XV ASAMBLEA FEDERAL Las Palmas de Gran Canaria, 05 y 06 de noviembre de 2010.
Resolución sobre el Anteproyecto de Ley de Armonización en Materia de Protección del Territorio y el Medio Ambiente.
Durante los últimos años, y coincidiendo con el ejercicio de Domingo Berriel al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, se ha consolidado una tendencia vislumbrada desde hace algunos años y que evidencia la intención del Gobierno de Canarias de eliminar cualquier impedimento legal que, buscando proteger el territorio y el medio ambiente, suponga una barrera a la consolidación y desarrollo de un modelo económico neoliberal, antidemocrático, destructor del territorio y de los recursos naturales.
El Anteproyecto de Ley de Armonización en Materia de Protección del Territorio y el Medio Ambiente supone el que, parece, un paso más en los planes de eliminación de las medidas legales con las que antaño se pretendió garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural de Canarias. Estas normas eran el Texto Refundido, la Ley de Directrices y la Moratoria Turística, vulnerada con la conocida Ley de Medidas Urgentes, el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, sustituido por la perversa Ley del Catálogo de Especies Protegidas y ahora por último, la nueva Ley de Armonización, con la que muchos de los instrumentos de control ambiental pierden buena parte de su efectividad y sentido. Resumiendo, el Gobierno de Canarias ha modificado el ordenamiento jurídico para desproteger el territorio, las especies, y ahora por último, los instrumentos de control democrático.
En este sentido, el Anteproyecto de Ley propuesto, entre otras muchas disposiciones, reduce el número de supuestos a someter a Evaluación de Impacto Ambiental, reduce también las posibilidades de acción popular sobre Declaraciones injustas o mal efectuadas, pone en situación de riesgo la necesaria independencia y capacidad técnica de los órganos que deben decidir sobre la Declaración final del Impacto de obras y proyectos, ofrece la potestad decisoria a órganos que operan con criterios de conveniencia política e intereses privados, elimina barreras administrativas no prescindibles que garantizan la aplicación de los medios necesarios para garantizar el buen estado del medio ambiente y rebaja las garantías legales en todo el procedimiento.
Todo ello y más, recogido en un legajo complejo que compendia buena parte de la normativa ambiental, para el que no se ha consultado a los órganos ambientales de la propia administración, ideado una vez más de espaldas a los técnicos de la propia Consejería de la que emana el documento y, además, ofreciendo apenas quince días de participación pública para un texto técnico de tal envergadura, trámite por otra parte ineludible por estar aún garantizado en una Ley de rango superior y en el Convenido de Aarhus.
El Anteproyecto, además de contener la intencionalidad mencionada, constituye un compendio totalmente falto de rigor, plagado de incongruencias, vacíos legales y normas de dudosa aplicabilidad, contra las que la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción se compromete a enfrentarse a través de todas las vías democráticas y legales de las que aún disponemos los colectivos sociales, además de denunciar y dar a conocer a la opinión pública este nuevo atentado a la normativa ambiental, a las herramientas de control democrático y, por lo tanto, al medio ambiente.
