse tendrá más necesidad de producir inversiones y la Ley ayudará a que se materialicen.
Y al margen de estos artículos, ¿cuál ha sido el aspecto positivo que más le ha sorprendido en la aplicación de la norma?
La adaptación de los planeamientos fue un caso que se desbloqueó inmediatamente. Esto ha producido que el planeamiento no esté estatalizado, y que, consecuentemente, dé respuesta a la economía de los municipios. También fue una sorpresa, primero negativa, pero que luego se convirtió en positiva, la aplicación del artículo 17.1, que permitía a los dueños de suelos con calificación turística solicitar la desclasificación del terreno a cambio de una indemnización por su cambio de valor. Hubo reclamaciones masivas de inmediato, pero eso nos permitió estudiar concienzudamente una a una y saber el estado en el que están los derechos urbanísticos en nuestra Comunidad Autónoma. La sorpresa ha sido que todas esas reivindicaciones carecían de fundamento al no haberse cumplido la totalidad de las obligaciones urbanísticas que tenían.
Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, ha calificado hace algunos días a los ecologistas como "guerrilleros". ¿Qué porcentaje de culpa considera que han tenido en el retraso de algunas infraestructuras en las Islas?
Respeto también a los "guerrilleros". Lo que sí es verdad es que en el no a las infraestructuras no sólo está una intencionalidad ecológica, que puede ser más entendida, sino que hay grupos verdaderamente organizados donde detrás de eso hay algo más que una mera defensa ecológica. Hay un posicionamiento político del no a todo. En el Sí Se Puede hay un ejemplo claro. Creo que hay posiciones ahí que obedecen no solo a la ideología ecologista, sino también a una oposición a todo aquello que signifique resolver por parte de la Administración problemas concretos. Y en Tenerife se da más que en otro lado, y muchos de los que se ven en esas manifestaciones o firmando demandas ni son ecologistas, ni lo han sido nunca. Muchos de ellos no han tenido ningún problema vital y tienen su vida bastante resuelta. Eso me parece una posición egoísta.
¿Cree que el PSC ha estado detrás de esos ecologistas como oposición soterrada al Gobierno?
Determinados miembros del PSC, sí. Son conocidos. Pero con una contradicción flagrante. Por ejemplo, en el Parlamento de Canarias se aprobó, por unanimidad, declarar de interés general de primer orden el Puerto de Granadilla. El PSC lo apoyó sin ambages, al igual que lo ha hecho en todas las instituciones públicas en las que se ha pronunciado, y en el Estado. Lo que no puede haber después es una actitud contraria, de traspiés, de alentar a esos grupos, apoyarlos y participar en ellos para intentar boicotear la infraestructura. Eso me parece ilógico y cínico.
En la actualidad trabaja en el proyecto de Ley de Armonización en Materia de Protección del Territorio y del Medio Ambiente, y ha manifestado que estaría aprobada antes de que finalice la legislatura. ¿Estaría ahora más cerca el apoyo del PSC o del PP?
Si hubiera el apoyo de uno de los dos grupos sería una norma que sale con un respaldo importante del Parlamento...
Pero no me refiero al número...
Sí bueno, propiciamos que todo este tipo de normas salgan por consenso, ahora si esta condición no se da la obligación del Gobierno es gobernar. Estoy seguro de que si el PSC tuviese mayoría absoluta y tuviese la oportunidad de derogar la Ley de Medidas Urgentes no lo iba a hacer, porque sabe que esa norma tiene cuestiones razonables y buenas.
Precisamente, la citada ley permite la intervención del Ejecutivo en los planes generales municipales. Sin embargo, la Fecam ha criticado esta posibilidad y culpa al excesivo número de leyes que hay sobre el territorio del retraso de algunos planes generales. ¿Justifica el Gobierno el argumento de los ayuntamientos?
Los ayuntamientos se hacen eco de la queja que suelen hacer los equipos redactores de que tienen que atender a muchísimas normas. Es verdad, y hay muchas que, incluso, se podían haber obviado. Pero para eliminar una norma hay que hacerlo con otra, y eso es lo que tratamos de hacer con la Ley de Medidas Urgentes. Ahora bien, la realidad es que no es sólo esa la causa. La realidad es que el planeamiento define, diseña y pone las normas por las que se tiene que regir en el territorio la sociedad, y eso es complejo. Ahí se afectan derechos y deberes de los ciudadanos, y el municipio está entre el ciudadano y el planeamiento. Atender eso es complejo. Otra cosa sería si hubiese gobiernos municipales fuertes, con las ideas claras, cuyo objetivo principal fuera sacar el planeamiento para tener un bien para el futuro, antes que pensar en ganar unas elecciones.
